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Un año de Ley Karin, la norma que rompe el silencio de las trabajadoras que sufren acoso laboral en Chile

Ni en sus peores expectativas laborales, Elizabeth habría imaginado que con 48 años tendría que haber abandonado el trabajo de técnica enfermera al que se dedicó durante 24 años por los efectos de una situación prolongada de abuso y acoso laboral.

Elizabeth Vásquez Alarcón trabajaba desde 2015 en el Instituto Nacional de Geriatría de Santiago, en pleno centro de la capital chilena, a cargo de la atención de las personas mayores. Al poco tiempo de pisar ese lugar, “el acoso y las malas palabras de sus pares fue creciendo”, cuenta a Efeminista.

“Me llamaban con sobrenombres, me aislaban, me arrinconaban y golpeaban la pared para amedrentarme”, recuerda. Con el tiempo, “las burlas, humillaciones y ofensas” aumentaron, pero decidió "aguantar" por no arriesgar “la única fuente laboral” con la que mantenía a su nieto, del que se hace cargo.

Cuando decidió hablar y denunciar el acoso a sus jefaturas "hicieron caso omiso de todo y jamás les importó”, relata. Hasta seis reclamos llegó a interponer en vano ante la empresa cuando sufrió uno de los peores episodios que recuerda y que tampoco nunca se investigó: un compañero la golpeó en su cara tres veces consecutivas. “Tuve que aguantar –dice– porque nadie me escuchó ni me protegió”.

Una ley contra el acoso laboral

Hace un año, en Chile entró en vigor la ley que busca prevenir, investigar y denunciar el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, conocida como Ley Karin, en reconocimiento a la también enfermera Karin Salgado, que se suicidó en 2019 en un hospital público como consecuencia de un feroz hostigamiento laboral.

La ley Karin implementó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado por el organismo en 2019 y que por primera vez aborda en el derecho internacional la prevención del acoso y violencia en el trabajo. Chile, que ratificó el convenio en marzo de 2023, “es pionero” en aplicar este acuerdo con una ley específica para ello, explica a Efeminista el abogado Luis Lizama, fundador del Observatorio Ley Karin.

La norma incluye la obligación de los empleadores –privados o públicos– de tener un protocolo de prevención de violencia, establecer canales de denuncia confidenciales y procesos de investigación con plazos definidos, sin sesgos de género ni revictimización. Sobre el papel, es un cambio sustancial respecto a la anterior normativa, que exigía demostrar la reiteración del hostigamiento o agresión, mientras que hoy basta con un único evento para activar la denuncia.

En el primer año de implementación de la norma, hasta junio de 2025, se presentaron más de 44.000 denuncias por acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo, según la Dirección del Trabajo (DT), el servicio público que investiga las denuncias. De éstos, un 42 % (más de 18.000) han sido clasificados como Ley Karin. El 66,4 % de las denuncias han sido interpuestas por mujeres, mientras que en casos de abuso sexual laboral las denunciantes mujeres alcanzan el 90%.

Mujeres, denunciantes mayoritarias

Hay varias razones, según las personas consultadas, por las que las mujeres son las denunciantes mayoritarias. “Para que exista acoso debe existir una asimetría de poder que puede darse en lo económico, las influencias o bien por una diferencia de cargos, realidades que las mujeres hemos vivido históricamente”, señala a Efeminista la fundadora de la Fundación Fuera Acosadores, Scarlett Watson Miranda, quien también fue víctima de acoso laboral reiterado.

Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la Central Unitaria de Trabajadores, la mayor organización de trabajadores de Chile, apunta también a la “precariedad laboral” femenina, clave en un país –dice– en el que las mujeres “no se han insertado totalmente en el mundo del trabajo y existe mucho desempleo”.

Desde la Red Chilena contra la violencia hacia las Mujeres, Nicole Herrera explica que los datos “visibilizan una desigualdad estructural preexistente y reafirman que la violencia laboral no es un hecho aislado, sino la expresión de un sistema que naturaliza el control y abuso en el trabajo”. En su opinión, la ley "por sí sola no resuelve la violencia machista en el trabajo” y requiere transformaciones más profundas –“estructurales, culturales e institucionales"– y la "reparación" a las víctimas.

Palma alerta que como la ley establece la separación entre denunciante y agresor, “generalmente se aparta a las mujeres y las envían a otros puestos de trabajo, dificultando su vida normal y generando un estigma porque la confidencialidad no se cumple”. En el mundo privado –explica– las denunciantes terminan siendo despedidas o renunciando y, en el sector público, "se mezcla la política y entran en juego los círculos de protección".

En el caso de los hombres, Scarlett Watson comenta que “les cuesta más denunciar” por la “carga” del “macho proveedor” y por temor a “ser tachados de poco hombres”.

Un avance que llegó tarde

La ley ha supuesto un avance en derechos laborales y ha instalado el acoso, abuso y violencia laboral en la opinión pública. “La cantidad de denuncias presentadas muestra que era más que necesario tener una legislación para prevenir estos casos”, señala a Efeminista Claudia Salgado, hermana de Karin y principal promotora de la normativa.

Tras su implementación, precisa Salgado, el 93 % de los servicios públicos cuentan con un protocolo de prevención de acoso sexual y laboral, y el 91 % fijó procedimientos de denuncia, investigación y sanción.

Para Elizabeth Vásquez, sin embargo, esta medida llegó tarde. A ella le tocó convivir con su agresor; esconderse por miedo a que la golpeara de nuevo; trabajar en turnos interminables sin recibir ayuda ni tomar agua para evitar ir al baño, porque no alcanzaba. Le negaron las vacaciones que pidió para cuidar a su nieto y la angustia tuvo que soportar llegó al extremo de provocarle un aneurisma cerebral que, en abril de 2024, la dejó “en riesgo vital”.

“Ellos me mataron, me mataron en el hospital geriátrico –repite–; se llevaron todo de mí y me dejaron inservible”.

Elizabeth fue diagnosticada con un estrés postraumático laboral grave y hoy se encuentra en proceso de jubilación por discapacidad, pero ha decidido recurrir a la justicia de la mano de la Fundación Fuera Acosadores, que ha realizado más de 300 asesorías legales a denunciantes.

“Dejar de normalizar la violencia”

Las expectativas ciudadanas de que la ley Karin mejorará el clima laboral y erradicará la violencia y el acoso en el trabajo son altas, hasta más del 73 % en algunas encuestas.

Sin embargo, para los expertos consultados hay aspectos en los que el mecanismo no ha dado respuesta. Para Luis Lizama, faltan recursos económicos y humanos para cumplir con los plazos fijados por la ley, y también espacios “de mediación y conciliación” en las empresas para resolver algunos reclamos sin necesidad de una investigación.

Según la DT, del total denuncias enmarcadas en los criterios de la ley y con fiscalizaciones finalizadas (3.513), se logró constatar acoso, abuso o violencia laboral en un 21,3 % de los casos.

Para Karen Palma, además de la inversión, es necesaria una “nueva institucionalidad” para el sector público “que sea autónoma y que pueda recibir denuncias, tramitarlas y tener sanciones”.

Claudia Salgado, que subraya que la nueva norma “ha servido para dignificar” a su hermana Karin, apuesta por “dejar de normalizar la violencia” en los espacios laborales, algo que, asegura, “se previene” a través de la educación: “Es la única forma de terminar con el círculo de la violencia para generar cambios sustantivos y perdurables en el tiempo”.