ley trans

Colectivos agrupados en Confluencia Trans durante la concentración celebrada en julio de 2020 en la Puerta del Sol, en Madrid, para reclamar una ley estatal. EFE / Victor Lerena.

Termina la consulta pública previa de la ley trans

Madrid | EFE - 17 noviembre, 2020

Este miércoles 18 de noviembre termina la consulta pública del Ministerio de Igualdad previa del futuro anteproyecto de ley de igualdad plena y efectiva de las personas trans, que permitirá el cambio registral de sexo sin necesidad de informe médico o de someterse a tratamiento para cambiar la apariencia física.

El pasado 30 de octubre la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI anunciaba en Twitter que se abría la consulta para recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración del proyecto normativo.

«Una deuda histórica»

La futura ley trans acabará con la patologización de la transexualidad e incluirá la autodeterminación del género.

Para la ministra de Igualdad, Irene Montero, esta ley es «una deuda histórica» que existe con el colectivo trans y que recogerá tanto la reparación de las posibles víctimas de discriminación como el acceso efectivo a derechos que aún se vulneran, explica Montero en una entrevista en RNE.

En el documento de la consulta pública, el Ministerio recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia del Constitucional, el artículo 14 de la Carta Magna garantiza la no discriminación de las personas transexuales, y subraya también que el artículo 9 mandata a los poderes públicos a eliminar los obstáculos para que esa igualdad sea real y efectiva.

Igualdad reconoce que la ley aprobada en 2007 para permitir a las personas trans rectificar su sexo registral sin necesidad de tratamientos quirúrgicos de cirugías genitales fue pionera y supuso «un avance sustancial», pero considera necesario dar un paso más para equiparse a los estándares internacionales.

Despatologizar las identidades trans

Aquella norma, apunta, no permite a los menores solicitar la rectificación registral y exige acreditar «disforia de género» mediante un informe médico o psicológico, además de someterse a tratamiento durante al menos dos años para acomodar las características físicas a las del sexo reclamado, con lo que la transexualidad sigue tratándose como una enfermedad.

La ley, continúa, tampoco ampara el cambio de la mención de sexo y nombre en la tarjeta de residencia y permiso de trabajo a las personas extranjeras con residencia en legal en España.

Defiende así el Ministerio la necesidad de una ley que «despatologice las identidades trans», más aún cuando ocho comunidades ya han legislado en ese sentido, garantizando el derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género no coincidente con el sexo asignado en el momento del nacimiento.