Foto de archivo de tres mujeres recogiendo el reconocimiento del Gobierno a las 53 mujeres víctimas del Patronato de Protección de la Mujer. EFE/ Mariscal
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Supervivientes del Patronato denuncian que las órdenes religiosas incumplen su compromiso de entregar los expedientes
Las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer denuncian que continúan sin recibir sus expedientes completos pese al compromiso público asumido por diversas congregaciones religiosas hace más de un año, el 9 de junio de 2025, para facilitar la documentación a las mujeres que estuvieron internadas como parte de los procesos de verdad, reconocimiento y reparación de las víctimas.
Las denuncias se producen un año después del acto público de reconocimiento y petición de perdón celebrado por la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) en la Fundación Pablo VI, en el que la entidad religiosa reconoció el sufrimiento causado a las internas del Patronato de Protección a la Mujer y expresó su voluntad de honrar la verdad y avanzar hacia la justicia y la reparación.
Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática consultadas por Efeminista han señalado que la subcomisión dedicada a la investigación de los derechos humanos de las supervivientes del Patronato, dentro de la Comisión de la Verdad, ha solicitado información a las entidades y organismos que puedan conservar documentación sobre esta institución.
La portavoz de las supervivientes, Consuelo García del Cid, ha asegurado a Efeminista que, tras meses de reclamaciones e insistencia, las congregaciones únicamente están facilitando "fichas de entrada y salida" sin información sobre los motivos del ingreso, los informes elaborados sobre las internas o las circunstancias de su permanencia en los centros.
Según García del Cid, las congregaciones Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor y Adoratrices han remitido únicamente esa información básica, mientras que las Cruzadas Evangélicas, responsables de varios centros de internamiento, "ni siquiera responden a los correos electrónicos".
Especialmente grave consideran el caso de Misioneras de María Ianua Coeli, responsable del reformatorio de Villalba, en Madrid, uno de los centros que acumula más denuncias y testimonios de antiguas internas, cuyas responsables habrían reconocido que destruyeron la documentación existente.
"Dijeron que compraron una trituradora cuando entró en vigor la normativa de protección de datos y que lo destruyeron todo 'por el bien de las internas'", explica la portavoz.
¿Qué fue el Patronato de Protección a la Mujer?
El Patronato de Protección a la Mujer fue una institución pública dependiente del Ministerio de Justicia que funcionó entre 1941 y 1985. Creada durante el franquismo y mantenida durante la primera década de la democracia, permitió el internamiento de decenas de miles de adolescentes y jóvenes consideradas "caídas", "descarriadas" o "moralmente peligrosas".
Muchas fueron encerradas sin haber cometido delito alguno, sin juicio y sin posibilidad de defensa, por motivos relacionados con su conducta, su sexualidad, conflictos familiares o simplemente por no ajustarse al modelo de mujer impuesto por el nacionalcatolicismo.
Los centros, gestionados en gran medida por congregaciones religiosas mediante convenios con el Estado, fueron escenario de castigos físicos y psicológicos, aislamiento, humillaciones, trabajos forzados, control de la sexualidad y separación de madres e hijos, según han documentado historiadoras y los testimonios de las propias supervivientes.
Consuelo García del Cid, superviviente de esta institución y activista por los derechos de las mujeres, recuerda que el compromiso anunciado en junio de 2025 contemplaba facilitar el acceso a los expedientes personales conservados por las congregaciones, una documentación que considera fundamental para reconstruir su historia y esclarecer las circunstancias de unos internamientos que se produjeron sin delito, sin juicio y por motivos vinculados al control moral y sexual de las jóvenes.

Fotografía de Escuela y Taller (ca. 1960). Foto del archivo de la Junta Provincial de Sevilla del Patronato de Protección a la Mujer
Los compromisos de las congregaciones
En su intervención durante el acto de petición de perdón, el presidente de la CONFER, Jesús Díaz Sariego, aseguró que las congregaciones asumirían "la responsabilidad de colaborar en la búsqueda de la verdad" y de contribuir a que "este capítulo oscuro" de la historia "no caiga en el olvido".
Varias congregaciones religiosas formularon además compromisos concretos con las supervivientes. La superiora provincial de las Adoratrices, Antonia López, aseguró que la congregación renovaba su compromiso de "actuar desde la escucha activa, el respeto a la dignidad y derechos de toda persona" y se comprometió a "escuchar y acompañar a las mujeres que vivieron en estos centros, ofreciendo espacios de diálogo donde su testimonio sea valorado y respetado y promoviendo acciones que contribuyan a su reparación moral y emocional".
López afirmó además que las Adoratrices impulsarían "una revisión histórica y análisis crítico" de su papel en el Patronato y una reflexión en torno a sus archivos para "analizar con objetividad el impacto del Patronato de Protección a la Mujer en nuestra historia".
En la misma línea se pronunciaron otras congregaciones vinculadas históricamente al Patronato, entre ellas las Oblatas y las Terciarias Capuchinas de Nazaret, representadas respectivamente por sus superioras provinciales, Carmen Ortega y Matilde Mena.
"Tenemos derecho a saber qué dijeron de nosotras"
"Es nuestra historia, tenemos derecho a saber qué dijeron de nosotras, aunque fueran mentiras", reivindica García del Cid, quien denuncia que algunos de los pocos documentos entregados contienen informaciones falsas o manipuladas.
Las supervivientes consideran que la negativa a facilitar la documentación constituye un obstáculo para cualquier proceso de verdad, justicia y reparación. "La reparación todavía está en el aire", lamenta García del Cid.
Y critica que algunas de las congregaciones implicadas continúen recibiendo reconocimientos públicos sin que se haya producido una rendición de cuentas sobre su papel en el Patronato. Se refiere a las Adoratrices, distinguidas con el Premio Derechos Humanos Rey de España por su labor con víctimas de trata, un galardón que sigue vigente pese a las denuncias de las antiguas internas.
Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han señalado a Efeminista que la subcomisión específica dedicada a la investigación de los derechos humanos de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, dentro de la Comisión de la Verdad, ha solicitado información a las entidades y organismos que puedan conservar documentación sobre esta institución.
La Comisión de la Verdad, creada el 25 de marzo de 2026, es el órgano previsto en la Ley de Memoria Democrática para esclarecer las vulneraciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Está integrada por personas expertas de los ámbitos jurídico, académico, científico y de los derechos humanos, y debe elaborar un informe con conclusiones y recomendaciones sobre verdad, reparación y garantías de no repetición.
En el marco de sus trabajos, la subcomisión analizará qué archivos se conservan, cuáles no han podido localizarse y qué documentación pudo haber sido destruida.
Cuando se disponga de ese informe y de la información necesaria, se valorará la adopción de las medidas que correspondan, según las fuentes consultadas.