Las empleadas del hogar ya tienen derecho a subsidio por desempleo en España

Tras ser aprobado un nuevo decreto ley en el Consejo de Ministros de este martes, 6 de septiembre, las empleadas del hogar ya tienen derecho a paro en España. Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior la responsable de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha apuntado que “gracias al Gobierno de coalición las mujeres trabajadoras del hogar conquistan los derechos en sentido pleno”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto ley con el que se da derecho a la prestación por desempleo para las empleadas de hogar, que comenzarán a cotizar por ese concepto desde octubre, y se limita la figura del desestimiento, que permitía el despido sin causa.

En un comunicado, Trabajo señala que será obligatorio cotizar por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a partir del 1 de octubre y que estas cotizaciones estarán bonificadas en un 80 % para los empleadores.

La regulación llega después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciase el 5 de septiembre la aprobación del subsidio, poniendo fin así “a una situación absolutamente inaceptable” y cumpliendo también un compromiso de su Gobierno.

El Ejecutivo da así respuesta a la petición que hace años hizo la Organización Mundial del Trabajo (OIT) de reconocer el derecho al desempleo del sector del hogar, una reclamación que su Gobierno se comprometió a hacer realidad durante su mandato.

Los precedentes españoles

En España, más de 500.000 personas se dedican al trabajo doméstico, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística. La mayoría, más del 80 %, son mujeres: se trata de un sector tradicionalmente feminizado en el que al menos 200.000 trabajadoras no están dadas de alta en la Seguridad Social, según estiman desde los sindicatos. Cientos de miles de mujeres que no están en el radar y, por tanto, están sometidas a una mayor inseguridad y precariedad.

Ahora bien, estén o no dadas de alta en la Seguridad Social, en España ninguna de ellas tiene acceso a paro, pese a estar amparadas desde 2011 por un convenio internacional, el 189 de la OIT. El Gobierno y la Tesorería General de la Seguridad Social han explicado tradicionalmente esa exclusión por «peculiaridades» del sector, como la condición de los empleadores, que son hogares particulares y no empresas.

Una situación contra la que las trabajadoras llevan luchando una década y en la que ha terminado interviniendo Europa: el pasado febrero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó que el Estado español discriminaba a las empleadas del hogar al negarles ese derecho.

Fue un fallo histórico que ha impulsado una regulación de los derechos de estas trabajadoras, en situación precaria y de vulnerabilidad: en abril se envió a las Cortes una propuesta de ratificación del convenio y en junio el Congreso de los Diputados apoyó la ratificación del Convenio 189, con 331 votos a favor y una abstención.

La cuestión llegó a la Unión Europea por una denuncia de una trabajadora del hogar en Galicia, Mariana, que hace unos años acudió junto a su empleadora a la Seguridad Social para pedir cotizar por desempleo, algo que la ley vigente, de 2012, no lo permitía en España. Mariana, que enfermó y se vio sin ninguna protección, denunció a la Seguridad Social. El tribunal ha terminado resolviendo a su favor.