Salvadoreñas emergencias obstétricas

Mujeres salvadoreñas marcharon en septiembre de 2021 para exigir políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva y por el derecho al aborto legal y seguro en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

Las salvadoreñas siguen siendo criminalizadas por emergencias obstétricas

Cristina Bazán - EFE | San Salvador - 12 mayo, 2022

Tras siete años de lucha para que ninguna mujer vaya a la cárcel después de sufrir una emergencia obstétrica en El Salvador, este 9 de mayo un juez emitió una nueva condena a 30 años de prisión para «Esme», según ha denunciado la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

«Esta condena es la primera que se produce durante el gobierno de Nayib Bukele, quien había prometido poner fin a la persecución sistemática de mujeres que enfrentan emergencias de salud durante sus embarazos», ha dicho la organización en un comunicado.

Luego de enfrentar una emergencia de salud durante su embarazo, «Esme» no recibió atención médica y el Ministerio Público la acusó de un crimen. La mujer estuvo en prisión preventiva por dos años, durante el proceso judicial, tiempo en el que se separó de su hija de 7 años. Ahora tiene una medida sustitutiva y espera poder defenderse en libertad.

El organismo defensor de derechos humanos en El Salvador ha asegurado que la abogada de «Esme», Karla Vaquerano, sostuvo que el juez «actuó con parcialidad, privilegiando la versión ofrecida por la Fiscalía General de la República, que estuvo cargada de estigmas y estereotipos de género, por lo que se va a apelar la decisión».

Criminalizadas por emergencias obstétricas

Esta es además la primera condena que se dicta en el país luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallara en contra del Estado y lo responsabilizara por la detención, condena y muerte de Manuela, quien sufrió una emergencia obstétrica y falleció mientras cumplía una pena de 30 años.

«Este es un duro golpe en el camino por superar la criminalización de las emergencias obstétricas que, como ya señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben tratarse como problemas de salud pública», ha señalado Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de practicarse un aborto, prohibido en todas las circunstancias. Y se las procesa bajo el cargo de homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.

Recientemente, cuatro mujeres condenadas a altas penas de prisión por supuesto aborto y liberadas en los últimos meses abogaron por la libertad de las salvadoreñas que siguen presas tras sufrir emergencias obstétricas.

En las últimas dos décadas, alrededor de 181 mujeres que experimentaron emergencias obstétricas «fueron procesadas por aborto u homicidio agravado en El Salvador», según cifras de la Agrupación.

Las posibilidades de que en El Salvador se despenalice el aborto en casos específicos, como la violación de niñas o la inviabilidad fuera del útero, son remotas. El presidente Bukele ha manifestado su posición en contra de la medida y la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, no vota medidas que no tengan el visto bueno del mandatario.

El rechazo internacional por la nueva condena

La decisión del juez ha causado rechazo en organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Women’s Equality Center, que ha acompañado de cerca la liberación de varias mujeres y visibilizado el problema bajo la campaña «Nos faltan las 17».

«Esto claramente va en contra de las medidas de no repetición, que son unas de las medidas que la Corte Interamericana estableció en el caso de Manuela. Llevamos mucho tiempo tratando de luchar y a pesar de que las denuncias contra las mujeres han seguido, hemos hecho un esfuerzo muy grande para evitar que los casos lleguen a este nivel», explica a Efeminista la directora ejecutiva del Women’s Equality Center, Paula Ávila-Guillén.

La abogada especialista en derechos humanos cree que esta decisión del juez es un claro ejemplo de que «el Gobierno no está poniendo la suficiente atención» a este tema y no se ha movido rápido para empezar a implementar las órdenes de la Corte. «Claramente no le ha dado el entrenamiento a los jueces sobre la sentencia, no le ha dado el entrenamiento a los fiscales, que son los que al final pueden desistir de la acusación».

«No quisiera creer que sencillamente es un cambio de política, porque las consecuencias serían devastadoras», afirma.

Ávila destaca que se han liberado 64 mujeres desde que comenzaron la lucha y que, de las cuatro que aún quedan en prisión, dos ya tienen un posible camino de salida. «Finalmente estábamos viendo la luz al final del túnel. Ha sido muy difícil, nos tocaba movilizar al mundo entero para liberar a una mujer. No queremos volver a estar en esa rueda del hámster en el que uno da vueltas y vueltas, que era en la que nos sentíamos porque sacábamos a una y nos denunciaban a cinco», lamenta.

Los retrocesos en los derechos de las mujeres

Esta condena, afirma la directora de Women’s Equality Center, es un mensaje para las personas en América Latina y el mundo que no reconocen la persecución de las mujeres que sufren emergencias obstétricas.

«Para todos aquellos que creen que las leyes de aborto jamás van a criminalizar a las mujeres, y que en este tipo de casos en los que una mujer, por una pérdida espontánea de un embarazo o por la pérdida natural de un embarazo, jamás va a ir a la cárcel, que vean que es mentira», agrega.

Pero además, sumado a lo que está sucediendo en Estados Unidos con el tema del aborto, «lo que nos hace es poner atención, pues aunque estábamos celebrando en El Salvador la libertad de las mujeres, parece que nunca podemos dejar un día de luchar porque nuestros derechos no están completamente ganados ni reconocidos».

«Todas tenemos que salir a marchar, porque la única forma en que hemos conquistado cualquier derecho en América Latina, desde Argentina, Colombia, México o como se ha logrado la liberación de las mujeres (en El Salvador), es porque resistimos y tenemos que resistir como nunca», enfatiza.

Y asegura que el intento de ilegalizar derechos de las mujeres, como el del aborto, no es una batalla solo legal «sino es una batalla política». «Aquí no se trata de reducir los abortos porque las leyes que prohíben el aborto no reducen los números de abortos. Existen políticas que sí los reducen, que son políticas de acceso a anticonceptivos, de educación sexual, de acceso a atención post aborto. Y esas no son las políticas por las que están empujando».

«Lo único que quieren es poder controlar nuestros cuerpos, porque saben que si los controlan van a poder controlar nuestro destino. Pero no los vamos a dejar», zanja.