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La productora ADM suspende a su director general, Gustavo Fuentes, tras la imputación por agresión sexual

El grupo audiovisual ADM, empresa participada al 47 % por la Junta de Andalucía, ha acordado la suspensión temporal de su director general, Gustavo Fuentes, después de su imputación por agresión y acoso sexual a una reportera de la productora. La decisión, comunicada el 10 de junio, se mantendrá “hasta que se aclare su situación procesal y sin prejuzgar su presunción de inocencia”, según ha explicado la empresa.

La causa se refiere a una denuncia por acoso sexual presentada por una reportera de la productora. Según la explicación ofrecida por ADM, fue el propio Fuentes quien puso en conocimiento del consejo de administración el pasado 7 de mayo la existencia de esa denuncia, formulada “a título personal” por la empleada, que se encuentra en excedencia. La empresa ha agregado que no constaba “denuncia previa en los canales habilitados por la empresa” para este tipo de situaciones.

Tras conocer la existencia de la denuncia, la productora activó sus protocolos internos. En un primer momento, el consejo acordó otorgar poderes solidarios a la dirección financiera de la empresa para la firma de contratos. Finalmente, y ya conocido el alcance judicial del caso, ADM ha decidido apartar temporalmente a Fuentes de la dirección general.

En su comunicado, la compañía ha expresado además su rechazo a “cualquier forma de acoso, abuso, discriminación o conducta que atente contra la dignidad de las personas”.

La información disponible en los fragmentos consultados no detalla el contenido concreto de los hechos denunciados ni recoge la versión de Gustavo Fuentes sobre la acusación, más allá de que la empresa insiste en la presunción de inocencia y vincula la medida adoptada a la necesidad de esperar a que se aclare su situación procesal.

El caso y su alcance institucional

ADM es presentada en las informaciones consultadas como la principal productora de Canal Sur y como una empresa participada en un 47 % por capital público de la Junta de Andalucía, a través de Sandetel y de la agencia Trade. Ese vínculo con el sector público andaluz ha elevado la dimensión política e institucional del caso.

De acuerdo con la información recogida, el PSOE de Andalucía ha puesto el foco no solo en la imputación de Fuentes, sino también en cuándo fue conocida por las instituciones andaluzas la denuncia y si se activaron o no mecanismos de control y prevención. Los socialistas sostienen que la denuncia se interpuso en enero de este año y preguntan si el Gobierno andaluz o la dirección de Canal Sur conocían esa circunstancia.

En paralelo, la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha convocado con carácter urgente una reunión de su comisión de Igualdad, órgano en el que están representadas tanto la empresa como la plantilla, con el objetivo de “valorar las actuaciones que puedan corresponder conforme a la normativa interna”. Según la información difundida, el protocolo aplicable contempla mecanismos que pueden afectar a empresas externas o proveedores de servicios de la radiotelevisión pública andaluza.

La RTVA ha precisado además que, al no haber existido “denuncia interna alguna” y dado que hay actuaciones judiciales abiertas, el protocolo prevé la “suspensión de la tramitación” mientras continúa el procedimiento en el juzgado, “sin perjuicio de las medidas preventivas temporales que, en su caso, pudieran corresponder”.

La corporación enmarca ese movimiento en una posición de “máxima responsabilidad institucional” y de “compromiso de tolerancia cero frente a cualquier conducta que pueda resultar contraria a los derechos fundamentales, especialmente en materia de igualdad, acoso o violencia”.

Reacciones políticas

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha calificado de “gravísimo” que Gustavo Fuentes haya sido imputado por agresión y acoso sexual a una reportera de la productora. Montero ha asegurado que los hechos conocidos apuntan a que “se conoció denuncias por abusos sexuales, por agresión sexual, presuntamente desde hace tiempo” y ha reclamado esclarecer desde cuándo tenían conocimiento de ellas la Junta de Andalucía y Canal Sur.

Montero se ha preguntado públicamente “por qué los han ocultado, por qué no han dado ningún tipo de indicación” y por qué Fuentes había sido responsable del clúster audiovisual de Andalucía hasta hace solo unos días. También ha reclamado saber “hasta dónde llegan” los hechos, si se han producido investigaciones internas y ha exigido “tomar cartas en el asunto”. Un juicio del dirigente socialista, que esto ocurre en el ámbito de la Junta de Andalucía, resulta “especialmente grave” sin que nadie hubiera hecho antes una valoración pública.

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE andaluz, Olga Manzano, ha exigido el cese “fulminante” de Fuentes y ha pedido explicaciones al presidente andaluz en funciones, Juanma Moreno. El partido ha anunciado que solicitará su comparecencia en el Parlamento andaluz para que aclarare este caso y si lo conoció desde que se interpuso la denuncia, en enero.

Proyección hacia el futuro

Manzano ha formulado varias preguntas sobre el alcance de lo sucedido: si el Gobierno andaluz estaba al corriente, si lo sabía la dirección de Canal Sur, si se dejó pasar casi cinco meses sin activar ningún protocolo ni adoptar medidas y si existen otras mujeres afectadas en la productora. Además, ha reclamado que los representantes de Sandetel en el consejo de administración de ADM convoquen una reunión extraordinaria y urgente con un único punto del orden del día: analizar la situación y proceder al cese del CEO.

El dirigente socialista también ha pedido una “revisión exhaustiva de todos los contratos vigentes con la productora ADM” para comprobar si se han vulnerado las cláusulas sociales exigidas por la Ley de Contratos de la Junta de Andalucía.