Foto de archivo de una manifestación en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en Bogotá (Colombia). EFE/ María José González
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Claves del #YoTeCreoColega, la ola de denuncias de acoso sexual que ha sacudido al periodismo colombiano
Una serie de denuncias públicas de acoso sexual en medios de comunicación colombianos ha desencadenado desde marzo de 2026 una profunda indignación social y ha puesto en evidencia un sistema atravesado por el machismo estructural, la impunidad y el silencio cómplice, lo que ha derivado en respuestas institucionales, investigaciones oficiales y un movimiento masivo de apoyo a las víctimas.
Lo que comenzó con señalamientos concretos contra figuras visibles del sector periodístico derivó en una ola de testimonios que rápidamente trascendió los casos individuales y que han quedado recopilados en un informe con más de 260 relatos de periodistas, practicantes y trabajadoras de medios. Las denuncias ya han tenido consecuencias inmediatas, como la salida del presentador Jorge Alfredo Vargas y el despido del periodista deportivo Ricardo Orrego de Caracol Televisión tras conocerse acusaciones en su contra.
Antes de que estallara públicamente la ola de denuncias en 2026, la Defensoría del Pueblo ya advertía de que el acoso sexual en Colombia tiene un "carácter estructural". Según esa entidad, seis de cada diez mujeres periodistas han sufrido violencia machista en sus espacios laborales.
Este diagnóstico constituyó el telón de fondo sobre el cual emergió, semanas después, un movimiento de denuncia que encontraría eco en redes sociales y redacciones bajo etiquetas como #MeTooColombia y #YoTeCreoColega.
Las primeras denuncias y sus efectos inmediatos
Desde el pasado 20 de marzo comenzaron a difundirse en redes sociales y medios de comunicación testimonios de mujeres periodistas que denunciaban casos de acoso sexual en sus lugares de trabajo.
Las primeras acusaciones, dirigidas contra figuras visibles del sector y hasta el momento intocables, desencadenaron una reacción en cadena: decenas de mujeres empezaron a compartir experiencias similares, muchas de ellas ocurridas años atrás, pero silenciadas por temor a represalias laborales.
En medio de la controversia, más de cien mujeres periodistas firmaron una carta pública en la que denuncian un patrón de silenciamiento frente a las violencias basadas en género en el sector y piden garantías para quienes deciden hablar.
El documento señaló que, tras denunciar, algunas mujeres han enfrentado presiones, amenazas y procesos judiciales, lo que consideran una forma de revictimización.
"Es urgente garantizar condiciones seguras y justicia con enfoque de género para las víctimas que denuncian acoso en el ejercicio periodístico", señalaron las firmantes, entre ellas María Jimena Duzán, Jineth Bedoya Lima y Catalina Ruiz-Navarro.
El caso de Caracol Televisión y RTVC
En el caso de Caracol Televisión, el canal anunció el 24 de marzo la salida del presentador Jorge Alfredo Vargas por mutuo acuerdo y el despido del periodista deportivo Ricardo Orrego, después de que se conocieran denuncias en su contra. La empresa señala que la decisión busca proteger a las personas involucradas y garantizar investigaciones independientes.
Comunicado oficial #2 pic.twitter.com/cwbqaqORm9
— Caracol Televisión (@CaracolTV) March 24, 2026
Ese mismo día, la Fiscalía General de la Nación abre una “iniciativa investigativa” por las denuncias de presunto acoso sexual en medios y habilita un canal oficial para recibir testimonios.
Además, la fiscal general decide modificar la asignación del proceso relacionado con el caso del gerente de RTVC, Hollman Morris, para que sea asumido por una instancia de mayor jerarquía y bajo directrices aplicables a denuncias públicas en contextos de violencias basadas en género.
Días después, el 26 de marzo, Caracol Televisión informó la creación de una comisión independiente para investigar los hechos y evaluar ajustes institucionales. La comisión fue encomendada a Catalina Botero Marino, exrelatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de garantizar que las personas puedan ser escuchadas con respeto y confidencialidad, revisar los protocolos existentes frente a situaciones de acoso y fortalecer los mecanismos internos para asegurar entornos laborales seguros.
'No es hora de callar', un fondo para proteger a las periodistas
El Ministerio de Trabajo inició el 26 de marzo inspecciones a medios de comunicación para verificar condiciones laborales y protocolos de prevención de violencias basadas en género. La primera intervención se realizó en Caracol Televisión y continuó con visitas a RCN, RTVC y otros medios públicos y privados.
Según la cartera laboral, las inspecciones incluyeron verificación documental, revisión de condiciones de seguridad y salud en el trabajo y espacios de diálogo privado con trabajadores.
La finalidad, de acuerdo con la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz, no fue emitir sanciones, sino mejorar los entornos laborales y garantizar el cumplimiento de normas que protejan los derechos de las y los trabajadores, en línea con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el caso de RCN, el Ministerio informó haber recibido denuncias anónimas de presunto acoso sexual y laboral, así como hallazgos relacionados con posibles falencias en las rutas de atención y en los protocolos internos.
El 30 de marzo el Ministerio de Igualdad reglamenta el fondo 'No es hora de callar', orientado a prevenir la violencia de género y fortalecer la protección de mujeres periodistas y comunicadoras. El fondo funcionará como una cuenta adscrita al Ministerio y contará con 500.000 dólares anuales para financiar programas y medidas de prevención, protección y atención integral.
El fondo surge como una medida de reparación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado colombiano en la sentencia del caso de la periodista Jineth Bedoya, y busca brindar apoyo económico, protección y herramientas para que mujeres periodistas y comunicadoras puedan desarrollar su trabajo sin temor a represalias o violencia.
La periodista colombiana, Jineth Bedoya (c), habla durante la presentación del fondo 'No es hora de callar'. EFE/ Carlos Ortega
Inspecciones a RTVC, Caracol Televisión y RCN
El 6 de abril, el Ministerio de Trabajo inspecciona las instalaciones del sistema de medios públicos RTVC, tras denuncias por acoso sexual y laboral. La visita incluye diálogo con trabajadores, revisión de puestos de trabajo y énfasis en pedagogía para la prevención de la violencia laboral. Las denuncias contra RTVC apuntan al gerente Hollman Morris, quien ya había sido denunciado públicamente años atrás.
Un día después, el 7 de abril, el mismo ministerio ordena a Caracol Televisión adoptar acciones urgentes para proteger integralmente a víctimas, denunciantes y testigos, garantizar la no revictimización y no represalia, e iniciar investigaciones internas con enfoque de género. También exige fortalecer los canales de denuncia, implementar medidas de reparación y garantizar la no repetición.
Y el 8 de abril, durante una inspección al canal RCN, el Ministerio de Trabajo recibe denuncias anónimas de presunto acoso sexual y laboral. La entidad reporta hallazgos sobre posibles falencias en rutas de atención, reglamentos internos desactualizados y ausencia de protocolos claros y efectivos frente al acoso sexual.
Fotografía cedida por el Ministerio de Trabajo de Colombia que muestra a la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz (c), durante una visita a las instalaciones del sistema de medios públicos RTVC, en Bogotá (Colombia).
Las redes de apoyo detrás de #MeTooColombia y #YoTeCreoColega
En paralelo a las actuaciones institucionales, periodistas impulsan en redes sociales iniciativas como #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, orientadas a visibilizar casos de acoso y crear redes de apoyo. Como parte de estas acciones, han habilitado el correo electrónico yotecreocolega@gmail.com para recibir testimonios de forma confidencial y recopilar denuncias dentro del sector.
Según las organizadoras, seis periodistas trabajan actualmente en la sistematización de más de 260 correos recibidos, segmentando los casos y articulando apoyo jurídico para las denunciantes con el objetivo de elaborar un informe más amplio sobre las dinámicas de acoso en el periodismo colombiano.
Las impulsoras del movimiento advierten que durante años "depredadores sexuales" se ampararon en el poder de sus cargos y en el silencio institucional, y subrayan que el momento actual representa una oportunidad para transformar las condiciones laborales en el periodismo colombiano.
Un informe con 260 testimonios
La dimensión del fenómeno quedó reflejada el pasado 4 de mayo, cuando el movimiento 'Yo te creo colega' presentó un informe basado en más de 260 testimonios de periodistas, practicantes y trabajadoras de medios de comunicación de todo el país.
El documento, impulsado por las periodistas Juanita Gómez, Paula Bolívar, Laura Palomino, Catalina Botero y Mónica Rodríguez, recoge relatos que abarcan más de dos décadas y describe una "cultura repetida" de abuso de poder, impunidad y silencio dentro del periodismo colombiano.
Según el informe, cerca del 80 % de los casos provienen de medios televisivos, mientras que el resto corresponde a prensa escrita, radio y plataformas digitales.
Los testimonios describen patrones reiterados: acercamientos bajo apariencia de mentoría profesional, insinuaciones sexuales, tocamientos no consentidos, represalias laborales y ausencia de canales efectivos de denuncia.
"Así es él" o "mejor evítalo" son algunas de las frases que, según el informe, se repetían dentro de las redacciones para normalizar comportamientos abusivos de figuras con poder dentro de los medios.
La periodista Juanita Gómez relató un episodio ocurrido en 2015 durante una cobertura en Chile, cuando un colega intentó besarla sin su consentimiento en un ascensor. Por su parte, la periodista deportiva Lina Tobón denunció un beso forzado cuando tenía 17 años y posteriores tocamientos no consentidos por parte de un colega de mayor jerarquía.
El informe advierte que muchos de los presuntos agresores ocupaban cargos directivos o posiciones con capacidad de influir en la carrera profesional de las víctimas, convirtiendo el rechazo en un riesgo laboral.
Además del impacto profesional, el documento señala consecuencias emocionales severas para las víctimas, como ansiedad, estrés y abandono de la profesión.
"El silencio no es consentimiento, es una estrategia de supervivencia", concluye el informe.
