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Fotografía de archivo en la que se registró al expresidente de Perú Alberto Fujimori, durante una audiencia en su contra, en Lima (Perú). EFE/Paul Vallejos

25 años después, se abre proceso penal contra Fujimori por las esterilizaciones forzadas

EFE | Lima - 13 diciembre, 2021

Tras casi tres meses de audiencia, el juez peruano Rafael Martínez decidió este fin de semana abrir un proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori por las más de 1.300 esterilizaciones forzadas a mujeres, en su mayoría pobres e indígenas, cometidas durante su mandato.

Se abre así un nuevo camino en el proceso de las víctimas, que llevan 25 años a la espera de que se juzgue este proceso. Así se ha anunciado en la decimoquinta sesión de la audiencia de lectura de resolución, que comenzó el 14 de setiembre, donde el titular del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional ha desvelado finalmente su fallo.

Un proceso de varias décadas

El juez Martínez ha decidido investigar en sede judicial al expresidente Fujimori, quien estuvo al mando del gobierno peruano entre los años 1990 y 2000, y a sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga (actual congresista del partido fujimorista Fuerza Popular), como autores mediados del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, seguidas de muerte, en un contexto de grave violación de derechos humanos.

Sin embargo, para que se inicie el proceso penal contra Fujimori hay que esperar a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Chile: a ellos les corresponde aceptar la ampliación de los cargos de extradición que aprobaron en 2005, después de que el expresidente fuera detenido en el país vecino.

Mientras tanto, el juez ha ordenado la suspensión del proceso en el caso exclusivo de Fujimori y ha dado un plazo de 120 días para las diligencias del caso.

Un paso más para hacer justicia

En la sesión del sábado, el juez Martínez leyó los más de 1.300 nombres de las mujeres a las que se les practicó ligaduras de trompas en contra de su voluntad, quienes celebraron a través de las redes sociales «este primer gran hito en el camino de justicia para las víctimas».

En anteriores audiencias, el magistrado ya consideró que en las esterilizaciones forzadas hubo responsabilidad de los altos funcionarios involucrados y reiteró que, fruto de estos hechos, se violaron derechos humanos en una estrategia de salud que causó por lo menos cinco muertes.

Entre los nombres estaba el de Mamérita Mestanza, una mujer de 33 años que se sometió presionada a este procedimiento y murió por una infección, convirtiéndose en el rostro más emblemático del caso.

Según la denuncia fiscal, Fujimori sería el máximo responsable por impulsar las esterilizaciones como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad.

El exmandatario, de 83 años, ya cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad como autor mediato del asesinato de 25 personas en las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina.

Más de 2.000 denuncias

Las esterilizaciones forzadas ocurrieron entre 1996 y el año 2000, durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, en el que se incrementó ostensiblemente la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), como se les denominó a las ligaduras de trompas y vasectomías.

Durante ese periodo fueron esterilizadas cerca de 300.000 personas, entre ellas más de 272.000 mujeres y unos 22.000 hombres, según los reportes del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo, pero en la actualidad aún se desconoce cuántas de ellas fueron forzadas.

Por el momento, hay más de 8.000 víctimas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el año 2016.

De entre todas ellas, son unas 2.000 las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa, de las que 1.307 terminaron con lesiones graves. Cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención.

Las denunciantes, en su mayoría mujeres pobres, andinas, indígenas y quechuahablantes, afirman haber sido sometidas a las ligaduras de trompas sin que ellas hubiesen dado su consentimiento, bajo amenazas y coacciones, o sin que ellas fuesen conscientes de la intervención, tras haber solicitado otro procedimiento médico.