Publicada el 28 de julio/Actualizada el 30 de julio
La Policía Nacional investiga los partos en Burgos de unas treinta mujeres brasileñas procedentes de Bélgica y otros países del norte de Europa, varias de las cuales facilitaron los mismos domicilios y acudieron al hospital acompañadas por un mismo hombre, según han confirmado a EFE la Policía Nacional y la Subdelegación del Gobierno en Burgos.
La investigación comenzó después de que la dirección del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) pusiera los hechos en conocimiento de la Policía al detectar un patrón común entre las pacientes, según publicó el Diario de Burgos y han confirmado a EFE la Subdelegación del Gobierno en Burgos y la Policía Nacional.
Según el periódico local, las mujeres habían realizado el seguimiento de sus embarazos en sus países de residencia y llegaban al centro burgalés en las semanas 38, 39 o 40 de gestación para una última revisión o directamente para ser atendidas durante el parto.
Al abrir su historial clínico, el centro sanitario detectó que muchas de ellas aportaban el mismo lugar de residencia en España: un domicilio situado en Medina de Pomar u otro ubicado en Villarcayo, en la comarca burgalesa de Las Merindades.
Acudieron al hospital acompañadas por el mismo hombre
Además, varias de las mujeres acudieron al hospital acompañadas por el mismo hombre, una coincidencia que, junto con la reiteración de los domicilios y la proximidad de los partos, llevó al personal de Ginecología y Obstetricia a informar a la dirección del centro.
El patrón comenzó a detectarse a principios de mayo y, ante la reiteración de los casos, el hospital trasladó la información a los agentes a finales de ese mismo mes.
Desde entonces, el número de mujeres atendidas en circunstancias similares asciende a alrededor de una treintena, aunque las fuentes consultadas precisan que la investigación sigue abierta y que todavía no se ha determinado si todos los casos están relacionados.
El HUBU atiende alrededor de 1.500 partos al año y, como hospital público, presta asistencia obstétrica a todas las pacientes, con independencia de su nacionalidad, procedencia o situación legal.
El PSOE ha solicitado explicaciones a la Junta de Castilla y León
El PSOE en las Cortes de Castilla y León ha solicitado explicaciones a la Junta ante lo que considera "graves indicios de explotación reproductiva", por la investigación abierta por la Policía Nacional.
La viceportavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, ha insistido en declaraciones remitidas a los medios en que la Junta debe dar explicaciones inmediatas "con independencia del procedimiento judicial que deba depurar las responsabilidades penales pertinentes", pues considera que "no puede limitarse a guardar silencio".
Para ello, el PSOE ha registrado preguntas orales dirigidas a la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, como responsable de las políticas de Igualdad, para saber "qué está haciendo para combatir nuevas formas de explotación de las mujeres", ha indicado, ante la posibilidad de que se trate de un caso de explotación reproductiva.
"Las mujeres no son mercancía. La maternidad no es un derecho que pueda ejercerse a cualquier precio. La Junta de Castilla y León no puede limitarse a guardar silencio ante unos hechos tan graves como los que se están investigando. Tiene la obligación política de dar explicaciones y de demostrar que está protegiendo a las mujere", ha insistido.
El PSOE exige a la vicepresidenta que explique qué actuaciones está desarrollando desde las funciones que tiene atribuidas en materia de igualdad, si considera que la explotación reproductiva constituye una forma de violencia y explotación contra las mujeres y qué políticas públicas está impulsando para prevenir estas prácticas y proteger a las mujeres frente a cualquier forma de explotación.
Asimismo, ha pedido a la Consejería de Sanidad que responda sobre qué comprobaciones se realizan antes del alta para garantizar la seguridad de las madres y de los recién nacidos y si se activaron los servicios de trabajo social sanitario u otros recursos asistenciales para valorar la situación de vulnerabilidad de las mujeres atendidas.
También, que facilite información acerca de los protocolos establecidos en situaciones de explotación reproductiva, cómo respondió el sistema sanitario ante los hechos investigados y si considera necesario reforzar los mecanismos de prevención y protección.