Pobreza menstrual América Latina

Fotografía de una campaña de cuidado menstrual el 6 de diciembre de 2022, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Pobreza menstrual en América Latina, cuestión de Derechos Humanos

Carolina Flechas Anzola | Redacción América - 27 diciembre, 2022

Millones de mujeres en América Latina sufren hoy pobreza menstrual y se ven obligadas a recurrir a trapos, periódicos y hasta aserrín durante su período por no tener acceso digno a toallas, tampones o copas menstruales, al tiempo que padecen estigmas derivados de la falta de educación que amplían la brecha de género.

En el mundo hay 300 millones de mujeres y niñas menstruando en un día concreto, según cálculos del Banco Mundial. El precio de un paquete de toallas higiénicas equivale a dos libras de frijoles, un almuerzo común de 3 dólares o un cuaderno, según la ONG Plan Américas.

Expertos, fundaciones y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han pedido que la menstruación sea reconocida como un «problema de salud y derechos humanos» y «no de higiene». Algunos países, como Colombia o México, han dado pasos para eliminar impuestos y desarrollar programas educativos y de acceso a productos.

«Hoy más que nunca necesitamos visibilizar la situación de mujeres y niñas que no cuentan con el acceso y la educación a una higiene menstrual; la comunicación hace la diferencia», explica Hugo González, representante en Perú del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que trabaja para paliar la pobreza menstrual, una realidad que viven miles de mujeres en la región.

La pobreza menstrual en América Latina

A través de campañas como «Menstruación libre de impuestos», Colombia se convirtió en 2018 en el primer país de América en eliminar el impuesto del valor agregado (IVA) del 16 % de los productos de higiene menstrual. Lo mismo hizo después México. Chile, en cambio, gravó estos productos con un 19 %, el segundo más alto de la región, por detrás de Uruguay (22 %).

En 2021 ingresó a la Cámara de Diputados chilena el proyecto de ley Dignidad Menstrual que atribuye al Estado la responsabilidad de asegurar el «acceso a insumos de higiene personal». Sin embargo, el texto permanece desde mayo en el Senado, donde no ha registrado avance alguno.

En Brasil, un proyecto de ley que impulsaba la entrega gratuita de productos sanitarios a cuatro millones de mujeres en situación de vulnerabilidad fue frenado en 2021 por el presidente Jair Bolsonaro.

Y aunque el Congreso levantó el veto en marzo de este año, los recursos para poner en marcha el programa no fueron aportados por el Gobierno hasta el 23 de noviembre pasado, ocho meses después de implementarse la ley, y solo para los meses de noviembre y diciembre.

Apenas 9 de 31 países de la región consideran como productos de primera necesidad los de higiene menstrual, lo que permite que estén sujetos a un IVA reducido, señala el estudio «Impuestos Sexistas en América Latina», de la Fundación Friedrich Ebert.

Educar y no limitar la discusión

En la región, según la OMS, dos de cada cinco niñas faltan a la escuela durante su menstruación, un absentismo potenciado por los estigmas que existen en torno a esta circunstancia.

«Hemos visto mayor receptividad para escuchar y entender que la menstruación es un tema de derechos humanos», señala Carolina Ramírez, psicóloga de Princesas Menstruantes, una ONG creada en 2014 en Medellín (Colombia) que es pionera en educación menstrual de niñas de entre 9 y 15 años en nueve países de América Latina.

A través de esta fundación, explica la educadora a EFE, la educación menstrual se ha convertido en el punto de partida para vencer la pobreza menstrual, promover el autocuidado y no solo centrarse en acceso a la higiene.

«Las niñas faltan a los colegios por los cólicos, el temor a mancharse y la falta de productos», explica tras un estudio realizado entre chicas en edad de estudiar de las localidades colombianas de Medellín y Pasto.

Concientización y sensibilización

En Latinoamérica, la migración se ha convertido en una circunstancia que afecta aún más la vida de las niñas, adolescentes y mujeres, que no tienen acceso a saneamiento adecuado o productos de gestión menstrual.

En Perú, el UNFPA atiende a población migrante refugiada y asesora con nociones de autonomía corporal, autocuidado e higiene con dignidad, apoyándose en brigadas móviles y la ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Así han podido llegar a las mujeres migrantes con «kits de dignidad» y actividades lúdicas en torno a la salud sexual y mental junto a interacciones, servicios y ayuda a población femenina vulnerable.

«Tienen situaciones personales embarazosas, sufren de violencia y acoso, muchas veces están impedidas de socializar», comenta Hugo González, representante del UNFPA, que asiste a 200.000 mujeres en San Juan de Liurigancho, al norte de Perú, donde habitan 1.300.000 migrantes y reparten miles de kits de higiene.

En las comunidades indígenas de Santa María de Nieva, en la Amazonía peruana, el UNFPA también brinda programas educativos y de sensibilización con los hombres, para «la deconstrucción de mitos y tabúes».

«Se le pide permiso al ‘apu’ (jefe) para un proceso de sensibilización, porque en muchas ocasiones, cuando las niñas tienen su primera menstruación, se considera que están listas para un rol reproductivo dentro de la comunidad». Hay que hacerles entender que el periodo menstrual es un asunto biológico, no «la promoción de una maternidad temprana».

Acceso con dignidad

«Llevo nueve años privada de la libertad por narcotráfico y cuando no tengo toallas uso medias, trapos o mi ropa», cuenta una mujer recluida en la cárcel del Buen Pastor, en Bogotá.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en América Latina mujeres y adolescentes representan el 6,3 % de la población carcelaria, con servicios básicos precarios, lo que provoca que tengan su periodo en condiciones difíciles.

La Fundación Retorno a la Libertad en Colombia trabaja en las cárceles para garantizarles una situación más digna. Su coordinadora jurídica, Laura Perdomo, insiste en que el sistema penitenciario debe dotarlas con kits de aseo, pero esto no es constante.

«El Instituto Nacional Penitenciario debe darles mensualmente un paquete de diez toallas higiénicas, pero entregan el kit cada tres meses», lamenta Perdomo, al disponer de dos toallas por mes, cuando necesitan 16.

Según el Inpec, para 2023 se proyecta la entrega de tres paquetes de toallas en el kit de aseo, que será entregado mensualmente.

A través del proyecto Periodo con Orgullo, la fundación pretende entregar toallas reutilizables, además de brindarles acompañamiento jurídico ante la dureza de vivir en una cárcel donde muchas mujeres padecen infecciones urinarias y vaginales.

«El amor propio se cae, tienen tristeza y depresión, sean culpables o no, estas mujeres tienen derechos», enfatiza Perdomo.

La menstruación como un asunto público

«La salud menstrual es parte integral de los derechos a la salud sexual y reproductiva. Es un factor decisivo para la realización de los derechos humanos de las niñas y las mujeres», manifestó durante el 50º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien hasta agosto pasado era la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

Por eso Carolina Ramírez, de Princesas Menstruantes, insiste en que las políticas públicas se enfoquen en el cuidado menstrual. «Siempre son las mujeres las que cuidan a otros, pero no ejercemos el autocuidado», comenta.

«La menstruación es un asunto público y entenderla como algo privado ha sido perjudicial», señala Carla Fernandini de la Fundación Gente de Calle en Santiago de Chile, quien pide entender lo que viven las mujeres en situación de calle.

«En la medida en que una autoridad entienda lo que significa para una mujer o una adolescente no poder ejercer con dignidad un autocuidado, una autonomía corporal» habrá un mejor balance y una mayor igualdad, recalca por su parte Hugo González, del UNFPA.