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El nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género ve la luz en el Congreso

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género ya tiene nuevo dictamen: los grupos parlamentarios han terminado los trabajos de renovación y han dado forma a las más de 460 medidas del nuevo documento, que incluye novedades en violencia vicaria, violencia digital y violencia económica.

La Subcomisión para la renovación y actualización del Pacto de Estado en materia de violencia de género ha ultimado este lunes 10 de febrero el dictamen, con medidas para combatir los distintos tipos de violencia contra las mujeres.

PSOE, PP y Sumar han respaldado el dictamen, que no cuenta con el apoyo de Vox. Algún grupo parlamentario, como Bildu, aún no tiene decidido el sentido del voto por discrepancias con alguna medida, han informado a EFE fuentes parlamentarias.

La violencia económica será delito y otras novedades en el Pacto de Estado

Las principales novedades del documento, cuyo objetivo es reforzar la lucha contra las distintas violencias sobre las mujeres, se centran en la violencia vicaria ejercida contra la infancia, la violencia digital de género y la violencia económica. La trata y la violencia sexual también lo integran.

Así, en violencia vicaria, el pacto aboga por mejoras en la formación de los profesionales que tengan contacto habitual con niños, niñas y adolescentes víctimas; por las reformas necesarias para perfeccionar las redes asistenciales de mujeres con hijos e hijas; y por revisar los protocolos de valoración de riesgo para que tengan en cuenta a las víctimas menores de edad.

El nuevo pacto de Estado incluye la propuesta por primera vez, apuntan las fuentes parlamentarias, al igual que una batería de medidas concretas destinadas a detectar y combatir la violencia económica.

La violencia económica contra la mujer es una de las manifestaciones de la violencia machista, en tanto que es una forma de que el maltratador ejerza control sobre la víctima mediante, por ejemplo, impagos de pensiones alimenticias, privaciones de recursos, prohibiciones de tener empleo, etcétera.

El Convenio de Estambul contempla esta forma de control y sometimiento como tipo específico de violencia machista. Estaba pendiente en España la tipificación como delito.

Especial protección a menores contra la violencia digital

Asimismo, contiene medidas relativas a la educación, la sensibilización o los medios de comunicación, así como de formación. Fuentes parlamentarias precisan a EFE que la perspectiva de infancia está muy presente en el dictamen y que se han reforzado e impulsado numerosas medidas que tienen que ver con la protección tanto de las mujeres como, específicamente, de sus hijos e hijas menores de edad.

En violencia digital, habrá también una protección destacada de los menores.

Las mismas fuentes apuntan que se incluyen "nuevas miradas" sobre víctimas del mundo rural y víctimas con discapacidad, así como medidas para la atención de las víctimas españolas en el extranjero como de las víctimas migrantes en España.

El nuevo Pacto se vertebra en los mismos diez ejes que articularon el dictamen de 2017: sensibilización y prevención, coordinación institucional, asistencia y protección de víctimas, asistencia y protección de menores, formación, conocimiento científico sobre las violencias, recomendaciones a comunidades autónomas y entidades locales, atención a las violencias fuera de la pareja, compromiso económico y evaluación de las medidas.

72 horas para presentar votos particulares

La Subcomisión ha diseñado nuevas medidas y también ha revisado y actualizado las que fueron aprobadas en el Pacto de 2017, algunas de las cuales seguirán estando presentes en el nuevo dictamen. Parte de las medidas incorporadas requerirán de reformas legislativas, incluida la modificación del Código Penal.

Una vez cerrado el documento del dictamen, la Subcomisión ha decidido elevarlo a la Comisión.

Se abre ahora un plazo de 72 horas para la presentación de votos particulares que se debatirán, conjuntamente, con el informe final en la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Una vez aprobado en Comisión tendrá que ser ratificado por el Pleno de la Cámara Baja. La vigencia de este Pacto será de cinco años, como la del anterior.

Dispondrá de 1.500 millones, un 50 % más

Entre las propuestas más destacadas, según las fuentes parlamentarias, el aumento de la dotación económica, que ascenderá a un total de 1.500 millones de euros, un 50 % más.

El incremento del soporte económico del pacto beneficiará especialmente a las administraciones autonómicas y municipales. De acuerdo con las cifras dadas por las fuentes, a las comunidades llegarán 160 millones anuales (un 60 % más) y a los ayuntamientos, 40 millones (un 50 % más).