El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas junto con el experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género, Graeme Reid, han pedido a México reforzar la protección de las mujeres trans en su propuesta de ley general contra el feminicidio y garantizar que las muertes violentas puedan investigarse como posible feminicidios sin determinar previamente la identidad de género de las víctimas, a la vez que han reconocido los esfuerzos del Gobierno mexicano para unificar la legislación sobre feminicidio.
Los especialistas han celebrado la inclusión expresa de las mujeres transgénero en la iniciativa, pero han recomendado precisar que el delito de feminicidio comprende a todas las mujeres y niñas, incluidas las trans.
También han planteado que el futuro protocolo nacional de investigación establezca que no es necesario determinar previamente la identidad de género de una víctima para investigar su muerte violenta como un presunto feminicidio.
La comunicación ha recordado que, en 2025, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó preocupación porque los asesinatos transfóbicos solo estaban específicamente tipificados en Ciudad de México y Nayarit, pero no a nivel nacional.
Protección a trabajadoras sexuales
El grupo de expertos también ha respaldado que la iniciativa contemple penas agravadas cuando la víctima de feminicidio ejerza el trabajo sexual, al considerar que estas mujeres enfrentan condiciones particulares de violencia y discriminación.
Sin embargo, han recomendado que las investigaciones examinen posibles situaciones de trata, explotación, coacción y violencia ejercida por clientes o terceros, sin utilizar la actividad de la víctima para minimizar la gravedad del crimen.
Otra de las observaciones apunta a la responsabilidad de las instituciones públicas cuando sus omisiones contribuyan a que no se prevengan actos de violencia feminicida.
En particular, los especialistas han pedido mecanismos para exigir responsabilidades ante fallas en la atención de denuncias previas, la evaluación de riesgos o la aplicación de medidas de protección.
Asimismo, han valorado la propuesta de establecer protocolos uniformes de investigación y crear registros especializados, incluido uno de niñas, niños y adolescentes que hayan quedado huérfanos por feminicidio.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha destacado las felicitaciones de los expertos por impulsar una "profunda revisión de la legislación sobre el feminicidio desde una perspectiva de derechos humanos".
La Cancillería también ha resaltado el reconocimiento internacional a la protección de las mujeres trans y las trabajadoras sexuales, aunque no ha detallado las recomendaciones adicionales contenidas en la comunicación.
Los especialistas han solicitado al Gobierno mexicano información actualizada sobre el trámite legislativo de la iniciativa y han pedido que sus observaciones sean transmitidas al Congreso para su consideración.
La propuesta busca armonizar la tipificación, investigación y sanción del feminicidio en todo el territorio mexicano, donde actualmente existen diferencias entre las legislaciones de las entidades federativas.
