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Concentración en Asturias contra la violencia machista. EFE

Juristas denuncian que el sistema no cree a las mujeres maltratadas

Redacción - 17 noviembre, 2018

Denunciar al agresor es una tarea titánica para las mujeres maltratadas, no sólo porque depende de él emocional y económicamente, sino porque el sistema policial y judicial falla a la hora de proteger, y hasta de creer, a la víctima de violencia machista, ya que en muchos casos no otorga credibilidad a sus testimonios.

Distintas expertas en el fenómeno de la violencia machista reconocen a Efe que los sistemas de protección tienen fallos clamorosos.

Desde enero, 43 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, 13 de las cuales habían denunciado a sus agresores y de éstas 5 tenían en vigor órdenes de protección.

«Las decisiones judiciales están teniendo fallos clamorosos que tienen que ver con la falta de crédito de los testimonios de las mujeres en el procedimiento judicial. La justicia responde depositando en las propias víctimas toda la responsabilidad de su protección», critica la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto.

Precisamente, el pasado 17 de noviembre, el Congreso aprobó por mayoría absoluta la reforma «urgente y parcial» de la ley del Poder Judicial (1985) para que los jueces tengan mayor formación sobre el maltrato machista y se apliquen las medidas recogidas en el pacto de Estado de Violencia de Género que afectan al ámbito judicial.

Dos niveles de falta de credibilidad

La abogada de Women’s Link International, Gema Fernández, concede que «es obvio que algo está fallando», mientras que la vicepresidenta de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, opina que el hecho de que el 30% de las asesinadas hubiera denunciado y su protección fallara de manera tan grave evidencia que «al terrorismo machista no se le da la importancia que tiene».

Fernández, que pide una «revisión urgente de los juzgados de violencia contra la mujer», destaca que «uno de los problemas más grandes a los que se enfrentan las víctimas cuando denuncian es la falta de credibilidad».

Una falta de credibilidad en dos niveles: policial, una vez se animan a denunciar, porque los sistemas de valoración del riesgo no son los adecuados; y judicial.

«Si la justicia no confía en las mujeres, evidentemente es casi una consecuencia lógica que las mujeres que necesitan protección no se fíen de los dispositivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la propia justicia», asevera Soleto.

En ese sentido, Gonzalo lamenta la «falta completa de sensibilidad por parte de la administración judicial».

Las denuncias, de hecho, están bajando. En el primer trimestre del año, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, el número de denuncias presentadas descendió un 2,3% y entre abril y junio cayeron un 1,4%.

Sin embargo, en esos periodos sí se registraron incrementos de la asignación de las órdenes de protección: un 1% de enero a marzo y un 0,3% en el segundo trimestre.

«Entre las mujeres que están en situaciones de violencia hay un descenso de las denuncias. (…) Las mujeres no denuncian porque los sistemas de protección fallan. Es evidente y ellas lo saben», insisten desde Women’s Link.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, resalta la dificultad que conlleva para la mujer denunciar a un agresor del que en muchas ocasiones dependen emocional y económicamente, que es el padre de sus hijos: «Muchas de ellas no denuncian nunca, la opción que encuentran es separarse o divorciarse y alejarse del maltratador rápidamente y lo más pacíficamente posible para no alterarle».

A esa situación, continúa la experta, hay que añadir la desconfianza en el sistema de protección, que se incrementa con cada noticia de resoluciones inexplicables, con cada nuevo asesinato y con fenómenos como las denuncias cruzadas o la aplicación del síndrome de alienación parental a la hora de fijar custodias.

Desde Themis se alerta de que los fallos del sistema disuaden a las mujeres de denunciar el maltrato.

«Esta situación requiere de muchas cosas, la educación es básica, pero lo más inmediata sería la formación con perspectiva de género de todos los operadores jurídicos», sostiene Gonzalo.

La puesta en marcha de equipos forenses que evalúen el nivel de riesgo al que se ven expuestas las víctimas, que se mejoren los protocolos policiales para determinar ese riesgo y romper con los falsos mitos y los prejuicios son otros de los pasos necesarios para erradicar esta lacra.

Desde 2003, año en que empezaron a registrarse las estadísticas, 971 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Este año, 33 niños han quedado huérfanos por culpa de la violencia machista, tres menores han sido asesinados y otras cuatro muertes de menores se encuentran en investigación.