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La vida prohibida de las mujeres afganas tras cinco años de régimen talibán
El grito "no olvidéis a las mujeres afganas" se ha repetido como un mantra desde que los talibanes recuperaron el poder el 15 de agosto de 2021, pero, cinco años después, el mundo parece haber normalizado el régimen mientras éste las borra, decreto a decreto, de la vida pública y de su propio país. Sin escuela después de los diez años, sin universidad, sin apenas posibilidad de trabajar, sin recibir atención médica, acudir a un parque o hacer oír su voz ante la justicia, Afganistán se ha convertido, de facto, en el único lugar del mundo donde ser mujer parece estar prohibido.
El 15 de agosto de 2021 los talibanes entraron en Kabul y tomaron el control del país. Tras cinco años el balance para la mitad de la población afgana se resume en más de 150 decretos y normativas dictados para restringir, de manera sistemática, los derechos y la vida cotidiana de las mujeres y las niñas, explica durante una entrevista con Efeminista la directora de Fibgar y coordinadora de la iniciativa RAGAA (Rally Against Gender Apartheid in Afghanistan), Alessia Schiavon.
"La consecuencia es que desaparece una parte de la sociedad. Si no puedes acceder a la educación más allá de los diez años, si no puedes trabajar, si para cualquier cosa necesitas el apoyo de un hombre, esa parte de la población desaparece completamente del mapa de la sociedad", asevera Schiavon.
Estos decretos atraviesan la historia de la activista Batol Gholami, que tenía 23 años cuando los talibanes tomaron Kabul. Hoy, desde España, donde se exilió en 2022, dirige IYLA (Afghanistan Youth Leaders Assembly), un proyecto educativo que fundó en 2019 y que hoy sostiene, a distancia, la formación de decenas de jóvenes afganas.
"Muchas de las cosas que antes podía hacer una mujer afgana ya no son posibles bajo este régimen: la libertad, el acceso a la educación, al trabajo, a la vida pública, al gimnasio y muchas otras cosas. Incluso lo que quizá no sea estrictamente necesario, pero forma parte de nuestra vida, ir al parque, reunirte con amigas, con tu familia o con tus compañeras de trabajo", explica Gholami.
"Ahora todo eso está prohibido y las casas de la gente se han convertido en una cárcel, las mujeres y las niñas están dentro de esas casas y no se sienten seguras fuera de ellas", lamenta.
Batol Gholami, activista y creadora de IYLA (Afghanistan Youth Leaders Assembly), durante una entrevista con Efeminista. EFE/Laura de Grado
De borrar a las mujeres afganas a convertir la violencia en ley
Primero llegó la exclusión progresiva del espacio público, laboral y educativo; después, la instauración de la dependencia obligatoria de un tutor masculino para prácticamente cualquier acto de la vida civil; y, más recientemente, la conversión de esa desigualdad extrema en la norma jurídica del país, con la violencia de género o el matrimonio infantil amparada por la propia ley.
La prohibición de que las niñas continúen estudiando más allá de la educación primaria ha dejado fuera de las aulas a unos 3,8 millones de niñas de entre 7 y 18 años, entre ellas más de 2,6 millones de adolescentes.
A ello se suman las restricciones para trabajar, desplazarse sin un familiar varón, entrar en parques, gimnasios y otros espacios públicos, participar en la vida política, la prohibición del sonido de la voz de mujer en público y la imposición del hiyab como obligatorio.
Pero el salto más inquietante para las organizaciones de derechos humanos llegó en enero de 2026 con el Decreto nº 12 , que elimina formalmente la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley y permite que los maridos impongan castigos dentro del hogar, incluida violencia física, ya que la responsabilidad penal solo aparece en determinados supuestos en los que la agresión provoca fracturas o hematomas visibles.
La norma se inserta en un sistema en el que las mujeres ya tenían muy pocas vías para denunciar. Según una consulta nacional realizada por UNAMA, ONU Mujeres y la Organización Internacional para las Migraciones a finales de 2025, solo el 14 % de las afganas tenía acceso a mecanismos formales para resolver disputas o buscar justicia, frente al 53 % de los hombres.
En mayo de 2026, otro decreto profundizó esa desigualdad. El Decreto nº 18 sobre separación de los cónyuges mantiene para los hombres el derecho unilateral al divorcio y da validez legal al matrimonio infantil.
La norma establece que un familiar distinto del padre o el abuelo puede concertar el matrimonio de un niño o una niña menor de edad siempre que considere que existe una pareja "compatible" y una dote adecuada. Aunque permite solicitar la anulación de esas uniones una vez alcanzada la pubertad, esta debe resolverse judicialmente y, en el caso de las niñas, su silencio se interpreta como consentimiento para continuar casadas.
El decreto consolida así una práctica que ya estaba ampliamente extendida. En una encuesta realizada en febrero de 2024 por la iniciativa Bishnaw-Wawra, de la organización afgana DROPS, el 70 % de las 2.799 mujeres consultadas en once provincias aseguró conocer al menos a una niña que había sido forzada a casarse siendo menor de edad. En provincias como Daykundi, Farah y Nangarhar, el porcentaje superaba el 80 %.
Foto de archivo de refugiados afganos que se preparan para regresar a Afganistán, en Kandahar, Afganistán, en noviembre de 2025. EFE/EPA/QUDRATULLAH RAZWAN
Cuando tampoco hay mujeres que puedan curar
Las restricciones impuestas por los talibanes empiezan a comprometer también el acceso de las mujeres a la salud. La segregación entre sexos dificulta que sean atendidas por profesionales varones y las prohibiciones educativas están cerrando la puerta a la formación de nuevas médicas, enfermeras y matronas.
"Cada día estamos viendo cómo disminuye el número de médicas que quedan de la etapa anterior", advierte Gholami.
El relator especial de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, advierte de que esta prohibición ha interrumpido la incorporación de nuevas sanitarias a un sistema que ya sufre una grave escasez de profesionales mujeres y advierte de que, si continúa, provocará "sufrimiento, enfermedades y muertes innecesarias".
Muchas mujeres necesitan estar acompañadas por un mahram -familiar varón- para acudir a una consulta, una exigencia que puede retrasar o directamente impedir la atención. Bennett documenta el caso de una mujer tuvo que dar a luz a las puertas de un hospital en la provincia de Balkh porque no iba acompañada por un tutor masculino y el de otra que no pudo llevar a tiempo a su hijo de cuatro años al hospital porque su mahram estaba ausente y el menor murió antes de recibir atención.
Las consecuencias son especialmente graves en la salud sexual y reproductiva. Según UNFPA, solo una de cada cuatro embarazadas recibe las cuatro o más consultas prenatales recomendadas, mientras que los recortes de financiación y las restricciones al trabajo de las sanitarias obligaron en 2025 a cerrar más de un centenar de centros comunitarios apoyados por la organización en zonas de difícil acceso.
Foto de archivo de familias desplazadas de las provincias del norte se refugian en un parque público de Kabul, Afganistán. EFE/EPA/HEDAYATULLAH AMID
Generaciones perdidas
"No se trata solo de haber perdido durante cinco años la oportunidad de acceder a la educación, sino de que estamos destruyendo una, dos y hasta tres generaciones. Las hemos perdido por completo. No podemos esperar tener pronto una generación formada, porque la nueva generación ha sido completamente adoctrinada", lamenta Gholami.
Si las restricciones continúan, Afganistán podría perder para 2030 hasta 20.000 profesoras y 5.400 trabajadoras sanitarias. Las limitaciones a la educación y al empleo femenino ya cuestan al país, además, unos 84 millones de dólares anuales en producción económica perdida.
Para muchas jóvenes, la única forma de esquivar ese futuro es salir de Afganistán. Gholami conoce bien el precio. Irse, insiste, no es "una oportunidad de lujo", sino una salida forzada para poder cumplir un proyecto de vida que en su país les ha sido prohibido.
"Dejan a su familia por un sueño a muy largo plazo: poder continuar su vida, vivir en paz y con dignidad", explica.
A la presión de estudiar, aprender un idioma o trabajar en otro país se añade la responsabilidad de saber que quienes lograron salir se han convertido, muchas veces, "en la única esperanza" de amigas, hermanas o compañeras que permanecen dentro.
"Mentalmente están sometidas a una presión enorme. Todo el mundo habla de lo físico, de lo que es visible, pero se habla mucho menos de la salud mental", explica desde su propia experiencia como exiliada.
Siete de cada diez mujeres describen actualmente su salud mental como mala o muy mala, según un nuevo informe de ONU Mujeres.
También las alternativas clandestinas o digitales tienen un coste. AYLA mantiene clases y acompaña a estudiantes en la búsqueda de becas, pero una de sus principales dificultades es algo tan básico como conectarse a internet. Gholami explica que un paquete mensual de datos cuesta alrededor de siete dólares por alumna, una cantidad pequeña desde Europa pero inasumible para algunas familias afganas en el contexto actual de crisis humanitaria que atraviesa el país.
"Me duele recibir mensajes de estudiantes diciéndome: 'Ya no tengo internet para poder entrar a clase'", relata.
Todo ocurre, además, en uno de los mayores escenarios de emergencia humanitaria del mundo. Cerca de 21,9 millones de personas, casi la mitad de la población afgana, necesitan algún tipo de asistencia humanitaria, según Naciones Unidas. Más de 10,7 millones de mujeres y niñas.
Refugiadas afganas esperan para recibir raciones donadas por el Gobierno de la India, en Kabul, Afganistán, el 18 de mayo de 2025. EFE/EPA/SAMIULLAH POPAL
El riesgo de normalizar a los talibanes
Cinco años después de la entrada de los talibanes, la preocupación no está únicamente en que ninguna de las grandes prohibiciones haya sido retirada, sino en que el régimen empiece a ser tratado progresivamente como un interlocutor inevitable.
El 23 de junio una delegación talibán viajó a Bruselas y se reunió con representantes de la Comisión Europea y de 15 Estados miembros, en el primer encuentro de este tipo celebrado en territorio comunitario, después de una misión europea a Kabul en enero.
La Unión Europea y sus Estados miembros siguen sin reconocer formalmente al Gobierno talibán y la Comisión defiende que mantener contactos técnicos no equivale a legitimarlo. Pero la coordinadora de RAGAA, Alessia Schiavon, advierte del riesgo de que estos encuentros contribuyan a normalizar al régimen y cuestiona, además, la falta de información pública sobre su contenido.
"Hay un riesgo de normalizar esta situación, de no reconocer lo que está pasando y de que la impunidad siga presente", insiste.
"Esperábamos que el mundo presionara a los talibanes en lugar de negociar con ellos", critica por su parte Gholami, que reconoce que "falta acción real" por parte de la comunidad internacional.
Nombrar esta situación como apartheid de género
En ese escenario, desde RAGAA reclaman que la persecución sistemática de las mujeres por razón de género sea reconocida jurídicamente como apartheid de género, un concepto que todavía no está tipificado como un crimen autónomo en el derecho penal internacional.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional sí contempla como crimen de lesa humanidad la persecución por motivos de género, pero, para Schiavon, esta figura no refleja por completo el carácter estructural y sostenido de lo que ocurre en Afganistán.
Para Schiavon, reconocer el apartheid de género permitiría nombrar y perseguir jurídicamente un sistema que va más allá de una suma de vulneraciones individuales.
"Cuando se nombra un crimen, se reconoce", señala y explica que darle una definición jurídica permite identificar a los responsables, establecer obligaciones y construir mecanismos para prevenir que vuelva a ocurrir.
La posibilidad de reconocer el apartheid de género ha encontrado "una ventana de oportunidad" en las negociaciones abiertas en Naciones Unidas para elaborar una futura Convención sobre la Prevención y el Castigo de los Crímenes de Lesa Humanidad. El primer comité preparatorio se reunió en Nueva York del 19 al 30 de enero de 2026 y está previsto que las negociaciones diplomáticas se desarrollen en 2028 y 2029.
España se ha mostrado favorable a incorporar la perspectiva de género a ese proceso y ha respaldado iniciativas internacionales para reforzar la persecución de los crímenes basados en el género.
Frente a la desesperanza, seguir nombrando
Mientras las negociaciones internacionales avanzan a un ritmo mucho más lento que los decretos talibanes, las mujeres afganas continúan buscando formas de mantener abierta una grieta, ya sea con escuelas clandestinas, clases por internet, organizaciones desde el exilio, redes de apoyo, protestas o testimonios.
"Las mujeres de Afganistán han demostrado al mundo que son muy resistentes y que pueden alzar su voz incluso delante de los talibanes", afirma Gholami, por ello su objetivo desde el exilio es conseguir mantener viva una generación formada que algún día pueda participar en la reconstrucción del país.
Schiavon vuelve, al final de la conversación, al mismo mensaje con el que comenzó este lustro: no olvidar a las mujeres afganas. Pide seguir hablando de ellas, entrevistarlas, apoyar a las organizaciones que trabajan dentro y fuera del país y exigir responsabilidades a los Estados y a la Unión Europea.
"Ellas tienen toda la fuerza, psicológica, interior y de conocimiento para llevar esta lucha. Nosotras apoyamos", explica.
