matrimonio forzado

EFE/Jorge Zapata./Archivo

El matrimonio forzado, una «tradición» en la que la opinión de la mujer no cuenta

Sagrario Ortega | Madrid - 17 agosto, 2021

El matrimonio forzado está tipificados en el Código Civil como un delito de trata de seres humanos, penado con entre 5 y 8 años de cárcel. Pese a que en España no se descubran  muchos -unos tres al año en el ámbito de la Guardia Civil-, aún sigue vigente esta práctica «amparada» por algunas tradiciones que roba la infancia a niñas y las deja marcadas para siempre.

De hecho, y según las estadísticas, esta forma de violencia contra la mujer no ha descendido en España, al menos si se tienen en cuenta las denuncias que llegan a las fuerzas de seguridad.

Incluso, los investigadores no descartan que la «cifra negra» (los casos que no se denuncian) sea más alta de lo que cabría imaginar en un estado de derecho como el nuestro.

En el proyecto de ley orgánica integral de garantía de la libertad sexual, el texto del Gobierno del «solo sí es sí», el matrimonio forzado aparece recogido como violencia machista.

Y es que el Ministerio de Igualdad, promotor de la iniciativa que ya ha pasado el trámite del Consejo de Ministros, quiere que se califique así esa práctica, como también la agresión sexual, la trata con fines de explotación sexual, el acoso con connotación sexual, la extorsión sexual, la pornografía no consentida, el feminicidio sexual y la mutilación genital femenina, amén de la violencia de género.

Ni infancia ni libertad

Como explica a Efe el jefe de la sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil, Vicente Calvo, el matrimonio forzado no es más que otra forma de trata a niñas víctimas de su propio entorno familiar y una muestra más de la «superioridad» que quieren ejercer padres y futuros maridos sobre la mujer.

Para Calvo, se trata de un delito «muy grave» en el que se somete generalmente a una niña, a la que no dejan disfrutar de su infancia y a la que cortan su libertad para elegir. Eso, apostilla este agente, la marcará para siempre.

Lejos de reducirse, los casos que han salido a la luz se mantienen. Desde 2016, la cifra de los conocidos por la Guardia Civil se sitúa en una media de tres al año, y entre tres y siete detenidos en cada operación.

Amparados en tradiciones muy antiguas de sus respectivas culturas, padres de origen rumano, búlgaro, marroquí o paquistaní fuerzan a sus hijas menores a casarse por unos ritos ancestrales que, a veces, les reporta un dinero que ronda los 3.000 euros.

Es la dote que aún pervive en esas culturas y que los padres del novio deben aportar a los de la novia. A veces, el pago es en especie, como productos alimenticios o animales.

La dificultad para detectar este delito

Dice Calvo que lo más complicado para la investigación del matrimonio forzado es la propia detección. Aquí juegan un papel esencial los servicios sociales y, sobre todo, los profesores, en el caso, claro, de que las niñas acudan al colegio.

Algunos síntomas puedan dar pistas, como que empiecen a faltar a clase, que se muestren cohibidas… Es entonces cuando deben poner sus sospechas en conocimiento de las fuerzas de seguridad.

No es habitual que sean las propias víctimas las que denuncien, pero también ocurre, como se puso de manifiesto recientemente en una operación de la Guardia Civil que acabó con tres detenidos: la madre de la niña a la que querían casar y los padres del «novio».

Fue en la localidad sevillana de Villaverde del Río. Dos familias se habían puesto de acuerdo para que la hija de una de ellas, por supuesto menor, se casara en Zamora con un chico también menor.

Pero la niña, de nacionalidad rumana, se puso en contacto por una aplicación telefónica con la que había sido su profesora, a la que contó su situación.

La profesora avisó a la Guardia Civil del plan de matrimonio forzado y organizaron la huida de la casa. Acordaron una hora y entre las cuatro y las cinco de la madrugada la chica salió de la casa y fue trasladada a un centro de protección de menores.

Coacciones y abusos

También recientemente, una menor paquistaní pidió a un amigo que avisara al 091 de que estaba retenida desde hacía un mes en Valencia contra su voluntad por su propio progenitor, que quería casarla con un joven de esa nacionalidad al que no conocía.

La Policía Nacional escuchó el testimonio de la víctima, que relató que había conocido a un chico con el que empezó una relación de amistad, pero su padre insistía en casarla con el chico que él mismo había elegido. Si no aceptaba, la mandaría a vivir a Pakistán con una familiar. Su progenitor fue detenido.

«Amparados» en la tradición

Dos matrimonios de nacionalidad rumana fueron investigados por la Justicia y la Guardia Civil en Almuñécar (Granada) por acordar el casamiento de sus respectivas hijas, de 15 y 13 años, en contra de su voluntad.

Una decisión que, según contaron al juez, formaba parte de una tradición en su cultura.

En ello se escudan los padres cuando son detenidos, señala Calvo. Y es que en su esquema mental de una sociedad machista, esas razones pesan más que las económicas (la dote) a la hora de «contratar» esos matrimonios.

Estrés e intento de suicidio

«Tradiciones» en las que la opinión de la mujer no cuenta. Y que, además, pueden causar un estrés traumático en las víctimas, como le ocurrió a una menor de Alicante de 17 años a la que querían casar en Marruecos con un hombre de 37 años. Su padre y su hermano fueron detenidos.

Desde la adolescencia, la menor, nacida en España, sufrió coacciones y malos tratos, fue obligada por su familia a utilizar el velo islámico y a dejar sus estudios para casarla en una localidad marroquí de la que eran originarios sus padres, donde ella debía vivir tras la boda.

Un amigo se puso en contacto con la Guardia Civil para denunciar el caso, pero contactar con ella no fue fácil porque estaba muy controlada por su padres, que además le revisaban continuamente el teléfono móvil hasta que llegaron a prohibirle usarlo.

No podía salir de casa sin ir acompañada y le habían prohibido ir al instituto desde hacía meses. Esta situación generó tanto estrés en la menor que intentó suicidarse.

Algunos padres, dice Calvo, se arrepienten de lo que han hecho, pero la mayoría se amparan en una tradición que quieren mantener a toda costa.

Seguramente habrá más casos que no afloren. Porque habrá niñas que por el nomadismo de sus padres no vayan al colegio ni tengan acceso a las redes sociales. Por tanto, menos posibilidades de denunciar. Puede ser también otro de los motivos que engorda la «cifra negra» de este delito.