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Libre hasta las 14 semanas, gratuito y desde los 16 años: así se regula el aborto en España

En España el acceso al aborto es gratuito, desde los 16 años y libre hasta las 14 semanas de gestación (límite ampliable hasta la semana 22 por motivos de salud), unas pautas reconocidas en la ley del aborto de 2010 y ampliadas con la reforma aprobada en 2023.

A partir de la semana 22, la mujer puede solicitar la interrupción del embarazo si el feto tiene una enfermedad extremadamente grave o anomalía incompatible con la vida.

Para llevarlo a cabo será necesario contar con un dictamen médico que confirme estas patologías y la severidad de las mismas elaborado por un comité clínico, del que la paciente puede elegir uno de los miembros y no puede formar parte ningún médico objetor de conciencia.

Las menores de 16 años necesitan la autorización expresa de uno de sus tutores legales para poder abortar, aunque en caso de no lograrla existe la posibilidad de lograr una autorización por procedimiento judicial.

Los métodos disponibles son el farmacológico y el instrumental o quirúrgico (aunque no requiere cirugía como tal), y la mujer tiene derecho a recibir información sobre ambos y a decidir libremente cuál utilizar, siempre que no haya una razón médica que lo desaconseje.

La ley permite que en caso de interrupción del embarazo -voluntario o espontáneo- se pueda solicitar la baja médica. El permiso del primer día es retribuido con el salario íntegro y a cargo de la empresa, mientras que a partir del segundo día la retribución será del 60 % y correrá a cargo de la Seguridad Social.

Recorrido histórico por la ley del aborto

Tras un pequeño oasis en el que Cataluña legalizó el aborto durante la Segunda República en 1937, la interrupción voluntaria del embarazo no volvió a ser posible legalmente en España hasta 1985, año en el que el gobierno socialista de Felipe González aprobó la despenalización bajo tres supuestos: violación, malformaciones física o psíquicas del feto, o riesgo grave para la salud física o mental de la madre.

En 2010, tras 20 años de despenalización marcados por la persecución judicial de clínicas como Dator, Acuario o Isadora, otro ejecutivo socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó el aborto libre con una norma conocida como "ley de plazos".

Desde entonces, durante las 14 primeras semanas de gestación las españolas que desean interrumpir su embarazo pueden hacerlo sin necesidad de justificar sus razones, y entra la semana 14 y la 22 por motivos de salud materna o del feto.

Foto de una marcha por el centro de Madrid con motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto y la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la mujer. EFE/ David Fernández

En 2014, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, trató de sustituir la ley de 2010 por una de supuestos, algo más restrictiva que la que operaba en España en 1985.

Finalmente, en 2015 el PP aprobó una reforma del texto que impidió a las menores de 16 y 17 años interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno.

La última reforma de la norma llegó en febrero de 2023 de la mano del ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero e incluyó la creación de un registro de objetores de conciencia; la eliminación del plazo de reflexión obligatorio de tres días y la recepción del sobre con información acerca de ayudas al embarazo, y la devolución de la capacidad de decisión a las mayores de 16 años.

Ese mismo año, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP en 2010 contra la ley del aborto, blindando esta prestación como un derecho.

Doce provincias no practican abortos

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, correspondientes a 2024, en España hay 12 provincias que el año anterior no practicaron ningún aborto: Jaén, Huesca, Teruel, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ávila, Palencia, Soria, Segovia, Zamora y Cáceres.

Esto significa que las mujeres que solicitan una interrupción en esos territorios son obligadas a desplazarse a otras provincias o comunidades autónomas para poder abortar.

Asimismo, el 78,7 % de los abortos practicados en 2024 se llevaron a cabo en centros privados.

Esto choca con la reforma de 2023, que apostaba por la realización de los abortos dentro de la sanidad pública y por el fin de la desigualdad territorial.

Blindar el aborto en la Constitución

Fuentes del Gobierno han anunciado su intención de blindar el aborto en la Constitución tras la aprobación en el Ayuntamiento de Madrid de una medida que insta a informar a las mujeres que soliciten una interrupción del embarazo sobre un supuesto "trauma posaborto".

Para lograrlo, el Ejecutivo impulsará un procedimiento de reforma ordinario de la Constitución, lo que requeriría de una mayoría cualificada para la aprobación parlamentaria, el voto favorable de las tres quintas partes del Congreso y del Senado, algo que parece complicado por la composición actual de las cámaras.

Si se consigue, España sería el segundo país que reconocería constitucionalmente el derecho al aborto, algo que ya hizo Francia en marzo de 2024.