La ley de violencia de género, 15 años de lucha y de retos

La Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género acaba de cumplir 15 años, con retos pendientes pero con el objetivo cumplido de que este “gravísimo problema social” transitara de lo privado a lo público.

El 28 de diciembre de 2004 se aprobó la Ley 1/2004 para dar un tratamiento integral a la violencia machista, desde la prevención a la atención asistencial de las víctimas pasando por la tipificación penal de los delitos cometidos por los agresores. La ley, la primera norma aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, establecía que esta violencia era estructural y específica contra las mujeres.

Quince años, 1,5 millones de denuncias

En 15 años, más de 1,5 millones de mujeres han denunciado a su agresor.

“Es un hito histórico en nuestra legislación, viene a decir que la violencia de género no es un asunto familiar sino que compete a todos los poderes públicos y, en consecuencia, es cuestión de Estado“, ha explicado a Efe la socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), Lucía Avilés.

Con la ley, ha continuado, se dio carta de naturaleza a “un modelo de violencia específico que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo y se caracteriza por ser estructural, sistemática, histórica y generalizada“.

Aprobada con unanimidad, esta ley “ejemplar” que afrontó con “valentía y sinceridad” la violencia contra las mujeres hizo que la democracia entrara en todos los espacios para garantizar la integridad de la mitad de la población, ha expresado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad en funciones, Carmen Calvo, durante el acto de homenaje de esta norma.

La vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, ha destacado que esta ley ha sido fundamental para ayudar a más de un millón de mujeres a salir del pozo de la violencia de género gracias a que establecía distintos recursos -judiciales, policiales, económicos y sociales- para ello.

Abordaje integral

El abordaje integral de la violencia en el ámbito de la pareja cubría desde la prevención a la educación, pasando por la sensibilización, la tipificación de los delitos penales o la creación de juzgados especializados y unidades forenses.

Se trata de la ley democrática que ha sido objeto de un mayor número de cuestiones de inconstitucionalidad, todas ellas superadas, al entender el Tribunal Constitucional que la violencia que surge en el ámbito de la pareja afecta mayoritaria y abrumadoramente a las mujeres.

Según el Constitucional, imponer una pena mayor al hombre es “razonable”, ya que las mujeres están “insuficientemente” protegidas en el ámbito de la pareja, no vulnera el principio de igualdad y no discrimina por razón de sexo, pues no se impone por ser varón sino por una grave conducta que reproduce una “arraigada desigualdad” y un “modelo agresivo” contra la mujer.

La presidenta de la Audiencia de Pamplona y coordinadora de género de Juezas y Jueces para la Democracia, Esther Erice, ha matizado que la ley fue tan cuestionada y generó resistencia porque ponía el foco en que era la desigual organización social la que subyace a esta violencia estructural.

Erice ha subrayado que la ley ha supuesto un “avance positivo” en la protección de las mujeres, pero también porque ha permitido visibilizar el fenómeno, conocer su alcance y tener herramientas para hacerle frente.

“Es una ley enormemente valiente y avanzada porque se aprueba hace 15 años para proteger a las mujeres de la violencia de los hombres con quienes han tenido una relación. (…) Venimos de una dictadura de 40 años inculcando la sumisión de las mujeres”, ha aseverado la periodista especializada Charo Nogueira.

Convenio de Estambul

Tanto Erice como Gonzalo han hecho hincapié en la necesidad de dotar económicamente la ley para perfeccionar su eficacia.

“Es eficaz, además países de nuestro entorno la están utilizando como espejo: Francia, los países latinoamericanos. Es una legislación avanzada, muy novedosa, vanguardista, pero lógicamente después de 15 años tiene que adaptarse y retocarse“, ha incidido Avilés.

Hace justo dos años, el Parlamento aprobaba también con un amplio respaldo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con más de 200 medidas para avanzar en la lucha contra esta problemática. Muchas de ellas siguen sin aplicarse por culpa del bloqueo político.

Ampliar el concepto de violencia más allá del ámbito de la pareja, abordar la tipificación de los delitos sexuales y adecuar el ordenamiento jurídico al Convenio de Estambul son algunas de las exigencias más apremiantes.