Se retrasa la aprobación de la Ley Integral contra la Trata

La Ley Integral contra la Trata tenía previsto llegar este 15 de noviembre al Consejo de Ministros, según había anunciado el Ministerio de Igualdad, sin embargo, no se ha aprobado debido al positivo en coronavirus de la ministra de Justicia, Pilar Llop.

El Ministerio de Justicia es el proponente de este anteproyecto de ley, en cuya redacción están implicados también los ministerios de Igualdad, Interior y Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, cuyas negociaciones sobre los últimos flecos del texto han llegado hasta última hora.

En enero de 2022, el Ministerio de Igualdad envió un borrador del anteproyecto al de Justicia, que a finales de marzo firmó una orden ministerial para encargar a la Comisión General de Codificación, órgano asesor de su departamento, la elaboración de una ley integral contra la trata de seres humanos.

La redacción del anteproyecto se ha demorado por la conciliación de las aportaciones de los ministerios implicados.

“El martes la voluntad por parte de todo el Gobierno es que vaya a Consejo de Ministros. Es un compromiso personal del presidente (Pedro Sánchez) y para el Ministerio de Igualdad y para el conjunto del Gobierno es una de las leyes clave de la legislatura“, manifestó la responsable de Igualdad, Irene Montero, durante su visita a Buenos Aires el 10 de noviembre.

Los derechos de las víctimas en situación irregular

Igualdad exige que el anteproyecto de la Ley contra la Trata recoja que las víctimas que se encuentren en “situación administrativa irregular” tengan derechos como el permiso temporal de residencia y trabajo garantizados sin necesidad de interponer una denuncia o colaborar con la Policía en la investigación criminal.

Este punto es “fundamental” para el departamento de Montero, quien ha recordado que “muchas mujeres que son víctimas de trata son extranjeras, están en situación administrativa irregular y la falta de papeles es una barrera para el acceso a otros muchos derechos fundamentales“.

Es por eso que la ley que pretende aprobar el Ejecutivo busca “garantizar” los derechos de las víctimas “desde el primer momento y sin necesidad de poner denuncia, como cualquier otra víctima de violencias machistas”, explicó la titular de Igualdad.

A este efecto, fuentes de Igualdad han informado de que el ministerio ha propuesto que la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género forme parte del mecanismo de identificación y acreditación de las víctimas de trata para que este “no sea exclusivamente policial”.

La penalización del proxenetismo no coactivo

Otro de los puntos que falta por esclarecer es la penalización del proxenetismo no coactivo (no violento) y también a quien se lucre con el alquiler de locales destinados a favorecer la explotación de la prostitución (la tercería locativa).

Dichas sanciones estaban recogidas en el anteproyecto de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual o “Ley del solo sí es sí”, pero finalmente se excluyeron dado que fuerzas como ERC, Bildu, En Comú Podem, Junts o la CUP querían suprimirlas porque defienden la libertad sexual de las mujeres que deciden prostituirse.

El PSOE, por su parte, pedía en una de sus enmiendas que se castigara a quien se lucre por cualquier vía de la prostitución ajena, sin necesidad de que haya una relación de explotación, una propuesta que tuvo que retirar para que el texto contara con los apoyos suficientes.

Los socialistas también han intentado perseguir penalmente el proxenetismo y multar a quienes acuden a la prostitución mediante una proposición de ley presentada en el Congreso en mayo, ante la que Unidas Podemos defendió que un modelo sancionador del cliente puede suponer que las fuerzas de seguridad intensifiquen el control sobre las mujeres que ejercen.

Una ley de trata integral

Mientras que Igualdad planteaba una ley contra la trata con fines de explotación sexual, Justicia apuesta por una norma que permita identificar, atender y reinsertar a las víctimas de toda clase de trata, aunque no cierra la puerta a la adopción de medidas concretas ante la trata con fines de explotación sexual.

El objetivo de la norma, según avanzó en marzo Justicia, es trabajar en la prevención, la protección de las víctimas y la persecución del delito, con una “perspectiva de derechos humanos y de género que tenga en cuenta la discapacidad, la diversidad y el interés superior de los menores”.

La norma también incluirá medidas de apoyo y asistenciales para las víctimas y se dará prioridad a su voluntad, confidencialidad, integridad, no criminalización y no revictimización.