Los huérfanos, las «víctimas olvidadas del feminicidio» en Bolivia

Gina Baldivieso | La Paz - 30 abril, 2021

La situación de los niños y adolescentes huérfanos abandonados a su suerte tras vivir un feminicidio es insostenible en Bolivia y motivo de preocupación de organizaciones que denuncian el desamparo estatal de esta población.

Entidades como el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres y la Defensoría del Pueblo denuncian la falta de un registro oficial de datos sobre los menores que han perdido a sus madres por la violencia machista, carencia advertida en las defensorías de la niñez y la Fiscalía.

A falta de datos oficiales, el Observatorio tiene un registro propio elaborado a partir de reportes de prensa, que da cuenta de 451 niños y adolescentes y 73 jóvenes dependientes de sus madres que han quedado en la orfandad entre 2016 y el primer trimestre de 2021.

«Es probable que el número sea mayor» si se tiene en cuenta que el promedio de hijos por mujer es de tres, indica a Efe una de las integrante del Observatorio encargada de recopilar los datos, Eulogia Tapia.

Los huérfanos «son las víctimas olvidadas de los feminicidios y están en el desamparo», denuncia la activista, quien también lamenta la ausencia de una política estatal específica para esta población.

El promedio anual de feminicidios en Bolivia en los últimos siete años es de 110, según organizaciones feministas.

Historias que duelen

La soledad, el dolor y la posibilidad de acabar en la calle o de reproducir la misma violencia son algunas de las secuelas de los menores que quedan huérfanos como consecuencia de un feminicidio.

Detrás de cada número hay historias que muchas veces se llegan a conocer por reportes de prensa.

Tapia recuerda el caso de una niña de 4 años que escuchó que su mamá estaba en el cielo y le pidió a su abuela que contratase un helicóptero para ir a visitarla.

O la de otra menor, testigo del feminicidio de su madre y posterior suicidio del padre, que dijo a la Policía «papá pum a mamá y después papá pum», rememora.

En 2019, la Defensoría del Pueblo ha presentado un documental que parte del caso de un feminicidio ocurrido en 2014 en el centro minero de Viloco, en el Altiplano de La Paz, en el que la víctima fue una mujer embarazada que dejó en la orfandad a sus hijos de 9 y 13 años.

El proceso para que la abuela materna de los menores obtuviese la guarda legal se demoró tres años, con el temor latente de que «en algún momento el asesino purgue su condena y pueda quitarle a los chicos», o que lo haga su familia, explica a Efe la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Además, la abuela era muy mayor y de escasos recursos, lo que le dificultaba «sostener económicamente a dos nuevos pequeños miembros en su entorno familiar», indica.

También se observó que el niño quedó con secuelas, pues fue testigo de la muerte de su madre y no había recibido ninguna asistencia psicológica hasta el momento en que la Defensoría intervino en el caso, agrega Cruz.

Las marcas que quedan

La situación en la que se quedan estos menores es complicada, pues incluso si quedan al cuidado de algún familiar cercano, sienten mucha soledad.

«Estos chicos no son como el común de todos, tienen un problema que lo llevan dentro, están solos, no tienen papá ni mamá, son huérfanos por más que quiera el hermano mayor o la tía cumplir ese rol», lamenta Tapia.

A veces estos parientes ya tienen sus propios hijos y no se llevan bien con los recién llegados, lo que muchas veces termina con huérfanos que huyen para vivir en las calles, advierte.

Otros se retraen, o tienen problemas en la escuela por el grado de violencia que han visto o sufrido, explica Cruz.

«Eso va generando una suerte de castigos, de estigmatización dentro de las unidades educativas y sin asistencia por parte de los educadores o de un psicólogo muchas veces ha generado deserción», agrega.

Cuando los huérfanos son numerosos, el drama es la separación que experimentan al ser llevados a distintos centros de acogida, a falta de algún familiar que se haga cargo.

La Defensoría conoce algunos casos en los que la hermana mayor sale del centro de acogida al cumplir la mayoría de edad y busca casarse «para poder rescatar a sus hermanos», lamentó la defensora.

Tapia remarca la necesidad de dar atención psicológica especializada a esta población, además de hacer un seguimiento completo para saber dónde y cómo están, y en ello es vital el apoyo estatal.

Por su parte, la Defensoría ha presentado en 2019 un proyecto de ley de «Medidas de Asistencia Estatal Integral a Hijas e Hijos Víctimas de Feminicido», que plantea llevar un registro detallado de estos menores y dar asistencia económica y social a la familia con la que permanecerán, entre otros aspectos.