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Honduras condenada por la detención y la falta de investigación sobre la muerte de una mujer trans

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Honduras por las detenciones arbitrarias e ilegales de la mujer trans Leonela Zelaya y por las fallas en la investigación de su muerte en 2004.

En la sentencia, la Corte IDH determinó que el Estado hondureño es responsable por tres detenciones ilegales de Zelaya en 2004 y por desconocer su identidad y expresión de género durante la investigación de su muerte, ocurrida el 7 de septiembre de ese mismo año.

La Corte Interamericana concluyó que las tres detenciones de Zelaya fueron ilegales y arbitrarias porque se basaron en una normativa ambigua que daba demasiada discrecionalidad a las autoridades. Además, el Estado no aportó información que demostrara que estaban debidamente justificadas.

Durante esas detenciones, las autoridades desconocieron la identidad y expresión de género de la víctima, lo que implica la violación de sus derechos a la personalidad jurídica, a la vida privada, al nombre, a la libertad personal, a la libertad de expresión, a la igualdad y a la prohibición de discriminación, según la Corte.

El fallo señala que el Estado cometió graves fallas en la investigación entre lo que se destaca que no identificó bien a la víctima, no aseguró la escena del crimen, dejó de recoger testimonios importantes, no analizó si el asesinato estaba relacionado con la violencia contra mujeres trans ni con la identidad de género de Zelaya y Tardó demasiado en investigar.

Quién es Leonela Zelaya

Leonela Zelaya, que cuando sucedieron los hechos tenía 34 años, era una mujer trans en contexto de prostitución y vivía con VIH. Fue detenida y torturada por agentes policiales hasta en seis ocasiones en el marco de la Ley de Policía y Convivencia Social, según la demanda contra el Estado.

El 6 de septiembre de 2004, Leonela salió a trabajar y en la madrugada del día siguiente, su cuerpo fue encontrado en la vía pública de la ciudad de Comayagüela, ciudad que forma parte del Distrito Central de Honduras.

En 2018 las autoridades judiciales hondureñas cerraron el caso al afirmar que se trató de un intento de robo cometido por otra mujer trans, quien murió en 2007.

La Corte IDH explicó en su sentencia que no cuenta con los elementos suficientes para responsabilizar al Estado por la muerte de Zelaya.

En la sentencia, la Corte IDH ordenó al Estado desarchivar el expediente e impulsar la investigación y eventual sanción de los responsables de la muerte de Zelaya y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

El fallo también ordena a Honduras modificar su normativa para que la Ley de Policía y Convivencia Social establezca de forma clara y previa las causas y condiciones para imponer sanciones que impliquen privación de la libertad.