La feminización de la crisis exige respuestas con perspectiva de género

La COVID-19 ha supuesto una crisis sanitaria de proporciones aún desconocidas y con graves consecuencias sociales y económicas que afecta de manera diferente a mujeres y hombres y obliga a incorporar una visión de género a las respuestas y soluciones que se implementen para evitar que lo peor de la crisis recaiga sobre ellas.

Esta crisis ha evidenciado una grave desigualdad de género que ha situado a las mujeres en primera línea en la lucha contra el coronavirus, por la alta feminización de los sectores sanitarios y de cuidados, y en la peor posición para salir de ella por la elevada precarización de su empleo.

Factores a los que se ha unido el aumento del riesgo de violencia de género y otros tipos de violencia contra las mujeres derivados del confinamiento, alerta el informe "La perspectiva de género, esencial en la respuesta a la COVID 19", elaborado por el Instituto de la Mujer.

"Ignorar el impacto de género en las soluciones que se implementen tendría consecuencias económicas y sociales que agravarían la desigualdad", advierte el informe.

Y considera que además de formar parte de la respuesta a la crisis, las mujeres deben integrarse en la toma de decisiones para salir de ella, tal y como indican organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Sanidad, cuidados y mercado laboral

Las mujeres representan el 70 % del personal sanitario en el mundo y son mayoría en sectores esenciales como el comercio de alimentación, los servicios de limpieza hospitalaria y las residencias.

Realizan la mayor parte del trabajo doméstico y cuidado de personas dependientes (remunerado y no remunerado) y asumen una mayor carga mental derivada de la misma. Muchas han tenido que dejar sus empleos tras el cierre de los centros escolares.

Además, sufren mayor precariedad y pobreza laboral y algunos de los sectores más afectados (comercio, turismo y hostelería) están altamente feminizados.

Datos y cifras

Hasta el 8 de mayo existen 3,7 millones de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo. España ha confirmado 221.447 personas infectadas y 26.070 fallecidas, cifras que permiten hacerse una idea de la dimensión de la crisis a la que nos enfrentamos.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en España las mujeres representan el 66 % del personal sanitario (51 % en medicina, 84 % en enfermería, 72 % en farmacia y 82 % en psicología).

Porcentajes similares se dan en las residencias de mayores y personas dependientes donde, de las 334.300 personas que trabajan, el 84 % son mujeres.

Ellas, en primera línea

Estos datos evidencian que los profesionales sanitarios (médicos, enfermeros, auxiliares...) que han estado y están en primera línea de respuesta a la enfermedad son, en su mayoría, mujeres cuyo contacto directo con pacientes afectadas por coronavirus implica un elevado nivel de exposición al contagio.

Situación a la que hay que sumar la presión derivada de doblar turnos y hacer más horas extra de lo habitual con las consecuencias emocionales y psicológicas que esto conlleva.

A ellas se suman limpiadoras, dependientas y cajeras de tiendas de alimentación y supermercados, un conjunto de profesiones imprescindibles y feminizadas que evidencian la "necesidad de que los cuidados formen parte de la estrategia social y económica de los estados y que ésta incluya el enfoque de género".

Empleadas de hogar, en riesgo

Junto a todas estas mujeres, el informe menciona a las empleadas del hogar y cuidadoras.

Especialmente a aquellas que trabajan como cuidadoras internas y el confinamiento ha obligado a permanecer en el hogar en el que trabajan, en ocasiones sin la protección adecuada y sin posibilidad de volver a sus casas y atender sus propias necesidades.

El Instituto de la Mujer hace hincapié en la situación de  este colectivo por tratarse de un sector precarizado, en el que la existencia del despido por desistimiento, la no inclusión plena en el régimen general de la Seguridad Social, el no reconocimiento de la prestación por desempleo y el elevado riesgo de contagio las sitúan como uno de los colectivos más vulnerables.

Además, muchas de ellas trabajan en la economía informal.

En este caso el informe recuerda que en España este colectivo puede solicitar el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el sistema especial de empleados de hogar familiar.

También en la vida privada

En el ámbito privado también son las mujeres las que soportan la mayor parte de las consecuencias de las crisis generada por la COVID-19. El 70 % de las tareas de cuidado recae sobre ellas.

A las dificultades habituales de conciliación y falta de corresponsabilidad ahora se suma el cierre de los centros educativos, el teletrabajo y el confinamiento, con la consiguiente sobrecarga de trabajo en el hogar.

Esta situación afecta de manera más acusada a las familias monoparentales de las que ocho de cada diez están encabezadas por mujeres.

Los datos evidencian, según el Instituto de la Mujer, que dirige Beatriz Gimeno, la necesidad de poner en marcha "mecanismos de corresponsabilidad desde todos los ámbitos: administraciones, empresas y hogares".

Economía y empleo

La crisis originada por la COVID-19 es, ante todo, sanitaria, pero con importantes repercusiones negativas sobre la economía y los mercados de trabajo de todo el mundo.

El confinamiento y la paralización, total o parcial, de la actividad de las empresas incidirán directamente en el incremento del desempleo. La

Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que podrían perderse hasta 25 millones de empleos.

Se prevé, además, una importante pérdida de ingresos que afectará de forma más acusada a los empleos más precarios y a los que forman parte de la economía informal, en su mayoría desempeñados por mujeres.

Y se prevé que sean los sectores del comercio, la hostelería y los servicios, que cuentan con más presencia de mujeres, los que sufran en mayor medida la crisis económica derivada de la pandemia.

 Soluciones con enfoque de género

Insiste el Instituto, en que las medidas que se adopten tengan en cuenta el enfoque de género y el principio de corresponsabilidad.

Además, considera necesario "aplicar medidas que permitan a trabajadores y trabajadoras atender a personas dependientes por las circunstancias excepcionales que derivan de la enfermedad COVID-19".

Violencia de género

En el informe se recuerda que en contextos de confinamiento, las mujeres que sufren violencia de género, las víctimas de trata y explotación sexual, así como las que son prostituidas, constituyen colectivos especialmente vulnerables.

En el caso de las víctimas de violencia de género sus riesgos se agravan, ya que se ven forzadas a convivir con su agresor. Se trata de un grave problema mundial ante el que la ONU ha hecho un llamamiento para actuar frente al repunte de este tipo de violencia durante la pandemia.

En España las llamadas al 016 han aumentado más de un 60 %, las consultas on line un 600 % y casi 1.200 mujeres han recurrido al servicio de atención psicológica que se puso en marcha por wasap.

Medidas de protección

Tras la declaración del estado de alarma se aprobó un real decreto de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género con medidas organizativas dirigidas a garantizar el funcionamiento de los servicios destinados a la protección de mujeres víctimas de violencia de género, sexual y de trata.

Además, el Ministerio de Igualdad impulsó un Plan de Contingencia contra la violencia de género que se ha ido concretando en diversas actuaciones y medidas, acordadas con las Comunidades Autónomas.

El Ministerio de Interior reforzó la protección de víctimas de violencia de género y del personal sanitario con el Botón SOS de la aplicación AlertCops (servicio prestado a través de una aplicación gratuita en dispositivos móviles, que proporciona un canal directo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado).

Víctimas de trata y explotación sexual

En el caso de las víctimas de trata y explotación sexual, el informe señala que su estado de irregularidad administrativa hace que no aparezcan en los registros de posibles personas afectadas por la enfermedad y tengan dificultades para acceder al sistema público de salud, una situación de la que han alertado organizaciones como Médicos del Mundo.

Ante este problema, el Ministerio de Igualdad puso en marcha un Plan para facilitar servicios y recursos para la atención a las necesidades específicas de estas mujeres.

Las recomendaciones emitidas por ONU Mujeres, que sitúan las necesidades y el liderazgo de las mujeres en el centro de las respuestas efectivas frente al COVID-19, apuntan la necesidad de proteger los servicios básicos de salud para las mujeres y las niñas, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva.

Y advierte de que pese la saturación de los servicios de salud, "el acceso a la anticoncepción y a la atención pre y post-natal deben garantizarse".