Imagen de archivo de una estudiante de doce años de la fundación Fe y Alegría, durante una rueda de prensa por la conmemoración del Día Internacional de la Niña, en Ciudad de Guatemala. EFE/Alex Cruz
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Más de 350 niñas de entre 10 y 14 años han quedado embarazadas tras ser violadas en Guatemala en 2026
357 niñas de entre 10 y 14 años han quedado embarazadas víctimas de una violación en Guatemala en lo que va de 2026, según datos de organizaciones sociales en beneficio de la infancia.
La alarmante cifra de embarazos en menores incluye a dos niñas de 10 años, tres niñas de 11 años, doce niñas de 12 años, setenta de 13 años y 270 de 14 años, de acuerdo con información recopilada por la organización no gubernamental Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva.
Los datos son referentes a los 22 departamentos (provincias) del país centroamericano, donde Huehuetenango, fronterizo con México, presenta la mayor cantidad de casos, seguido del departamento de Guatemala (centro).
En 2025, según la misma fuente, se contabilizaron 2.101 embarazos de niñas menores de 14 años por violación sexual, mientras que en 2024 se registraron 1.953 menores de edad embarazadas.
Embarazos infantiles y violencia sexual
El Registro Nacional de Personas guatemalteco, de carácter estatal, respalda los cálculos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva.
En octubre de 2025, diversas organizaciones sociales de Guatemala alzaron la voz para denunciar la persistente situación de inequidad, exclusión, discriminación y múltiples formas de violencia que enfrentan miles de niñas y adolescentes en el país.
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), la Fundación Fe y Alegría y el mismo Observatorio de Salud Reproductiva han recalcado su "profunda preocupación e indignación" ante lo que han calificado como un "incumplimiento sistemático" del Estado en garantizar los derechos humanos fundamentales de la niñez y la adolescencia.
"Cada embarazo infantil es una evidencia de violencia sexual. Cada niña desaparecida o traficada refleja la ausencia de políticas efectivas de prevención y justicia", ha advertido Nery Rodenas, en representación de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.
