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Ecuador lanza una nueva política para prevenir el embarazo adolescente con apoyo de la OMS y el Unfpa

El Gobierno de Ecuador ha lanzado una nueva política para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Varios ministerios junto a la Vicepresidencia firmaron un acuerdo interinstitucional ha oficializado la Política Intersectorial para el Abordaje Integral del Embarazo en Adolescentes 2026-2035, presentada como una respuesta nacional para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La firma ha estado a cargo de la vicepresidenta, María José Pinto, quien ha afirmado que "cuando hablamos de embarazo adolescente no hablamos de cifras: hablamos de niñas, de sueños rotos y de caminos que se interrumpen demasiado pronto".

Reducir la tasa de embarazo adolescente

Por su parte, el ministro encargado de Desarrollo Humano, Daniel García, ha precisado que la principal meta de esta política es sensibilizar sobre la prevención del embarazo y asumir un "compromiso institucional" para asegurar que los usuarios de los programas reciban información, formación y orientación efectiva.

Según datos del Ministerio de Salud, Ecuador ha logrado una reducción significativa en la tasa específica de fecundidad de adolescentes de quince a diecinueve años entre 2014 y 2018.

No obstante, el país aún registra cuatro partos diarios en niñas menores de catorce años y ochenta y cuatro nacimientos cada día en adolescentes de quince a diecinueve años.

Objetivos hasta 2035

La política plantea reducir la tasa de embarazo adolescente en un plazo de diez años a través de cinco ejes estratégicos, como son la educación, la salud, la transformación sociocultural, la protección integral y la sostenibilidad.

El Gobierno prevé implementar educación sexual en las aulas, estrategias de retención escolar y un acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el uso de anticonceptivos.

Además, contempla la activación del programa 'Aprendiendo en Familia' para trabajar con hogares y cuidadores en prevención y acompañamiento integral; la creación de un modelo de atención especializada para víctimas de violencia sexual; y un mecanismo financiero y normativo que garantice la continuidad de la política durante una década, independientemente del ciclo político.