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La detención de dos activistas por pintadas contra la masificación turística aviva las protestas en Mallorca

Publicada el 22 de julio/Actualizada el 27 de julio

La detención de dos activistas acusadas de realizar pintadas contra la masificación turística en cinco oficinas inmobiliarias de Santa Maria del Camí ha provocado una oleada de movilizaciones y reacciones políticas en Mallorca, a pocos días de la manifestación convocada en Palma este 26 de julio para denunciar las consecuencias del actual modelo turístico.

Las dos mujeres fueron arrestadas por la Guardia Civil el miércoles 15 de julio como presuntas autoras de las pintadas realizadas el 31 de mayo en las fachadas de cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí, con mensajes contra la masificación turística, la especulación inmobiliaria y sus efectos sobre el acceso a la vivienda.

Las diligencias se iniciaron después de las denuncias presentadas por las empresas afectadas. A las detenidas se les atribuyen delitos de daños y contra el patrimonio histórico, debido a que una de las intervenciones habría tenido lugar en un inmueble sujeto a algún grado de protección.

Las activistas fueron detenidas en sus domicilios, trasladadas esposadas a dependencias policiales y puestas posteriormente a disposición judicial. Durante el operativo también se intervinieron sus teléfonos móviles, una actuación cuya necesidad y proporcionalidad ha sido cuestionada por partidos políticos y organizaciones sociales.

Tras comparecer ante el juez, ambas quedaron en libertad, mientras la investigación continúa abierta.

Concentración ante los juzgados

Decenas de personas se concentraron la misma tarde del 15 de julio frente a los juzgados de Via Alemanya, en Palma, coincidiendo con la comparecencia judicial de las arrestadas.

La protesta fue impulsada por la plataforma Menys turisme, més vida, que llamó a mostrar a las jóvenes que "no están solas" y a dejar claro que "ni la criminalización ni la represión pararán al movimiento popular organizado".

Durante la concentración se exhibió una gran pancarta con el mensaje "Libertad detenidas", firmada por la organización de la izquierda independentista Alerta Solidària.

La plataforma ha defendido las protestas contra un modelo económico que, a su juicio, "ahoga" a la sociedad mallorquina y ha presentado estas actuaciones como formas de "acción directa no violenta".

La detención se produjo, además, días después de que Menys turisme, més vida publicara en sus redes sociales un manual con recomendaciones para realizar acciones contra negocios vinculados al sector turístico e inmobiliario. Entre las propuestas figuraban pintadas y bloqueos de cerraduras, así como consejos para evitar la vigilancia de las fuerzas de seguridad y de las empresas afectadas.

La difusión de este documento provocó el rechazo del sector empresarial, los sindicatos y los gobiernos central y balear, que condenaron cualquier forma de violencia, sabotaje o daño contra personas, comercios y empresas.

Manifestación contra la masificación turística

El caso se ha convertido en uno de los principales focos de tensión antes de la manifestación del domingo 26 de julio en Palma bajo el lema "Mallorca al límit".

La movilización denunció la presión turística, la especulación inmobiliaria, las dificultades de acceso a la vivienda y el deterioro de la calidad de vida de los residentes.

Decenas de miles de personas, 25.000 para la Policía Nacional y 70.000 según los organizadores, se manifestaron para pedir a las instituciones locales, autonómicas y estatales un "ineludible" decrecimiento del número de visitantes en una Mallorca en la que "no caben más turistas".

El precio medio de la vivienda en Palma alcanzó en junio los 5.257 euros por metro cuadrado, un 7,1 % más que un año antes, según datos de Idealista. La cifra supera en un 86 % la media española, situada en 2.823 euros por metro cuadrado, mientras que el alquiler en la capital balear se elevó hasta los 19,1 euros mensuales por metro cuadrado.

La presión turística continúa creciendo en el archipiélago

Baleares recibió 6,86 millones de pasajeros aéreos internacionales durante la primera mitad de 2026, un 3,1 % más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de Turespaña. La cifra representa el 12,6 % de los 54,6 millones de viajeros internacionales llegados a España. Solo en junio, las islas recibieron 2,32 millones de pasajeros, un 1,7 % más que un año antes y la cifra más alta de todo el país, equivalente al 20,9 % del total nacional.

El Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza, GOB, ha reiterado su llamamiento a participar activamente en la protesta del 26 de julio. También Esquerra Unida de les Illes Balears ha anunciado su incorporación a la convocatoria.

La movilización dará continuidad a las protestas celebradas durante el último año en la isla. El 15 de junio del año anterior, miles de personas recorrieron el centro de Palma en una marcha convocada por Menys turisme, més vida bajo el lema "Stop a la turistificació", para reclamar un cambio de modelo económico y una vida digna para los residentes.

Críticas por la desproporción del operativo

Més per Mallorca calificó la detención de las dos activistas de "antidemocrática" y desproporcionada y exigió responsabilidades al Gobierno y a la Delegación del Gobierno.

Podemos, por su parte, ha pedido explicaciones al Ministerio del Interior sobre los arrestos en los domicilios, el uso de esposas, la incautación de los teléfonos y la posible vigilancia de colectivos contrarios a la turistificación.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, criticó que las jóvenes fueran "expuestas como terroristas" y vinculó el caso con la especulación inmobiliaria y las dificultades de acceso a la vivienda.

Detenidas en Mallorca (y expuestas como terroristas) por denunciar que la acumulación inmobiliaria y el turismo masivo hace que trabajadores del lugar tengan que dormir literalmente en sus coches.

Una salvajada que ha pasado desapercibida.

Que se sepa. pic.twitter.com/bGVicLickQ

— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 17, 2026

La vicepresidenta segunda del Govern, Antònia Estarellas, evitó valorar si la actuación fue proporcionada y remitió las explicaciones a la Delegación del Gobierno. Defendió el derecho a la protesta dentro de la legalidad, expresó su respeto por la actuación de la Guardia Civil y rechazó cualquier incitación a vandalizar comercios.

El GOB y la asociación de productores ecológicos Apaema denunciaron una criminalización de la protesta y consideraron desproporcionados el despliegue policial y la exhibición pública de las detenidas esposadas.

Ambas entidades relacionaron el malestar social con la presión turística, la degradación del territorio y la crisis habitacional, y llamaron a participar en la manifestación "Mallorca al límit" del 26 de julio en Palma.