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Desahucian en Madrid a dos menores huérfanas por violencia machista junto a su abuela

Dos niñas, de 5 y 10 años, huérfanas desde 2023 por el asesinato machista de su madre, han sido desahuciadas junto a su abuela el pasado 14 de enero en el distrito madrileño de Villaverde por orden del Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid, en un lanzamiento que se ejecutó pese a la situación de extrema vulnerabilidad de la familia y a los informes de servicios sociales.

"Lo que ha ocurrido es una demostración clara del fracaso del sistema de garantías sociales para una familia en extrema vulnerabilidad. Han sido doblemente victimizados, el sistema les ha fallado dos veces, primero, cuando perdieron a su madre por un asesinato machista y ahora con este desahucio en la situación económica y social en la que se encuentran, en parte derivada del asesinato de su madre", ha aseverado a Efeminista el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino. 

La familia vivía en el distrito de Villaverde, donde la abuela se había hecho cargo de las dos niñas tras el feminicidio. Según la FRAVM, la abuela, de 65 años, sostenía el hogar con unos 600 euros mensuales, una cantidad que sitúa a la unidad familiar muy por debajo del umbral necesario para acceder a una alternativa residencial estable en el mercado actual.

"Es un fallo brutal del sistema judicial"

"Es un fallo brutal del sistema judicial, es una vergüenza que el juzgado teniendo un informe de vulnerabilidad social como tuvo, no paralizará el desahucio", continúa Nacarino, que ha denunciado también la ausencia de asistencia jurídica en el momento del lanzamiento.

Según ha contado, la abogada de oficio asignada a la familia no acudió a la ejecución del desahucio y envió en su lugar a un procurador, "que actúa como un notario del procedimiento, pero no tiene capacidad de negociación ante la comisión judicial".

Para la FRAVM, la ausencia de la letrada en ese momento clave impidió que se exploraran vías de mediación o aplazamiento que habrían podido dar margen para buscar una solución habitacional.

La familia contaba con un informe de vulnerabilidad expedido por los servicios sociales, un documento que, según las entidades vecinales, debía haber servido para frenar el lanzamiento o, al menos, prorrogarlo. Desde la FRAVM sostienen que el desalojo podría haberse evitado si se hubieran activado los mecanismos previstos para situaciones de exclusión residencial, especialmente en un caso que afecta a menores huérfanas por violencia machista.

Según la orden de desahucio, facilitada por la FRAVM, el lanzamiento se ejecutó a las 13 h con intervención de Policía, cerrajero y procurador, entre otros, por orden del Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid.

506 menores huérfanos tras los feminicidios de sus madres

El caso llega, además, en un contexto en el que España contabiliza 1.346 mujeres asesinadas por violencia machista desde 2003, año en que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales. Las consecuencias se miden también en la infancia, 506 menores han quedado huérfanos tras los feminicidios de sus madres desde 2013, cuando se empezó a registrar este dato (sin incluir a los mayores de edad).

A ello se suman 65 niñas y niños asesinados en crímenes vicarios desde 2013, cometidos por sus padres o por las parejas o exparejas de las madres, desde que los menores pasaron a ser considerados víctimas directas de la violencia de género.

Se trata de un desahucio hipotecario, el procedimiento se inició a partir de una deuda vinculada a la propiedad del piso y el fondo inmobiliario Circleville SL adquirió esa deuda a Caixabank y activó la vía judicial para hacerse con el inmueble, según ha explicado federación vecinal.

Fuentes del entorno de la familia han señalado a Efeminista que, en los meses previos al lanzamiento, personas vinculadas a la empresa se personaban en la vivienda con el objetivo de presionar, hostigar y acelerar la salida de la abuela y las menores, a las que llegó a ofrecer dinero para quedarse con la vivienda.

La FRAVM pedirá una reunión con Justicia

Jorge Nacarino ha subrayado que, pese a que el caso venía de lejos y se había aplazado en otras ocasiones, la situación de la vivienda cambió drásticamente desde que las niñas quedaron bajo el cuidado exclusivo de su abuela.

"Era un caso tan claro, tan sangrante, que no cabía en la cabeza que el juzgado no lo aplazara", ha lamentado.

Tras el desahucio, el presidente de la FRAVM ha adelantado que mantendrá el acompañamiento a la familia, que se ha realojado en otra vivienda gracias a su red de amistades, y que reforzará la denuncia pública de lo ocurrido.

Además, ha avanzado su intención de pedir una reunión para abordar lo que consideran un fallo grave del sistema. "Vamos a tratar de sentarnos con el Ministerio de Justicia para que aborde este fallo del sistema judicial", ha afirmado Nicarino, que, aunque reconoce la autonomía del órgano judicial, insiste en que "no se puede permitir que existiendo legislación e informes de vulnerabilidad se ejecute un desahucio en un caso así".

La Fundación Mujeres, que gestiona el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto destinadas a huérfanos y huérfanas por violencia de género, ha explicado a Efeminista que está investigando el caso y recabando toda la información necesaria para conocer qué ha fallado en la protección de estas menores. Además, dada la delicadeza del caso, ha pedido prudencia y que se respete la intimidad y el anonimato de las menores.