Tener derecho al aborto en todas las regiones, tarea pendiente en España

María G. de Montis | Madrid - 28 septiembre, 2022

Unas 100.000 mujeres abortan anualmente de media en España desde que, en 2010, se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta los 14 meses de gestación, con descensos por debajo de ese umbral en los últimos años. Se trata de un derecho blindado por ley al que, sin embargo, no se tiene el mismo acceso en todo el territorio nacional, como denuncian desde hace años especialistas de la sanidad y afectadas.

«Hay mucha variabilidad, mucha desigualdad que genera inequidades: no es lo mismo vivir en Barcelona que en Palencia», apunta el vicepresidente de la sociedad Valenciana de Contracepción y Salud Reproductiva y miembro de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), el doctor José María Marí Juan, en una entrevista con Efeminista con motivo del Día Mundial por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el 28 de septiembre.

El aborto, en entornos privados

Y es que el 87,25 % de los más de 80.000 abortos que se llevaron a cabo en España en 2020 se realizó en entornos extra hospitalarios, de los que el 78,04 % fueron en centros privados.

«El hecho de que el aborto sea accesible es una cuestión de voluntad política: de los que están, de los que tienen la red y las instituciones, y, por tanto, la responsabilidad de velar por la salud de todas las ciudadanas y ciudadanos», señala el doctor, que cita como la principal lacra que en España «el sistema público no asuma la mayoría de los casos» de interrupción voluntaria del embarazo, «sino que la mayoría son clínicas acreditadas, privadas».

Y con ello, aclara, no se pierde calidad ni en el trato ni en la atención, «son gente muy preparada», dice, sino cercanía con el paciente. «Las mujeres que acuden a estos centros son tratadas con dignidad y seguridad; estamos más o menos en los estándares europeos», apunta, y recuerda que la mayoría de los casos de aborto por malformaciones en el feto o problemas de salud derivados del embarazo «ya se están asumiendo en prácticamente todas las comunidades por el sistema público, pero tenemos margen de mejora».

«Sobre todo en la cercanía, en acercar el procedimiento a todas las mujeres para que ninguna tenga que desplazarse de provincia, o incluso de comunidad, para llevar a cabo el proceso», añade.

Reformas en la ley del aborto

En los últimos doce años, los gobiernos de España han reformulado en varias ocasiones el derecho al aborto. La primera vez, en 2010, con la ley orgánica que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo durante las 14 primeras semanas de gestación; en 2015, con una reforma que «añadió seguridad jurídica a los procedimientos», pero también restringió el acceso a los mismos; y este 2022, en un proyecto de ley que ya ha sido aprobado en el Consejo de Ministros y que ahora espera el trámite parlamentario para «blindar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública».

«Originalmente, cuando se despenalizó con la ley anterior, la máxima prioridad fue que la intervención se realizara en condiciones de seguridad para todas las mujeres», explica Marí Juan. «Pero la accesibilidad en ese entonces fue una prioridad menor. Hay un aspecto de la ley de 2010 que se cumplió bajo mínimos: la educación sexual. Y en la segunda norma, la de 2015, se añadió seguridad jurídica a los procedimientos, pero no se mejoró el accesibilidad, no se mejoró el acceso desde el sistema público».

Y de esos barros, estos lodos. Según datos del Ministerio de Sanidad, hasta en cuatro comunidades autónomas no hay centros de salud públicos en los que se notifiquen interrupciones voluntarias del embarazo: Murcia, Extremadura, Castilla La Mancha y Madrid, aunque sí cuentan con centros privados (cinco, uno, dos y siete, respectivamente).

Un mapa roto por el acceso al derecho

En los últimos diez años, «Cataluña es donde más ha aumentado el número de centros públicos que reportan interrupciones de embarazo, porque están haciendo el aborto farmacológico (un procedimiento en el que se utiliza un medicamento para interrumpir un embarazo) desde la atención primaria y ahora hay más centros acreditados», explica el especialista, que también apunta a un incremento en Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra.

Pero hay comunidades «como Castilla y León», añade Marí Juan, «con provincias que llevan desde que el auto es legal en España sin practicar ningún aborto. Es decir, la accesibilidad a esta prestación de mujeres que viven en Zamora o Palencia, por ejemplo, es nula: tienen que desplazarse a otras provincias e incluso a otras comunidades para acceder a ese servicio».

«Y luego hay comunidades en las que se ha retrocedido en los últimos diez años. Es el caso de Murcia y la Comunidad de Madrid, donde antes había dos hospitales que reportaban intervenciones de embarazo y en la actualidad no hay ninguno», destaca.

La nueva ley

Respecto a la nueva ley del aborto, que se envió a las Cortes el pasado 30 de agosto y que pretende blindar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, así como regular otros derechos sexuales y reproductivos, el doctor se muestra optimista: «Tiene ciertas implicaciones, ciertas mejoras directas», asegura.

Y apunta a que cuando la ley entre en vigor, después del trámite parlamentario, las jóvenes de 16 y 17 años ya no necesitarán el consentimiento paterno para interrumpir su embarazo de forma voluntaria, por lo que se suprime el requisito que incorporó en 2015 el PP en su modificación de la ley vigente de 2010. «Eso ya es eliminar una barrera que actualmente está suponiendo un problema, que favorece la accesibilidad», explica.

«Lo que hay que pensar es que la sociedad española ha cambiado mucho en estos años. La gente se alarma porque piensa que las jovenes de 16 años van a abortar todos los días solas, pero eso no es real», dice. «Lo que ocurre actualmente es que a la chica la llevan sus padres, porque hay muchísimos estudios que dicen que, a esa edad, es un embarazo de riesgo. Y porque la maternidad a esa edad comporta problemas gravísimos laborales, económicos y sociales después».

Adiós a los tres días de reflexión

Marí Juan también aplaude la eliminación del periodo de tres días de reflexión previos al aborto. «Eso suponía una visita más al centro», aclara. «Y tal y como están las circunstancias laborales y que, como decía en ocasiones eso supone desplazarse de provincia… Los tres días de reflexión no hacen falta para nada: las mujeres van con la decisión tomada».

Y recuerda que hay un aspecto de la norma de 2010 que no se ejecutó correctamente y con el que hay una deuda pendiente: la educación sexual, que, como ocurre con el aborto, «se imparte de formas muy distintas dependiendo de la comunidad autónoma». «La anticoncepción debe formar parte de la atención a la mujer», añade.

«En esos dos aspectos, en acercar el aborto a la atención primaria y en que la anticoncepción forme parte del aborto es en lo que tendríamos que mejorar los próximos años», concluye el doctor.

Día Mundial por el Acceso al Aborto Legal y Seguro

El 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Aborto Seguro, cuyo objetivo es evitar que millones de mujeres en el mundo sigan muriendo por no tener acceso a un aborto seguro. Se calcula que al menos 22.000 mujeres adultas y jóvenes mueren cada año a causa de abortos no seguros. El 97 % de los casos se dan en África, Latinoamérica y el sur y oeste de Asia.

Además, 7 millones de mujeres tienen que ser hospitalizadas por problemas derivados de estas intervenciones, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según los cálculos de la organización, entre 2010 y 2014 hubo en el mundo, cada año, unos 25 millones de abortos sin condiciones de seguridad. De ellos, 8 millones fueron practicados en las condiciones que menos seguridad ofrecen o en condiciones peligrosas.

El aborto en España, en datos

España se sumó a esta campaña en 2009, mientras se promovía la modificación de la ley del aborto que finalmente vio la luz en 2010: la Ley Orgánica 2/2010, del 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En España, en 2020, el último año del que se tienen datos, se notificaron al Ministerio de Sanidad 88.269 interrupciones voluntarias del embarazo en todo el territorio nacional. Eso supone una tasa de 10,33 por cada 1.000 mujeres. 

Del total de mujeres que interrumpieron su embarazo en 2020, 257 eran menores de 15 años; 8.407 tenían entre 15 y 19; 18.288 entre 20 y 24; 19.279, el grupo más numeroso, entre 25 y 29; 18.569 entre 30 y 34; 15.738 entre 35 y 39; y 7.057 entre 40 y 44 años. También se notificaron 674 abortos en mayores de 44 años.

Aunque los motivos que llevan a finalizar un embarazo son diferentes en cada caso, Sanidad indica que una amplia mayoría de los abortos practicados en 2020 (90,87%) fueron a petición de la mujer. El 9% restante se divide entre el 5,73 % de los abortos que se dio por «graves riesgos para la vida o salud de la embarazada» y el 3,10 % «por riesgo de graves anomalías en el feto».