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El Defensor del Pueblo recibió 16 quejas por pulseras antimaltrato en los últimos 10 años

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha informado de que su institución ha recibido 16 quejas por problemas con los dispositivos telemáticos de seguimiento de agresores machistas en los últimos 10 años, siendo más abundantes desde 2023.

Gabilondo, que compareció en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo a petición del PP y Vox, explicó que el Defensor tiene conocimiento de problemas con las pulseras desde 2013, aunque de las 1.500 quejas recibidas en materia de violencia de género, solo 16 eran específicas sobre estos dispositivos.

Las quejas más numerosas, dijo, tienen que ver con la falta cobertura en el mundo rural, la obsolescencia de los dispositivos o el uso indebido de las tarjetas SIM por parte de las compañías operativas.

"Propuestas de mejora concretas"

En los últimos dos años, a los problemas técnicos habituales se han sumado otros como la falta de coordinación entre servicios de protección y la coexistencia de varios sistemas telemáticos que, en sus palabras, "no se comunican entre sí" o no cumplen las necesidades de determinadas víctimas, como aquellas con algún tipo de discapacidad.

En este sentido, el Defensor del Pueblo ha pedido poner en el centro "las necesidades de las víctimas" en la mejora de estos sistemas, así como afrontar los problemas de este servicio "desde una perspectiva global".

Asimismo, ha asegurado que, desde la implantación de las pulseras de seguimiento, la institución ha investigado no solo estos dispositivos, sino también el sistema Cometa y todos los sistemas de asistencia telemática a las víctimas de violencia de género creados por el Estado.

Gabilondo ha puesto en valor que las actuaciones del Defensor del Pueblo han logrado, entre otras cosas, mejoras en la tecnología de los dispositivos, en la coordinación de los servicios de protección, en los protocolos para incluir a víctimas de violencia sexual, y en los sistemas de comunicación entre juzgados y víctimas.

"No se ha producido un cuestionamiento general del sistema de protección a las víctimas, sino propuestas de mejora concretas", ha subrayado.

La desigualdad entre la ciudadanía

El Defensor del Pueblo también se ha pronunciado sobre la crisis de la vivienda, intervención durante la que ha reconocido que el precio del alquiler y compra de casas es un factor que "ahonda de manera determinante en la desigualdad entre los ciudadanos y condiciona su bienestar, su desarrollo personal y el disfrute del resto de sus derechos".

Gabilondo, cuyo departamento ha recibido 822 quejas sobre esta materia en el último año, ha recordado que el derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución, por lo que, en su opinión, los poderes públicos "deben hacerlo realidad" a través de normas "pertinentes".

En esta línea, ha pedido al Congreso que de respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía en materia de vivienda y ha exigido consenso entre todas las administraciones públicas para abordar el problema.
Por último, ha elogiado las iniciativas públicas para facilitar el acceso a la vivienda y ha recordado que "público no se opone a privado".