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El Defensor del Pueblo advierte de abusos y violencia sexual en el sistema de protección de menores

El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha advertido sobre casos de abusos o explotación sexual en el sistema de protección de menores de las administraciones, que ha calificado de "un gravísimo ataque a los derechos humanos" que debe ser atajado "con rigor y firmeza", por la sociedad y los poderes públicos.

Gabilondo ha registrado en las Cortes Generales el informe 'El sistema de protección de menores ante los casos de violencia sexual', en el que formula once recomendaciones a la Administración del Estado y a diferentes órganos autonómicos con competencias en protección de la infancia y la adolescencia, para mejorar la protección de menores que se encuentren bajo su tutela.

Tras tener conocimiento de diversos casos de abusos a menores que se encontraban en centros de protección, la institución inició en 2022 una actuación de oficio con las administraciones públicas competentes para recabar información sobre esos casos.

La actuación, ampliada en los últimos años, se complementó con la visita a varios centros de menores tutelados en distintas localidades de España con el objetivo de conocer de primera mano "el contexto en el que se habían producido los abusos, cómo se habían detectado, cómo se había articulado el trabajo de los profesionales y cómo se había trabajado con las víctimas", según explica la entidad en un comunicado.

El informe señala que la mayoría de las administraciones no disponían de información de calidad y completa ni tratada estadísticamente sobre los casos producidos mientras los menores estaban bajo la protección del sistema.

Elaborar un informe sobre el riesgo de explotación y abuso sexual

Entre las recomendaciones destaca que tanto el Ministerio de Juventud e Infancia como los órganos competentes en las administraciones autonómicas elaboren un estudio sobre el riesgo de explotación y abuso sexual de estos menores, tanto en los centros residenciales como en las familias de acogida.

La institución también reclama que cada comunidad autónoma apruebe la disposición general que regule los requisitos mínimos que las administraciones deben cumplir en materia de organización, personal técnico y auxiliar, materiales, protocolos de actuación y régimen de infracciones y sanciones.

El Defensor del Pueblo recuerda también que la normativa vigente prevé que todas las entidades públicas de protección de menores cuenten con protocolos de actuación para la prevención, detección precoz e intervención frente a situaciones de violencia sexual, e insta a aprobarlos en caso de no disponer aún de ellos.

Más formación y educación sexual

El informe sugiere además ampliar la formación de los profesionales de estos centros en materia de detección, abordaje y acompañamiento de las situaciones de violencia sexual, así como contar con la figura de un técnico de referencia e implementar programas educativos sobre una vida afectivo-sexual saludable y sobre seguridad en las redes sociales.

Además, solicita impulsar la puesta en marcha del Registro Unificado de Servicios Sociales de Violencia Infantil y el Registro Central de Información sobre Violencia contra la Infancia y Adolescencia, previstos en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

Por último, la institución recomienda a la Secretaría de Estado de Justicia, del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, promover la creación de más instancias judiciales especializadas en este ámbito, reforzar la atención multidisciplinar a los afectados y evitar la revictimización.