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Últimos crímenes machistas en España ponen sobre la mesa revisar el sistema de valoración de riesgo

Las víctimas mortales de violencia de género en España en lo que va de año ascienden a diez, un dato alarmante que se agrava con el hecho de que la mitad hubieran presentado una denuncia previa por malos tratos contra su presunto agresor y que indica la necesidad de mejorar el sistema de protección, como ha reconocido recientemente la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

"No tenemos un sistema perfecto, ojalá, porque eso nos daría otros resultados. No tenemos un sistema infalible, pero es evidente que nuestro objetivo y nuestra voluntad política es seguir mejorando", ha señalado Redondo en una rueda de prensa, durante la que avanzó que está estudiando con el Ministerio del Interior cómo "perfeccionar" el sistema de valoración del riesgo.

En opinión de la magistrada y exdelegada del Gobierno contra la violencia de género Victoria Rosell, la última escalada de crímenes machistas obliga a Igualdad a convocar un Comité de Crisis, algo que Redondo avanzó que se hará "próximamente", aunque no aclaró la fecha.

Corregir los fallos en el sistema

"Hay que admitir los fallos y actuar en consecuencia. Con lo difícil que es para las mujeres denunciar la violencia de género en pareja las instituciones no pueden quedarse en un mensaje de denuncia", asevera Rosell en conversaciones con EFE, donde reivindica la necesidad de sacar conclusiones a cerca de lo que falló caso a caso y tomar medidas para mejorar la protección.

Para la magistrada, es indispensable "analizar las costuras del sistema para detectar realmente donde, por muy bien que esté escrito, fallan los factores humanos, la valoración del riesgo de VioGén, la adopción de medidas, la credibilidad de las mujeres o el ámbito judicial".

Como explica a EFE la abogada especialista en violencia de género y miembro del comité asesor de esta materia en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Gema Cornejo, el sistema de valoración del riesgo de las víctimas de violencia machista consiste en una serie de preguntas como la existencia de denuncias previas; si han sufrido agresiones, amenazas, vejaciones o insultos, o si han sido forzadas a mantener relaciones sexuales.

También se plantean cuestiones relacionadas con el agresor, como si este posee armas, ha manifestado celos exagerados, sospecha alguna infidelidad, o controla el acceso a redes sociales, el tiempo de desplazamiento al trabajo, las relaciones sociales o la economía familiar.

Por último, se estudia la vulnerabilidad de la víctima, basándose en si ésta tiene hijos menores a cargo, si presenta alguna discapacidad, si ha manifestado ideas suicidas, si tiene alguna adicción o si cuenta con una red de apoyo.

La reevaluación del riesgo

"Este sistema no deja de ser un programa informático", lamenta Cornejo, con quien comparte opinión Rosell, en cuyas palabras la evaluación la realiza un sistema "de algoritmos" cuyo diseño "no es muy transparente" y no está sometido a evaluación de expertas con perspectiva de género.

La exdelegada del Gobierno asume que la reevaluación del riesgo "tiene fallos que hay que estudiar" y propone, por ejemplo, considerar un aumento del riesgo cuando en el marco de una orden de alejamiento activa se pacta un régimen de visitas entre el padre y los menores.

Otro de los obstáculos, resalta Cornejo, es el hecho de que, en ocasiones, el sistema judicial "infravalore" la violencia psicológica. En parte, concreta, porque "no se tiene en cuenta", pero también porque es "muy complejo acreditarla en una primera denuncia".

"En un juicio rápido no se va a hacer una valoración psicológica porque materialmente es imposible", lamenta la abogada, quien señala que este tipo de violencia "se detecta con el tiempo", cuando la víctima se siente más segura o ve la importancia de conductas que había pasado por alto.

Juicios rápidos y falta de medios

Rosell lamenta que, en ocasiones, los juzgados de guardia de violencia sobre la mujer puedan llegar a tener entre seis y once casos en una mañana, por lo que, en general, priorizan "muchísimo" un juicio rápido por el delito menos grave.

"Aunque sepan que hay unos malos tratos habituales durante años se prioriza conseguir una condena rápida por la última agresión ocasional o la última amenaza", explica la magistrada, quien afea que en otros delitos no sea así: "No nos conformamos con imponer a un estafador una condena por hurto", asevera.

Cornejo también denuncia que en algunas comisarías no se permita a las víctimas presentar toda la información o las pruebas con las que cuentan desde un primer momento.

"Hay determinadas comisarías que no admiten algunas de las pruebas que las mujeres tienen cuando presentan la denuncia y las instan a llevarlas directamente al juzgado, pero cuando llegan allí, como no lo han incorporado en la denuncia, se les dice que no existe prueba", asegura.

En ese sentido, Rosell exige "dotar de buenos medios a los juzgados, no tanto materiales como humanos y de especialización". "Creo que, por mucho que nos duela o nos moleste el cuestionamiento en la judicatura, la realidad es que no hay formación especializada obligatoria", expresa.

Quebrantamiento de la orden de alejamiento

La semana pasada, Igualdad propuso ampliar el ratio de distancia en las órdenes de alejamiento para mejorar la protección de las víctimas, una medida que Cornejo considera que podría ayudar, aunque asegura que lo más importante es acabar con la "impunidad" que algunos agresores sienten a la hora de quebrantar esta condena.

"Muchos quebrantan la orden de alejamiento como método de hostigamiento hacia las víctimas", defiende la abogada, quien cree que, "en el momento en el que vieran que eso tiene consecuencias cesarían esas prácticas".

Con todo, Cornejo reivindica que el sistema de protección salva muchas vidas y anima a todas las mujeres que sufren violencia de género a ponerlo en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad y las instituciones: "No pueden dejar de denunciar por miedo".