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Luz verde definitiva a la reforma de la dependencia y la discapacidad

El Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que amplía los servicios y prestaciones de los dependientes y personas con discapacidad, prioriza la voluntad y circunstancias de cada persona y agiliza los procesos administrativos para el reconocimiento de su situación, y lo ha hecho sin las principales enmiendas incorporadas por el PP en el senado y acordadas con algunos grupos.

Durante el debate, los grupos que habían consensuado enmiendas en el Senado han criticado que el Gobierno haya vetado algunas de ellas impidiendo su votación en esta fase final, como la de ampliar sin límite de edad la prestación CUME que reciben los padres con hijos con cáncer o enfermedad graves que actualmente se extiende hasta los 26 años.

No obstante, sí se han incluido finalmente algunas de esas enmiendas del Senado en relación con la prestación CUME, para simplificar y agilizar su resolución, la protección de trabajadores autónomos para la prórroga del permiso y para que la escolarización no pueda ser causa automática de pérdida de prestaciones, entre otras.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha destacado que la reforma supone una "refundación del modelo de cuidados en España" y ha recordado que gracias al real decreto de financiación convalidado en el Parlamento en julio las comunidades han recibido más de 517 millones de euros adicionales solo en dos meses, que serán un total de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.

"Ya no hay excusas: las listas de espera deben reducirse a la mitad en 2027 y desaparecer en 2028. Nuestro compromiso es total y ahora toca que todas las comunidades autónomas remen a favor para hacerlo una realidad", ha aseverado.

En su intervención, Bustinduy ha rehusado entrar "en un choque" con el PP que ha recordado no quiso negociar la ley durante el trámite parlamentario en la Cámara Alta, ni con Vox, al que ha recordado que votó en contra de la reforma en el Congreso y luego aprobó enmiendas en el Senado.

Apoyo a la reforma con críticas al veto

La diputada del PP Violante Tomás ha destacado que su partido aprobó 45 enmiendas en el Senado "para mejorar la vida de las personas, eliminar barreras y reducir impuestos" y ha calificado de "inconstitucional" el veto y "la cobardía de impedir el debate que había puesto de acuerdo a muchos grupos".

"Queremos que esos derechos sean reales y saber quien los va a financiar" cuando el gobierno no ha aprobado ni presupuestos, ha señalado la diputada popular.

La diputada socialista Inés Plaza ha reprochado al PP que se negara a negociar durante la tramitación en el Congreso y que cuando llegó la ley al Senado quisiera "darle la vuelta como un calcetín" a la ley: "Lo utiliza como si fuera su cortijo".

Ha recordado que el Gobierno ya está negociando con las familias la ampliación de la CUME y ha opinado que algunas enmiendas del Senado "ponen en peligro la educación inclusiva" y segregan a los niños y niñas con discapacidad.

Protesta frente al Congreso de los Diputados para visibilizar la realidad de las familias CUME y mostrar su preocupación y rechazo ante varias cuestiones del texto, en una imagen de archivo. EFE/ Rodrigo Jiménez

Jordi Salvador i Duch, del Grupo Republicano, ha confirmado su apoyo a la reforma, pero ha advertido: "No es un aplauso del todo, si no a medias, con memoria, condiciones y vigilancia". "Es un hurto a la representación directa del pueblo, no entendemos el veto. La CUME no es de ningún partido".

Desde Junts, Pilar Calvo también ha criticado el veto a las enmienda para flexibilizar la prestación CUME, eliminar el copago en pacientes de ELA o para la reducción del IVA en productos para personas con discapacidad.

"Le falta valentía, pero incorpora avances que mejoran la vida de miles de familias", ha señalado Marijé Fullaondo, de EH Bildu, pero deja cuestiones pendientes como la retroactividad de las prestaciones o avanzar hacia la exención completa del copago.

Nerea Rentería, del Grupo Vasco, ha justificado su postura "constructiva y de apoyo" a la ley porque adapta la legislación al artículo 49 de la Constitución y avanza en derechos, aunque también ha criticado el veto que "ignora lo acordado".

"Contiene avances importantes, pero un derecho no es real si la financiación no llega a tiempo y si depende de si vives en un lugar o en otro", ha señalado Noemí Santana, de Podemos.

Desde el BNG, Néstor Rego ha asegurado que la aprobación de la ley "es una buena noticia" porque incorpora medidas que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de dependientes y personas con discapacidad, aunque reclama que haya recursos necesarios para garantizar esos nuevo derechos y la ley "no sea papel mojado".

El diputado de Sumar Lander Martínez Hierro ha destacado los avances de la ley y que ponga el foco en la persona respetando su voluntad de donde quiere vivir y qué apoyos necesita.

En su intervención, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha enfatizado en su postura de que cualquier norma debe dar prioridad a los españoles.

Coincidiendo con el debate, varios cientos de personas se han concentrado frente al Congreso, convocadas por la asociación Asfacume, para reclamar cambios en la prestación CUME con la que los progenitores pueden reducir su jornada a partir de un 50 % para cuidar a menores con cáncer u otras enfermedades graves.

Claves de la reforma

Estos son los principales cambios en la ley de dependencia:

- Elimina incompatibilidades para que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones.

- Refuerza el derecho de cada persona a elegir el servicio o prestación que desea de manera que el sistema podrá ajustarse a las prestaciones que cada persona usuaria necesite.

- La asistencia personal queda blindada como servicio y podrá ofrecerse más allá del entorno domiciliario, como acompañamiento para hacer la compra o ir al médico.

- Amplía el concepto de cuidador y reconoce que personas del mismo entorno relacional puedan ofrecer cuidados.

- La teleasistencia será un derecho para todas las personas que tengan reconocida una dependencia y permitirá hacer un seguimiento de cómo está el usuario a través de otros dispositivos como, por ejemplo, las pulseras geolocalizables.

- La reforma garantiza por ley que el estado abone las cotizaciones de las cuidadoras principales (la mayoría son mujeres), así como la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas cuidadoras.

- Reduce los plazos para reconocer prestaciones, que pasa de 6 meses a 3 meses.

-Los cambios en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social despliegan el mandato del artículo 49 de la Constitución y consolidan derechos de accesibilidad universal y autonomía personal.

- Permite el reconocimiento automático de un 33 % de discapacidad a aquellas personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65 % de discapacidad.

- Reconoce la accesibilidad universal como un derecho, de forma que las personas con discapacidad podrán reclamar la accesibilidad en servicios o en edificios que sean públicos.

- Obliga a las comunidades de vecinos a pedir ayudas para hacer obras de accesibilidad en viviendas si alguna de las personas residentes así lo solicita y facilita los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75 al 70 % el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad.

- Atención temprana como derecho subjetivo para garantizar que los gobiernos autonómicos atiendan a todos los menores de 6 años que presenten trastornos en el desarrollo o tengan riesgo de desarrollarlo.

- Prohíbe la discriminación en los seguros hacia las personas con discapacidad y se regula la figura de un facilitador procesal en los procesos judiciales.