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El nuevo código penal talibán legaliza la violencia contra las mujeres y las sitúa por debajo de los animales

La nueva normativa penal impuesta por el régimen talibán en Afganistán ilustra con crudeza el lugar que ocupan las mujeres en el país y consolida un modelo legal que institucionaliza el apartheid de género y legaliza la violencia de género: la violencia física grave contra una esposa apenas acarrea quince días de cárcel mientras obligar a animales a pelear se castiga con hasta cinco meses de prisión.

Esta diferencia, recogida en varios artículos del reglamento, simboliza, según denuncia un análisis del Georgetown Institute for Women, Peace and Security, una estructura legal diseñada para normalizar la subordinación femenina y convertir la violencia de género en una práctica impune.

El contraste más simbólico aparece al comparar sanciones previstas en distintos artículos: mientras el artículo 70 establece cinco meses de prisión para quien obligue a animales como camellos o aves a pelear, el artículo 32 fija una pena de apenas quince días de cárcel para el marido que golpee a su esposa hasta causarle fracturas o lesiones visibles, siempre que ella logre demostrarlo ante un juez.

Una código penal que legaliza la violencia machista

Para la autora del texto que publica Georgetown Institute for Women, Peace and Security, la investigadora Belquis Ahmadi, esta diferencia refleja una jerarquía legal que minimiza y justifica la violencia contra las mujeres.

"Esta desigualdad constituye discriminación por razón de sexo y socava el derecho de las mujeres a una protección igual ante la ley", señala el informe, que advierte de que rebajar jurídicamente la violencia doméstica contribuye a un patrón más amplio de persecución de género cuando se aplica como política de Estado.

La regulación, firmada el 7 de enero de 2026 por el líder supremo talibán y compuesta por 119 artículos, fue conocida públicamente semanas después tras su publicación en lengua pastún por la organización Rawadari.

Según el análisis difundido el 30 de enero por el instituto vinculado a la Universidad de Georgetown, el texto va más allá de una reforma procesal y consolida un sistema de control ideológico que afecta de forma directa a las mujeres, en un contexto marcado por años de restricciones crecientes.

En estos cuatro años, desde el 15 de agosto de 2021, los talibanes han impuesto una serie de restricciones que excluyen sistemáticamente a las mujeres de la vida pública y las despojan de todos sus derechos y libertades: han prohibido la educación secundaria y universitaria, el trabajo en ONGs, en la ONU y en la mayoría de sectores. También han impuesto el uso obligatorio del burka, prohibido la voz de las mujeres en público, restringido la movilidad sin tutor masculino y aplicado una estricta segregación por sexo.

A ello se suma la prohibición de la educación secundaria para niñas, que ha dejado a 2,2 millones fuera del sistema escolar en cuatro años.

Institucionalización del castigo por apostasía femenina

La nueva normativa penal también limita la libertad de movimiento de las mujeres. El artículo 34 considera delito que una esposa abandone su casa sin permiso del marido y prevé hasta tres meses de prisión tanto para ella como para los familiares que la acojan si se niegan a devolverla tras una orden judicial.

Otra medida especialmente severa aparece en el artículo 58, que establece cadena perpetua y diez latigazos cada tres días para las mujeres acusadas de apostasía con el objetivo explícito de forzarlas a aceptar el islam. El informe señala que esta disposición institucionaliza un castigo basado en el género, ya que solo se aplica a las mujeres, y podría facilitar detenciones arbitrarias, dado que las acusaciones de apostasía suelen apoyarse en pruebas débiles o interpretaciones subjetivas.

"En conjunto, estas disposiciones reducen a las mujeres a la condición de dependientes bajo el control masculino, les niegan autonomía sobre sus cuerpos, movimientos y creencias, e institucionalizan la violencia como herramienta de disciplina social. El reglamento no reconoce a las mujeres como titulares de derechos, sino como sujetos que deben ser controlados, castigados y devueltos, por la fuerza si es necesario", denuncia Georgetown Institute for Women, Peace and Security.

Además de las restricciones directas contra las mujeres, el reglamento introduce un sistema jerárquico que agrava la discriminación social. El artículo 9 clasifica a la población en cuatro categorías (eruditos religiosos, élites, clase media y clase baja) y establece sanciones más duras, incluidos azotes y amenazas, para quienes se sitúan en los niveles inferiores.

El artículo 15 reconoce expresamente la existencia de personas "libres o esclavizadas", lo que, según el análisis, contradice principios fundamentales del derecho internacional.

Vigilancia constante contra mujeres y niñas

El texto también amplía el alcance del control social al permitir que cualquier musulmán castigue con pistola eléctrica o tasser lo que considere un "pecado" en nombre de la prevención del vicio. Del mismo modo, los esposos tienen la facultad explícita de castigar a sus esposas.

Esta delegación de poder, combinada con artículos que penalizan a quien no denuncie reuniones consideradas subversivas, crea un entorno de vigilancia constante que afecta especialmente a mujeres y niñas, al aumentar el riesgo de denuncias y represalias en la vida cotidiana.

Por su parte, la ONG afgana Rawadari ha denunciado que el documento "no es compatible con ninguno de los estándares básicos de un juicio justo", al vulnerar principios como la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, la prohibición de la tortura o el derecho a una defensa efectiva.

"El contenido es sumamente preocupante y está en claro conflicto con las normas internacionales de derechos humanos y los principios fundamentales del juicio justo, porque según este documento se han oficializado y legalizado la discriminación contra las minorías religiosas y la supresión de las libertades fundamentales de las personas, incluidas las violaciones de la dignidad humana, las violaciones de la libertad de expresión y de pensamiento y las detenciones y castigos arbitrarios", lamentan.