Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador demanda nuevas recomendaciones a la CEDAW

“El Estado ecuatoriano tiene una deuda pendiente con las mujeres”, manifiesta una de las representantes de la Coalición de Mujeres del Ecuador, Lizi Ernst, en la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés).

En una rueda de prensa celebrada en Quito, representantes de esta Coalición integrada por 13 organizaciones a nivel nacional dieron a conocer las conclusiones principales del “Informe Sombra CEDAW+25”, en el que analizan el cumplimiento por parte de Ecuador de los lineamientos marcados por la Convención y pidieron nuevas recomendaciones en materia de derechos sexuales y reproductivos al Estado.

Elaborado entre marzo y septiembre de este año, el informe presentado a la CEDAW contó con la participación de un centenar de mujeres y recoge testimonios y reuniones virtuales que se produjeron en el contexto de la crisis sanitaria.

41.900 ecuatorianas desatendidas

Ernst añadió que “la pandemia significó para las mujeres un esfuerzo mayor, combinar el trabajo de la casa, el teletrabajo, a veces en contextos de violencia“.

Precisamente el informe advierte que durante la pandemia se produjo un crecimiento de llamadas a servicios de emergencias sobre situaciones de violencia física y sexual. Mientras que 3.128 mujeres fueron atendidas, 41.900 mujeres no recibieron apoyo debido al recorte de los equipos de Servicios de Protección Integral.

La responsable de la fundación Desafío, Virginia Gómez, ha remarcado que el documento hace especial hincapié en “todas las dificultades que tenemos mujeres, niñas y adolescentes en relación al ejercicio de derechos sexuales y reproductivos”. Y lamenta que desde el Estado, “no se quiere promover ni ejecutar un programa de educación sexual integral”.

Oídos sordos y ciegos ante los derechos de la mujer

A la espera de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre una demanda presentada por grupos de mujeres para ampliar los supuestos del aborto, Gómez exigió que se despenalice en casos de violación, incesto o malformaciones fetales, y se ponga en práctica la legislación relativa a la violencia contra mujeres y niñas.

“La CEDAW va a tener que volver a repetir las recomendaciones, porque el país hace oídos sordos y ciegos”, criticó. La presentación del informe coincide con el 77 período de sesiones de la CEDAW, adoptada en 1979 por la Asamblea General de la ONU.

“Las barreras para ejercer nuestros derechos deben extinguirse, el Estado y sus instituciones cuentan con políticas enfocadas en las mujeres y su derecho a una vida libre de violencias”, reza un comunicado emitido por la Coalición de Mujeres ecuatorianas.

Pese a ello, lamentan que el Plan Nacional de Erradicación de Violencia contra las Mujeres y la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres no termine de aplicarse.

Entre los llamamientos figuran que se declaren esenciales los servicios de salud sexual y reproductiva, con recursos suficientes, y acusan al Estado de continuar “incumpliendo las recomendaciones de Naciones Unidas sobre la importancia de despenalizar el aborto en casos de violación y su relación con el derecho a la salud”.