“Ceguera social” ante la explotación sexual en España

La pandemia provocada por la COVID-19 ha sumido a las mujeres obligadas a prostituirse en una “absoluta invisibilidad” y ha evidenciado que la sociedad española sigue siendo ciega ante la lacra de la prostitución.

Así lo denuncia Médicos del Mundo (MdM) con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que se celebra cada 23 de septiembre y que este año ha puesto el foco en la invisibilidad y precariedad de las mujeres prostituidas, exacerbada con motivo del coronavirus.

Las más ocultadas por la pandemia

“Con esta campaña, buscamos sacar a la luz a las personas que han quedado más ocultadas por la pandemia y a la vez generar rechazo social hacia quienes consumen, sostienen y financian el negocio de la prostitución”, explica la vicepresidenta de la organización humanitaria, Celsa Andrés.

La trata con fines de explotación sexual es el delito más frecuente de todos los tipos de trata y el 94 % de las víctimas son mujeres y niñas, según el Informe Global sobre Trata de Personas de Naciones Unidas (2018).

España es el primer consumidor de prostitución de Europa y el tercero del mundo, según la ONU, y entre un 20 y un 40 % de los hombres reconoce haber pagado por sexo.

“Nunca las habíamos visto en una situación tan precaria”

Desde Médicos del Mundo denuncian que a raíz del estado de alarma declarado en España el 14 de marzo por el coronavirus, se han encontrado con situaciones de todo tipo: desde proxenetas que no cesaron la actividad ni en pleno confinamiento a otros que se negaron a confesar con qué mujeres habían estado obstaculizando así el rastreo de contactos.

A ellos se suman, los hombres que aprovechan la situación de vulnerabilidad de las mujeres obligadas a prostituirse para presionar y tener sexo sin protección o para exigir un menor precio.

“A mayor situación de necesidad, menor capacidad de negociación, tanto de las prácticas sexuales como de las cantidades a percibir”, denuncian en un comunicado.

En el mismo, alertan de que, además de proveer servicios sanitarios propios de la ONG, han tenido que cubrir necesidades básicas como comida, alojamiento o tarjetas de teléfono, porque, subrayan, “nunca las habíamos visto en una situación tan precaria”.

“Durante la pandemia tuve muchas necesidades. Pasé hambre y no podía pagar el alquiler. Ni siquiera tenía gel o champú para lavarme”, relata Ingrid, una de las mujeres atendidas por MdM, que en 2020 se ha ocupado de más de 7.000 personas, de las cuales “590 presentan claros indicios de ser víctimas de trata” y de las que el 90% son mujeres.

Fuera de las ayudas del Gobierno

En la nueva normalidad, toda esta vulnerabilidad viene acompañada del miedo a contagiarse de coronavirus y de la falta de opciones para salir de la prostitución.

El Gobierno aprobó varias medidas de protección social durante el Estado de Alarma para apoyar a la población vulnerable frente al impacto económico y social de la pandemia. Entre ellas destacan la ampliación del Plan de Contingencia contra la Violencia de Género y el Real Decreto-Ley 20/2020 que instituye el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Sin embargo, ambas medidas, que a priori crearon expectativas, han dejado fuera a las mujeres prostituidas, según denuncian desde la ONG, que no han podido beneficiarse de estas ayudas debido a la situación administrativa irregular de la mayoría, a barreras tecnológicas y administrativas.