El día en que Carmen Conde fue elegida "académico" de la lengua

1978 fue el año en que los españoles nos dotamos, después de casi cuatro décadas de dictadura, de una Constitución democrática. Y fue también un año importante para el mundo de la lengua: dos siglos y medio después de su fundación, la Real Academia Española aceptaba por primera vez que una mujer, Carmen Conde, ocupara uno de sus sillones. Fue el 9 de febrero. 

Al día siguiente, uno de los principales diarios nacionales lo anunciaba así en su portada: "Carmen Conde, nuevo académico de la lengua".

Lo hacía con ese masculino rotundo y ya entonces innecesario (el Diccionario admitía desde mucho antes el femenino académica), pero que seguramente no llamó la atención en un país en el que las mujeres, que ya empezaban a ocupar mayores parcelas en el mundo profesional, eran abogados, arquitectos o, en contadas ocasiones, jefes, al mismo tiempo que, sin problema lingüístico alguno, trabajaban como asistentas, enfermeras o maestras. Una España a la que le faltaban aún tres años para que el femenino ministra recuperase su sentido tras décadas de gobiernos pura y exclusivamente masculinos.

Carmen Conde con Torcuato Luca de Tena. EFE

En estos cuarenta años muchas cosas han cambiado en el ámbito de la igualdad de género, hasta el punto de que hace apenas unos meses la polémica lingüística fue si el actual Gobierno, de mayoría femenina, podía seguir llamándose Consejo de Ministros, o más bien debería ser un Consejo de Ministros y Ministras o hasta un Consejo de Ministras.

La preocupación por si la lengua está reflejando adecuadamente los cambios sociales, y en particular el que se refiere al protagonismo femenino, es uno de los debates recurrentes en el mundo del idioma y ha llamado también a las puertas del texto constitucional.

¿Una Constitución en masculino?

El pasado mes de julio, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, encargó a la RAE un estudio sobre "la adecuación" de la Constitución a un lenguaje "inclusivo, correcto y verdadero con la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres".

El argumento del Ejecutivo es que la redacción del texto constitucional "en masculino" se corresponde con una sociedad de hace 40 años y traslada al cerebro solamente imágenes masculinas.

Pocos días después, el director de la Academia, Darío Villanueva, aseguraba que no cree que la española sea una Constitución «en masculino», sino «escrita en español, y el español tiene una gramática que es la decantación de siglos de lengua» que la han dotado de dos géneros. Y, como uno de los principios comunes a todas las lenguas románicas es el de economía del lenguaje, existe un género no marcado por el que el masculino incluye al femenino, explicaba.

"No se debe confundir género gramatical con sexo biológico, ni aceptar esa forma perversa de censura posmoderna que es la corrección política", asegura en declaraciones a Efe Villanueva, quien, no obstante, ha encargado un informe sobre el asunto a un grupo formado por dos académicos y dos académicas que luego deberá revisar, y en su caso aprobar, una comisión y más tarde el Pleno de la Academia.

La posición sobre este asunto marcada desde hace años por esa casa, las manifestaciones del propio Villanueva y la toma de posición de algunos académicos (el escritor Arturo Pérez-Reverte ha llegado a asegurar que dejará la Academia si esta propone adaptar la Constitución al lenguaje inclusivo) parecen indicar hacia dónde se inclinará el informe, que no tiene fecha prevista de entrega.

Otros colectivos, como el de las personas con discapacidad, han pedido también una revisión para eliminar de su artículo 49 la expresión disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, quizá adecuada en 1978 (por extraño que hoy nos parezca, entonces se celebraba todavía el Día del Subnormal), pero que a estas alturas del siglo XXI es mayoritariamente rechazada por ese sector y por la sociedad en general.

¿Español o castellano?

Desde el punto de vista de la lengua, la Constitución de 1978 aportaba una novedad fundamental que no había estado presente en ninguna de sus predecesoras (aunque se había apuntado en la republicana de 1931): el reconocimiento de las demás lenguas españolas, a las que no cita por sus nombres, como «oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía».

Un reconocimiento claro de un plurilingüismo que define como "una riqueza" y "un patrimonio que se debe proteger" y que se combina con la declaración del castellano como lengua oficial del Estado "que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar".

La decisión de llamar castellano y no español al idioma común, posiblemente influida por la necesidad de reconocer la existencia de otras lenguas tan españolas como él, fue muy debatida en su momento. El entonces académico y senador Camilo José Cela propuso en una enmienda finalmente rechazada que el texto hablara del "castellano o español", pues son términos sinónimos.

Esta, la de la denominación del idioma, es otra polémica que aún hoy da algunos coletazos, pero que la Academia da por resuelta desde hace mucho. "Para designar la lengua común de España y de muchas naciones de América, y que también se habla como propia en otras partes del mundo, son válidos los términos castellano y español. La polémica sobre cuál de estas denominaciones resulta más apropiada está hoy superada", asegura en el Diccionario panhispánico de dudas.