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Becas Soledad Cazorla, diez años junto a las víctimas invisibles de la violencia de género

El Fondo de Becas Soledad Cazorla cumple, este 2026, diez años de trabajo en apoyo a las hijas e hijos de mujeres asesinadas por violencia de género en España, una década en la que ha acompañado a 79 familias y concedido 288 becas a 135 menores.

Solo en lo que va de año, hasta el 11 de marzo, once mujeres han sido asesinadas en España, lo que eleva a 1.354 el total desde 2003, cuando comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales. Estos feminicidios han dejado diez menores huérfanos en 2026, una cifra que asciende a 514 desde 2013.

Además, dos menores han sido asesinados por sus padres en casos de violencia vicaria, lo que sitúa en 67 el número de niños y niñas víctimas mortales desde 2013.

La iniciativa, que nació el 19 de febrero de 2016, tras el fallecimiento en 2015 de la primera Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla Prieto, fue impulsada por su familia y es gestionada actualmente por la Fundación Mujeres.

"Mi madre solía decir que este colectivo eran las grandes víctimas olvidadas o las víctimas invisibles de la violencia de género", explica a Efeminista el promotor del Fondo e hijo de la fiscal, Joaquín García Cazorla.

Según subraya, como sociedad "nos cuesta pensar en que tras esos terribles crímenes quedan unos huérfanos y unas huérfanas que han perdido a sus dos grandes referentes vitales".

La fiscal del Tribunal Supremo María Soledad Cazorla Prieto es felicitada por su hijo, después de que ésta tomase posesión como Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer. EFE/Juan M. Espinosa

Vulnerabilidad tras el crimen machista

García Cazorla señala que la principal dificultad que afrontan los menores, así como los familiares que los acogen, es "el déficit de medios, no solo económicos, sino también informativos", que son necesarios para intentar que estos crímenes no "trunquen definitivamente sus posibilidades de desarrollo personal".

"Necesitan apoyo psicológico, en muchos casos un cambio de centro escolar o refuerzo educativo para no quedarse atrás. Y, al mismo tiempo, sus familias deben afrontar un procedimiento penal", indica.

A su juicio, tras el asesinato "se abren distintos frentes administrativos que requieren de mucho tiempo y conocimiento", y por ello, insiste en la importancia de contar con recursos de apoyo.

Además, para reforzar el acompañamiento emocional, en 2022 el Fondo impulsó 'Escucha su voz', un encuentro anual de convivencia para familias afectadas que se celebra cada año en una ciudad distinta, y cuyo objetivo es ofrecer un espacio seguro donde niños, niñas y familiares puedan compartir experiencias y reducir el aislamiento.

Becas y ayudas a las víctimas y sus familiares

En estos diez años, el Fondo ha centrado su labor en cuatro líneas: becas de estudios y apoyo psicológico, acompañamiento a familias acogedoras, asesoramiento jurídico gratuito e impulso de mejoras normativas.

Las ayudas, renovables hasta tres años, han permitido que parte de las personas beneficiarias continúen su formación académica y profesional, según señala García Cazorla.

"Han conseguido continuar con su desarrollo formativo, han cursado formaciones profesionales o estudios universitarios y ahora pues están plenamente insertados en el mundo laboral", revela.

El servicio de asesoramiento jurídico, por su parte, ha atendido más de 300 consultas de familias que, tras el asesinato, deben afrontar procedimientos penales y múltiples trámites administrativos.

Además, la entidad ha publicado ocho informes sobre la situación de la orfandad por violencia de género con el objetivo de sistematizar datos y detectar carencias, una labor de incidencia que contribuyó a reformas como la Ley Orgánica 3/2019 y la Ley Orgánica 2/2022, que mejoraron la protección y las pensiones de orfandad de estos menores.

Retos pendientes

No obstante, desde el Fondo de Becas Soledad Cazorla consideran que persisten carencias estructurales en la protección de las personas huérfanas por violencia de género.

García Cazorla resume las medidas urgentes en cuatro ejes. El primero, mejorar la recopilación y sistematización de datos, es decir, conocer con precisión cuántos huérfanos y huérfanas hay y cuántas ayudas se solicitan y se conceden.

El segundo, señala, tiene que ver con "universalizar el paraguas protector", de modo que todas las personas del colectivo accedan a un nivel equivalente de ayudas y pensiones, con independencia de la comunidad autónoma en la que residan.

El tercero, ampliar el límite de edad de la protección, que en muchos casos finaliza a los 18 años, cuando los jóvenes continúan en etapa formativa y no siempre pueden mantenerse de forma autónoma.

Y el cuarto, establecer un protocolo claro de actuación inmediata tras el crimen que reúna toda la información necesaria para las familias relativa a las ayudas disponibles, el acceso a la justicia gratuita y evite el "desamparo informativo" que, según subraya García Cazorla, se produce tras estos asesinatos.

"Ningún niño, ninguna niña, debería ver que su madre es agredida y asesinada dentro de su propia familia, en muchas ocasiones por su propio padre. No pudimos proteger a sus madres, pero sí podemos prestar vuestro apoyo para que las consecuencias de la violencia no trunquen el futuro de los hijos y las hijas de las mujeres asesinadas"- Soledad Cazorla.

Foto de la fiscal de sala delegada para la violencia sobre la mujer, Soledad Cazorla, en un encuentro informativo en Madrid. EFE/Juanjo Martín