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"Lo que la marea trajo y el viento no se llevó": el apoyo en Argentina a los derechos reproductivos en tiempos de Milei

La sociedad argentina ha llegado a un consenso sobre la importancia de los derechos sexuales y reproductivos, pese a los discursos reaccionarios y el asedio político que hay especialmente desde la llegada, en 2023, del presidente ultraderechista Javier Milei, lo que muestra que "el cambio cultural experimentado en las últimas décadas ha sido profundo" y que lo que la marea feminista y verde trajo el viento no se lo ha podido llevar.

Esas son las principales conclusiones del estudio Puntos de vista sobre género y derechos sexuales y reproductivos en Argentina 2024, realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), que expone que las y los argentinos tienen una "apreciación positiva de la relevancia de los problemas de las agendas de género y de derechos sexuales y reproductivos para el bienestar de las personas y para el Estado".

"Esto quiere decir que la sociedad argentina tiene altos niveles de adhesión entre el 50, 60 % y más a que los niños y niñas reciban educación sexual integral en las escuelas, a que las mujeres víctimas de violencia sexual sean asistidas por el Estado, a que las adolescentes puedan prevenir un embarazo no intencional y a que las personas tengan acceso al aborto seguro, por nombrar algunos de los valores y de las causas que indagamos", explica a Efeminista Silvina Ramos, investigadora titular de Cedes.

Ramos señala que la investigación es "una buena señal de que los procesos de cambio en las sociedades se instalan y que un discurso violento, misógino y anti género no está presente en la vida cotidiana de la gente".

"Las personas valoran lo que durante años pudimos construir, como vínculos sociales más igualitarios entre varones y mujeres, relaciones más igualitarias, y también una presencia del Estado y de las políticas públicas para resolver la desigualdad social", añade.

Desmantelamiento de políticas sin apoyo social

La investigadora señala que en el país se han registrado retrocesos vinculados a los derechos de las mujeres, ya que el presidente Milei desmanteló "muchas políticas públicas", como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, conocido como Plan Enia, los programas de asistencia a las víctimas de violencia sexual, de violencia de género, y también desfinanció "la compra de anticonceptivos" para las provincias.

Sin embargo, aunque ganó las elecciones con un discurso enfocado en el recorte fiscal, la sociedad argentina no considera que la inversión del Estado no es necesaria o que las políticas como estas no hacen falta.

De acuerdo al estudio, ocho de cada diez personas prefiere "un Estado más grande" que provea servicios a "un Estado más bien pequeño". La misma proporción de personas "considera que es necesario hacer mucho para asegurar la igualdad de derechos de todas las personas del país."

Una amplia mayoría (70 %) cree que el Estado debería "invertir mucho" o "bastante" para "facilitar métodos de prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual".

"Lo que Milei todavía no ha hecho, y nosotras somos de las que creemos que va a ser difícil que lo haga, es desmantelar las normativas como la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, porque eso tiene que pasar por el Congreso", asegura Ramos.

Por eso, añade, es vital "visibilizar lo que la sociedad piensa, cree y desea respecto a estos derechos" porque eso puede "ayudar a contrarrestar" esos intentos de tumbar las normativas. "Los y las legisladoras necesitan el voto y las personas también pueden evaluar a sus candidatos en función de cuánto se acercan a lo que las personas creen que es una sociedad que desean, que es justa, que es mejor y que necesitan".

La marea verde del aborto transformó Argentina

Casi la mitad de las personas encuestadas para esta investigación (un 49 %) considera que poder interrumpir un embarazo en condiciones seguras afecta positivamente la vida de las personas, aunque el apoyo mayoritario suele estar influenciado por las experiencias personales, es decir, la simpatía es mayor entre quienes tienen familiares, conocidas o amistades que se hayan realizado un aborto en algún momento de su vida.

"Yo creo que no es prioridad del Gobierno derogar la ley del aborto porque ellos deben tener sus encuestas y deben saber que la sociedad no comulga (con eso).  No se puede prever el futuro, pero hay algunos temas que la sociedad argentina ya dio vuelta a la página, que ya fueron debatidos", menciona Ramos.

Argentina hizo historia el 30 de diciembre de 2020 cuando el Senado aprobó el proyecto que permitió despenalizar y acceder libremente al aborto hasta la semana 14 de gestación. Este reclamo histórico de los colectivos feministas impulsado por la marea verde se cristalizó dos años después de que la misma cámara rechazase en 2018 una propuesta legislativa que tenía el mismo propósito.

"El debate sobre la legalización del aborto en Argentina fue uno de los más intensos, más democráticos y más amplios. Fueron al Congreso 800 voces y expertos. Tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores tuvo una visibilidad pública muy grande", recuerda.

La investigadora del Cedes aclara que "no es que no haya gente que siga estando en contra de la legalización del aborto", pero que "ese debate y esa construcción colectiva hizo amalgamar esta idea de que ya está. O sea, las mujeres no tienen por qué morirse ni sufrir ni enfrentar riesgos para su vida y su salud por intentar un aborto", afirma.

"Lo que nos une es siempre un proceso en construcción y con bases sólidas, incluso cuando el ruido haga parecer que esas bases no existen más. Lo que la marea trajo y el viento no se llevó es mucho más de lo que el lugar común actual nombra y propone", se señala en el informe.

El impacto del discurso y de la desfinanciación de políticas

Ramos señala que entre las principales preocupaciones que tienen sobre el futuro es que no se sabe cuál va a ser el verdadero impacto de "la guerra moral" que ha emprendido el presidente. "Creo que esa es una amenaza porque no sabemos cuánto va a socavar el sentido común de la sociedad", menciona.

Además, temen acerca del impacto negativo que de la desfinanciación de las políticas públicas sobre derechos sexuales y reproductivos. "Va a ser muy difícil de compensar. Las provincias podrán hacer lo suyo, pero la desigualdad va a crecer en la Argentina y eso es una preocupación. Las provincias pobres no van a poder suplir de la misma manera que venía haciéndolo el Gobierno nacional, asistiéndolas, por ejemplo, con la compra de insumos", indicó.

Y a eso le suma "cuán desmoralizante va a ser para los equipos de salud que siguen estando en los servicios dando respuesta a las personas la estigmatización que el Gobierno permanentemente hace de las personas comprometidas con estos derechos".

"Ojalá que no lleguemos a esos escenarios, pero podemos pensar que si uno restringe el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva por las razones que fueren, porque no hay insumos, porque los equipos se desmoralizan, etcétera, puede aumentar el embarazo no intencional en la adolescencia, pueden aumentar las muertes maternas por aborto que en la Argentina se redujeron drásticamente después de la legalización y puede aumentar el aborto inseguro, con lo que sabemos que implica para la vida y para la salud psíquica y física de las personas", concluyó.