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La anticoncepción en disputa, se intensifica la batalla contra los derechos reproductivos en EE.UU.

El retroceso en derechos reproductivos en Estados Unidos bajo la administración Trump se ha ampliado más allá de las prohibiciones al aborto para abrir una ofensiva política y legislativa que pone en cuestión el acceso a la anticoncepción, alimentada por discursos que buscan generar miedo y confusión y por recortes en la financiación de programas tanto dentro del país como en la ayuda internacional.

"No solamente están cortando fondos al aborto, sino también a anticonceptivos, salud materna y VIH", explica la directora de Género, Sexualidad e Identidad de Amnistía Internacional en Estados Unidos, Karla Gonzales-García, en una conversación con Efeminista.

Gonzales-García señala que "antes atacaban a una sola cosa, pero ahora lo hacen por todos lados" y alerta de que "la situación escala muy rápido", hasta el punto de que no le sorprendería que "algunos legisladores intentaran una prohibición total de los anticonceptivos".

Menos prescripciones en los estados con mayores restricciones al aborto

Actualmente, según la experta de Amnistía Internacional, 41 estados tienen algún tipo de restricción al aborto, de ellos, 12 lo prohíben completamente y otros 29 aplican vetos según las semanas de gestación. Solo nueve estados y el Distrito de Columbia carecen de límites.

Este mapa obliga a miles de mujeres a desplazarse cientos de kilómetros para interrumpir un embarazo. Pero también tiene un efecto menos visible, que es que el acceso a anticonceptivos cae con más fuerza precisamente en los estados más restrictivos.

El estudio Uso de anticonceptivos orales y de emergencia tras la decisión Dobbs del Tribunal Supremo de EE. UU., publicado en JAMA Network Open en junio de 2024, analizó unos 143 millones de prescripciones de píldoras anticonceptivas orales y más de 900.000 prescripciones de anticoncepción de emergencia dispensadas en farmacias de EE.UU. entre marzo de 2021 y octubre de 2023. A escala nacional, la tasa mensual de prescripciones de anticonceptivos orales cayó un 25,6 % en ese periodo.

El impacto fue mayor en los estados que, después de Dobbs, implantaron prohibiciones totales del aborto, donde se observó un descenso adicional del 4,1 % en las prescripciones de píldoras anticonceptivas orales en comparación con los estados que mantuvieron niveles de restricción intermedios.

Un 65 % menos de acceso a la anticoncepción de emergencia

En el caso de la anticoncepción de emergencia, la brecha fue aún más acusada. Los estados con vetos totales experimentaron un 65 % de disminución adicional en las prescripciones de píldoras de emergencia frente a los estados con restricciones moderadas.

Las autoras del estudio apuntan a dos factores principales: el cierre de clínicas de planificación familiar y la confusión sobre la legalidad de la anticoncepción de emergencia en los estados más restrictivos.

Una encuesta citada en el propio artículo señalaba que la mitad de las mujeres que viven en estados con vetos totales creía que el levonorgestrel, la conocida píldora del día después, era ilegal en su estado.

Intentos fallidos de blindar la anticoncepción

Desde 1965, la sentencia Griswold v. Connecticut reconoce el derecho constitucional a la anticoncepción dentro del derecho a la privacidad. Pero esa doctrina nunca se ha traducido en una ley federal específica que garantice el acceso a métodos anticonceptivos.

Tras la caída de Roe, el Congreso intentó llenar ese vacío con el Right to Contraception Act, un proyecto de ley para crear un derecho estatutario a obtener y usar anticonceptivos, incluidas píldoras, DIUs y preservativos, y proteger a los y las profesionales que los prescriben.

La Cámara de Representantes aprobó el texto en julio de 2022, pero los intentos de sacarlo adelante en el Senado fracasaron en 2022, 2023 y 2024. La última tentativa, en junio de 2024, fracasó al no alcanzarse los 60 votos necesarios para derrotar una obstrucción parlamentaria y hacer avanzar el proyecto de ley.

A nivel estatal, la respuesta ha sido desigual, pero varios territorios han blindado la anticoncepción tras Dobbs. Según datos del Instituto Guttmacher, once estados y el Distrito de Columbia cuentan ya con leyes que protegen explícitamente el derecho a obtener y usar métodos anticonceptivos: Colorado, Florida, Illinois, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington.

Además, California, Michigan, Ohio y Vermont han ido más allá al incluir la anticoncepción dentro de sus constituciones, enmarcándola en un derecho más amplio a la libertad reproductiva.

La ausencia de una ley federal robusta también deja margen a los estados para legislar restricciones más o menos encubiertas como límites a la financiación, trabas para menores o exigencias burocráticas que, en la práctica, dificultan el acceso.

El efecto de los recortes en Medicaid

En la vía administrativa y presupuestaria, la administración Trump ha impulsado cambios en los seguros médicos privados y en programas federales que afectan de lleno a la anticoncepción, especialmente entre las mujeres con menos recursos.

Gonzales-García explica que las modificaciones propuestas sobre la Affordable Care Act (ACA), la reforma sanitaria aprobada durante la administración Obama, podrían restringir de forma significativa el acceso a anticonceptivos y otros cuidados esenciales. "Si estos cambios suceden, evitarían o prohibirían el acceso al aborto y a otros cuidados reproductivos", advierte.

El debilitamiento de Medicaid, el seguro público para personas de bajos ingresos, es otro de los frentes abiertos. A nivel federal, una nueva ley aprobada por la administración Trump prohíbe que determinados proveedores sanitarios reciban reembolsos de Medicaid, una medida que afecta directamente a organizaciones que ofrecen servicios integrales de salud reproductiva, incluida la anticoncepción, como Planned Parenthood.

"Muchos estados han puesto prohibiciones al aborto en Medicaid. Y ahora están tratando incluso de eliminar servicios de salud reproductiva para que las personas no tengan acceso a atención médica", añade.

Aunque el foco suele centrarse en el aborto, los recortes a Medicaid golpean de lleno a la anticoncepción, ya que miles de mujeres dependen de este programa para acceder a píldoras anticonceptivas, dispositivos intrauterinos (DIU) o procedimientos quirúrgicos para la anticoncepción permanente como la ligadura de trompas.

Destrucción de anticonceptivos

El impacto de la nueva política se ha hecho visible de forma casi simbólica en un polígono industrial de la ciudad belga de Geel. Allí se almacenaban anticonceptivos y medicamentos adquiridos en su día por la Agencia de Ayuda Internacional norteamericana (USAID) y valorados en 10 millones de dólares, que estaban destinados a países de renta baja dentro de programas de cooperación internacional.

Tras meses de presiones y trámites con Naciones Unidas y con el Gobierno belga, la Administración Trump logró su propósito de destruir el cargamento, según confirmó The New York Times en septiembre.

Restricción en hospitales religiosos

Otra vía de restricción proviene de hospitales de afiliación religiosa, católicos en su mayoría, que rechazan procedimientos anticonceptivos o esterilizaciones incluso cuando son legales, explica la experta de Amnistía Internacional.

Gonzales-García relata recientes en Colorado donde "personas que, al dar a luz, quieren hacerse una ligadura de trompas… y los hospitales dicen: ‘No, es política católica’, o ‘Necesitamos la aprobación de tu esposo’, o simplemente: ‘No queremos hacer eso’".

El problema es que en muchos condados, estos centros son los únicos hospitales disponibles, por lo que la paciente no tiene donde ejercer su derecho legal al procedimiento.

"El impacto de todas estas prohibiciones recae sobre las mismas personas de siempre, quienes no tienen acceso, personas migrantes, de bajos recursos, comunidades sistemáticamente marginalizadas… Son las más afectadas", lamenta.

El intento de criminalizar la mifepristona y misoprostol

El endurecimiento del clima político también se refleja en los intentos de criminalizar medicamentos utilizados para el aborto temprano. El Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha abierto un nuevo frente al ordenar que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) reevalúe la seguridad de la mifepristona, la principal píldora abortiva, pese a que el organismo la aprobó en el año 2000 y a que décadas de uso clínico y estudios científicos avalan su seguridad.

Gonzales-García teme que esta revisión, impulsada bajo el argumento de supuestos "datos nuevos", forme parte de una estrategia más amplia para debilitar la regulación de medicamentos vinculados a la salud reproductiva.

"El argumento que utilizan para esta revisión es que esa píldora trae secuelas a las personas que utilizan, cuando estamos hablando de que científicamente eso no es lo que sucede", explica Gonzales-García.

El avance de estos discursos se produce en paralelo a iniciativas como la de Luisiana, que en 2024 aprobó catalogar dos píldoras abortivas, mifepristona y misoprostol, como "sustancias peligrosas". La ley prevé hasta cinco años de cárcel por posesión sin receta u orden médica válida.

A esta tendencia se suma la ofensiva legislativa en Texas, donde la Cámara estatal debate una ley que criminaliza la fabricación, el envío y la distribución de pastillas abortivas, incluso desde otros estados, y que ofrece recompensas de hasta 100.000 dólares a cualquier ciudadano que denuncie a proveedores o clínicas.

Aunque estas medidas se dirigen a los abortos medicados y no a los anticonceptivos, la experta advierte de que el discurso que las acompañan buscan deliberadamente difuminar la frontera entre aborto y anticoncepción, creando confusión social y un terreno propicio para futuras restricciones.