Suscríbete a nuestra newsletter "Sin permiso"

Amnistía Internacional denuncia la falta de inversión en salud y la violencia estructural en Paraguay

Amnistía Internacional (AI) advierte de que en 2024 la inversión para la salud pública en Paraguay fue "insuficiente" -apenas 4 % del PIB-, lo que provocó elevados costos para los pacientes, y expresa además su gran preocupación por los persistentes niveles de violencia contra mujeres y menores en el país.

En su informe anual 'La situación de los derechos humanos en el mundo', AI sostiene que el Gobierno paraguayo "asignó recursos insuficientes al sistema de salud pública", lo que "socavó el derecho a la salud", especialmente de los pueblos indígenas y las mujeres transgénero.

Esta situación "dejó a las familias con la responsabilidad de cubrir el 38,4 % de los costos totales de atención médica con sus propios recursos", que los describió como "uno de los gastos de bolsillo en salud más altos entre los países con niveles de desarrollo similares".

Feminicidios y abuso infantil

AI reporta que la inversión en salud pública en Paraguay se situó en el 4 % del PIB en 2024, por debajo del 6 % recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Para AI, en Paraguay "la violencia de género siguió siendo frecuente", y como ejemplo menciona los 31 feminicidios y 52 tentativas de ese delito reportados en 2024, frente al promedio de 37 feminicidios cada año ocurridos entre 2019 a 2023.

El informe resalta igualmente que "los derechos de los menores continuaron siendo violados" y menciona que el Ministerio Público de Paraguay registró en 2024 unas 3.524 denuncias de abuso sexual infantil y 1.679 denuncias de maltrato en menores y adolescentes.

Alto índice de embarazo adolescente

Los casos de embarazo adolescente siguen siendo "altos", alerta AI. También advierte, citando datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sobre los 8.578 nacimientos de adolescentes entre 15 y 19 años contabilizados en 2024.

En 2024 hubo 339 nacimientos de niñas de entre 10 y 14 años, de las cuales 82 eran indígenas.

En ese sentido, la organización ha señalado que "las niñas sobrevivientes de violación seguían viéndose obligadas a llevar a término sus embarazos debido a la prohibición casi total del aborto".

Amenaza a la libertad de expresión

El informe también destaca que en noviembre el presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó un proyecto de ley que busca controlar la financiación y las actividades de ONG nacionales y extranjeras, una norma que, según AI, está redactada "de forma vaga".

La propuesta aprobada "podría aumentar el control sobre las organizaciones de la sociedad civil y conducir a restricciones arbitrarias, incluida la suspensión de sus actividades", alerta AI.

De igual forma, revela que el Sindicato de Periodistas de Paraguay denunció que durante las deliberaciones de esa iniciativa parlamentaria periodistas y organizaciones que investigan el poder político fueron víctimas de "acoso y difamación a través de noticias falsas difundidas por senadores".

Desastres climáticos y demandas pendientes

El documento menciona que los desastres climáticos y ambientales "afectaron desproporcionadamente a los pueblos indígenas", como la escasez de agua potable en comunidades de la región del Chaco (oeste) y los incendios forestales en un parque en territorio ancestral del pueblo ayoreo.

Apunta también que siguen pendientes diez demandas relacionadas con el reconocimiento legal de los nombres de personas transgénero.