A pocos días de que finalice el plazo para sacar adelante la directiva europea sobre violencia machista, atravesada por el olvido a las migrantes y el riesgo de que acabe siendo un texto "descafeinado", las organizaciones de mujeres reclaman más voluntad política para llegar a un acuerdo 'in extremis' que permita blindar los derechos de las mujeres y protegerlas ante posibles cambios políticos.
"Tener una directiva a nivel europeo te protege de que haya cambios de gobierno o de tentativas de revertir la legislación a nivel nacional, pero además es un ejercicio de solidaridad con las mujeres que viven en países que no tienen la legislación que tenemos en España o que ni siquiera han ratificado el Convenio de Estambul", asegura a Efeminista la directora de Aspacia, Virginia Gil Portolés.
Actualmente los estados miembros de la Unión Europea no ofrecen la misma protección en los delitos de violencias contra las mujeres. Algunos como Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia tampoco han ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul.
Tras meses de intenso debate entre representantes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo, el texto corre el riesgo de quedarse en el cajón si no se alcanza un acuerdo antes de que se disuelva el parlamento y comience la carrera para las elecciones de junio 2024.
El 8 de marzo de 2022 la Comisión Europea presentó la propuesta de la primera directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica con el objetivo de tipificar como delitos la violación basada en la falta de consentimiento, la mutilación genital femenina y cuatro formas de ciberviolencia.
El texto establece estándares comunes de protección, prevención y criminalización de diferentes formas de violencia de género en los países de la UE, donde se calcula que afecta a una de cada tres mujeres, e incluye la violencia de género como eurodelito en el artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Desacuerdos en la directiva de la UE sobre violencia machista
Uno de los "puntos calientes" que tiene paralizado el documento es la propuesta de equiparar la tipificación del delito de violación basado en la falta de consentimiento, a lo que se niegan Francia y Alemania, entre otros países, explica Gil.
Otro aspecto que genera desacuerdo tiene que ver con el "reconocimiento de los servicios especializados en violencia hacia las mujeres". Gil explica que el último borrador abre la posibilidad de que la atención a las víctimas de violencia machista pueda provenir de cualquier servicio de atención a víctimas, no necesariamente especializado, con el peligro de que carezcan de la "sensibilidad y enfoque necesarios".
Ahora, añade, el riesgo es que la directiva no salga adelante por los desacuerdos o "sea un texto absolutamente descafeinado".
Y no duda en criticar que "ha sido una oportunidad perdida para la presidencia española" que finalizó el pasado 31 de diciembre de 2023 y que preveía en su programa avanzar en la propuesta de Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
"Y no queremos dejar de denunciar el hecho de haber dejado fuera a las mujeres migrantes", añade Gil.
Antonia Ávalos, integrante de Red Latinas y fundadora del colectivo Mujeres Supervivientes, se une al coro de voces que critican la exclusión de las mujeres migrantes de la legislación propuesta y denuncia la presencia de un lenguaje estigmatizante como el término "mujeres migrantes indocumentadas".
Como alternativa, aboga por un enfoque que destaque la situación administrativa o migratoria de estas mujeres, evitando etiquetas que puedan contribuir a su desprotección y limitar su acceso a la justicia.
Mujeres migrantes excluidas
"Es un texto hecho para mujeres europeas y que no considera que Europa es diversa y multicultural y que las mujeres migrantes formamos parte de este paisaje urbano y también sostenemos la economía europea", asevera Ávalos.
En este sentido, más de 60 organizaciones han firmado un manifiesto que recoge diversas demandas entre las que se incluyen garantizar servicios especializados, protección contra la discriminación en los tribunales de familia, respeto a la privacidad y protección de datos personales, y acceso a la protección y justicia, independientemente de la situación migratoria de las mujeres.
Además, hacen un llamado a la formación continua de profesionales con perspectiva de género y antirracista, así como a un sistema de seguimiento y evaluación para asegurar el cumplimiento efectivo de la Directiva.
"Vamos a insistir hasta el último suspiro para ser incluidas porque es la única manera de poder enfrentar esta violencia colonial estructural de la Unión Europea que afecta al derecho a la justicia y a la protección de las mujeres migrantes", asegura Ávalos, quien a pesar de que el tiempo es muy limitado, dice, no pierde "la esperanza".
