El Gobierno de Bolivia ha aprobado un decreto que permite la entrega de un bono mensual a menores en situación de orfandad como consecuencia de feminicidios, además de darles prioridad en el acceso a servicios de salud y al sistema educativo.
Según ha informado el vocero presidencial José Luis Gálvez, el decreto reglamenta una ley que se promulgó en 2025 y que establecía la entrega de un bono económico mensual equivalente al 20 % del salario mínimo nacional. En la actualidad, el salario mínimo es de 3.300 bolivianos (275 dólares), por lo que el bono anunciado equivaldría a unos 660 bolivianos (55 dólares). Además, los menores de 5 años recibirán un paquete alimentario equivalente al 20 % del subsidio de lactancia que reciben las madres trabajadoras o esposas de afiliados a una entidad de salud.
"Hay un flagelo que tenemos en Bolivia y tiene que ver con el feminicidio, con la violencia intrafamiliar por las razones que sean y lamentablemente los que más sufren en todo esto son los hijos y quedan desprotegidos", ha manifestado Gálvez. La norma establece también el acceso "prioritario" al servicio de salud, el acceso "inmediato" al sistema educativo y que las personas beneficiarias se favorecerán con becas a colegios y universidades.
Para que la entrega de los bonos sea transparente, el Gobierno habilitará un registro para que anotarse de manera oficial. La ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos huérfanos víctimas de feminicidio y otros delitos contra la vida, que rige desde noviembre, requiere este reglamento para su aplicación plena.
Los feminicidios en el país
La Fiscalía boliviana ha informado que entre el 1 de enero y el 6 de octubre de este año, se han registrado 66 feminicidios en Bolivia. Por su parte, una estimación del Ministerio de la Presidencia señala que hasta diciembre de 2025 habría unos 961 niñas y niños huérfanos por feminicidio en el país.
El feminicidio fue introducido como delito en la legislación boliviana mediante la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348-, vigente desde 2013. La norma castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima en las leyes de Bolivia.
Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos casos y alertan de una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores que buscan que se anule la Ley 348.
