La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha llamado a nueve antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a reconocer torturas, ejecuciones y otras violencias contra niños y niñas reclutados por esa guerrilla, entre ellas la anticoncepción y los abortos forzados.
"Estos niños y niñas no tenían una posibilidad real de controvertir las órdenes, de cuestionarlas ni de rechazarlas. La disciplina se extendía a sus actividades cotidianas, a sus relaciones personales, a las tareas, a los entrenamientos e incluso a su participación en operaciones militares", ha explicado la magistrada Lily Rueda durante una conferencia de prensa en Bogotá.
La JEP ha identificado dos patrones de violencia: los malos tratos, torturas, condenas y ejecuciones sin garantías, y las violencias reproductivas ejercidas contra las niñas que permanecieron en las filas de la antigua guerrilla.
Las decisiones atribuyen máxima responsabilidad regional a Rodolfo Restrepo, Fabián Ramírez, Floresmiro Burbano, Darío Lee, Ángel Alberto García, Luis Óscar Úsuga, Jesús Mario Arenas, Édgar López y Abelardo Caicedo, por haber tenido un papel esencial en el control y la implementación de esas prácticas en sus respectivos territorios.
La JEP ha establecido que estos niños y niñas experimentaron un "entorno de coacción permanente", caracterizado por la vigilancia constante, la obediencia impuesta, la prohibición de abandonar las filas y las profundas diferencias de poder entre comandantes y guerrilleros rasos.
Castigos por comer sin permiso o negarse a torturar
En el patrón de malos tratos, torturas y ejecuciones, la jurisdicción ha documentado 104 víctimas sometidas a tortura, 28 a tratos crueles y 208 víctimas de condenas y ejecuciones sin juicio previo o sin las garantías indispensables.
La magistrada Rueda ha detallado que 214 víctimas relataron malos tratos en las actividades cotidianas, como transportar leña, abrir trincheras, cocinar, hacer labores de aseo o prestar guardia durante jornadas extenuantes, pero también acciones como intentar comunicarse con la familia, comer un chocolate sin permiso o negarse a torturar.
Otras 68 víctimas describieron los abusos durante los entrenamientos militares, en los que eran obligadas a cargar armamento pesado, realizar largas caminatas y manipular explosivos y minas antipersonal sin la preparación necesaria.
Además, 81 contaron que fueron llevadas a operaciones militares y expuestas al fuego enemigo, incluso sin experiencia suficiente para afrontar los combates.
Por otro lado, al menos 156 mujeres reportaron haber sido sometidas a la anticoncepción forzada y 91 denunciaron abortos forzados.
Las sanciones incluían trabajos obligados, aislamiento, castigos físicos, humillaciones y fusilamientos. Según Rueda, los procedimientos disciplinarios y los llamados consejos revolucionarios de guerra no respetaron garantías básicas como el derecho de defensa, la legalidad o la independencia.
Nueve llamados a reconocer responsabilidad
De los nueve antiguos integrantes llamados ahora a reconocer responsabilidad, ocho ya habían sido llamados por la JEP en abril pasado por su presunta responsabilidad regional en el reclutamiento y utilización de menores.
Los comparecientes tienen treinta días para responder a los señalamientos. Si no reconocen responsabilidad, sus procesos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación y, en caso de ser acusados y condenados en juicio, podrían recibir penas de hasta veinte años de prisión.
Entre 1971 y 2016 las antiguas FARC reclutaron al menos a 18.677 menores. El Caso 07 cuenta con 11.319 víctimas acreditadas individual y colectivamente y acompaña la búsqueda de 533 niños y niñas reclutadas que permanecen desaparecidas.