Trabas judiciales, medicina privada y grupos provida: los obstáculos del aborto en Argentina

El aborto voluntario es ley en Argentina desde hace casi tres meses y, aunque la práctica avanza incluso en las provincias más reacias, los obstáculos judiciales, el servicio de salud privado y la presión de grupos provida frenan su progreso. 

“La ley fue un punto de llegada”, cuenta Valeria Isla, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, respecto de la norma que entró en vigor el pasado 24 de enero.

“Pero también es un punto de partida, hay otra subjetividad, otros mundos, por eso la construcción de la política pública” para que las personas puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), explica a Efe.

Esa política pública incluye la distribución regular de la medicación para realizar la intervención, fortalecer a los equipos de profesionales y trabajadores sociales, acompañar a las mujeres cuando llaman a la línea de atención y trabajar a nivel institucional y político para resolver los obstáculos judiciales.

Argentina no parte de cero porque la IVE hasta la semana 14 de gestación se basa en un sistema que permitía desde 1921 la interrupción legal del embarazo (ILE) por causas de salud y por violación.

Desde la cartera de Salud todavía no se ha podido establecer cuántas interrupciones voluntarias de embarazos se realizan, pero sí ha registrado un aumento de más del 50 % en las llamadas a la línea de atención telefónica tras la sanción de la ley, por lo que se ha decidido fortalecer el servicio “saturado” agregando un correo electrónico.

Más misoprostol

Un factor que muestra el avance de la práctica es la distribución de su tratamiento: el Estado argentino ha comprado 90.000 fármacos de misoprostol este año frente a los 34.000 adquiridos en 2020 -de los que se distribuyeron 18.000- y los 2.000 en 2019.

“Está probado que la disponibilidad del tratamiento de forma sostenida en los centros de salud que realizan la práctica genera condiciones para brindar acceso de forma más rápida, más segura y como un respaldo a los equipos de salud”, dice Isla.

El obstáculo más fuerte

Hay tres niveles de obstáculos todavía para garantizar el aborto voluntario, señala Isla.

“Uno es el nivel político e institucional”, porque hay provincias “donde hay una estrategia de embate, de restricción de derechos, que es judicial”, explica Isla.

“Estamos respondiendo desde el día que entró en vigencia la ley”, agrega, ya que un equipo de abogados lleva adelante una “estrategia política e institucional del gobierno para responder y argumentar la defensa y el sostenimiento de esta ley”.

Pese a que hay jurisdicciones “más difíciles”, Isla afirma que “en todas las provincias está vigente” la ley, después de que en Chaco (noreste) hubiera una presentación judicial que interrumpió la ILE pero se logró revertir y que en San Luis (centro) se hizo una presentación en un juzgado que no correspondía.

Cantidad de servicios

Otro obstáculo es la cantidad de servicios que prestan la práctica o la capacidad técnica para garantizarla.

La base para acceder a la intervención es la red de servicios que brindaban la ILE: en diciembre de 2020 el país ha contado con unos 600 servicios distribuidos irregularmente entre las provincias y unos 200 servicios que ofrecen consejería.

Y pese a que la nueva ley marca que ante la objeción de conciencia, se debe garantizar la derivación de la paciente, en la práctica, en la línea telefónica se reciben quejas porque algunos prestadores privados -las sindicales y mutuas privadas- no garantizan esta intervención.

“Es la historia de la construcción del acceso a la ILE y ahora en la IVE”, dice Isla, aunque no observa mayor resistencia.

Y aclara que si una persona llama a la línea telefónica porque su servicio médico no le garantiza la práctica del aborto, la prioridad de Salud es trabajar para el acceso de la mujer a la prestación y luego en las acciones de derecho administrativo y a nivel político e institucional para eliminar el obstáculo.

Movimientos provida

El tercer obstáculo tiene que ver con las acciones de las organizaciones de la sociedad civil contrarias al aborto.

“Hay provincias donde tienen una militancia muy activa, hostigan a los servicios, hostigan a las usuarias”, narra Isla, además de la estrategia judicial, donde observa coordinación con otros lugares de América Latina.

Isla valora el compromiso de la red de profesionales: “Hay sectores judiciales o autoridades más políticas que generan obstáculos, pero hay una potencia enorme de los equipos, no sin desgaste, por eso estamos atentos para tratar de apoyar en todo lo que podamos”.