El Observatorio de Violencia de Género (CGPJ) pide ampliar las competencias de los juzgados

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha destacado la necesidad de “ampliar la competencia” de los órganos judiciales especializados en violencia contra la mujer a “todos los casos de delitos contra la libertad sexual”.

El Observatorio apuesta además por “seguir insistiendo en la especialización” de todos los miembros de la carrera judicial. Para que “todas las víctimas de la violencia machista sean atendidas por profesionales especializados”, ha explicado en una nota.

La presidenta, Ángeles Carmona, ha pedido que los cursos en materia de violencia de género sean obligatorios. Tanto para quienes accedan a los juzgados de violencia sobre la mujer, como para los que presten servicio en otro órgano judicial que tenga competencia en esta materia, aunque no sea de forma exclusiva.

Por otro lado, el Observatorio ha acordado que la asistencia jurídica a las víctimas sea obligatoria antes de la interposición formal de la denuncia y que se facilite la presencia de estos profesionales desde que se inicia el procedimiento en el juzgado de guardia.

Asimismo, ha anunciado la creación de Unidades de Valoración Forense Integral en todo el territorio nacional, que estarán formadas por forenses, psicólogos y trabajadores sociales especializados, y que impulsarán un “protocolo de valoración forense urgente del riesgo”.

Dispositivos electrónicos de seguimiento

Otro de los objetivos que se ha marcado el Observatorio es impulsar el uso de los dispositivos electrónicos de seguimiento de agresores. Una herramienta que, en sus palabras, “se ha mostrado muy eficaz en la protección de las mujeres”.

Es por esto que se propone a la Fiscalía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que propongan la implantación de dichos dispositivos en todas las situaciones que se consideren de “especial relevancia”.

Además, durante la reunión se ha destacado la “importancia de perfeccionar el sistema de valoración del riesgo” en los casos de agresores reincidentes. En la línea de lo que hace unas semanas propuso el Ministerio del Interior.

Cumplir el Pacto de Estado

Carmona ha abogado por “desarrollar en su integridad” las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017. Como por ejemplo la obligatoriedad de que las denuncias y partes de lesiones recibidos en sede judicial sean remitidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para su incorporación a VioGén.

También la modificación del artículo 468 del Código Penal para que prevea como penas accesorias la prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima. Algo que permitiría a los jueces imponer medidas de alejamiento y prohibición de la comunicación cuando el agresor quebrante las medidas de protección acordadas.

Durante la reunión se ha abordado también la necesidad de adaptar al Convenio de Estambul la definición que la Ley 1/2004 hace de la violencia de género. Y, en este sentido, considerar como tal todas las agresiones cometidas contra la mujer por el hecho de ser mujer, sin limitarlas a las que se producen en el ámbito de la pareja o ex pareja.