La múltiple discriminación de 14 mujeres encarceladas en El Salvador por abortar

Cuando Sara tenía 22 años, en 2012, sufrió una fuerte caída en el lavadero de su casa que le provocó la pérdida de su bebé, un accidente que hizo que la arrestasen y condenasen a treinta años de prisión por homicidio agravado. Ella es una de las catorce mujeres que permanecen encarceladas en El Salvador tras sufrir una emergencia obstétrica y que han sido víctimas de una múltiple discriminación que ha impedido, incluso, su puesta en libertad, tras habérseles negado hasta el momento el hábeas corpus que se les concedió el pasado julio.

El caso de estas mujeres ha llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha escuchado las denuncias que varias organizaciones han realizado sobre su detención arbitraria y sobre la inacción de la justicia salvadoreña frente a un hábeas corpus -procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad del arresto- que les fue concedido en julio por la Sala de lo Constitucional de El Salvador. Esta resolución no se había hecho pública hasta ahora. 

"Si esta decisión se hubiese cumplido en los plazos determinados, ellas ya estarían de vuelta en sus casas, con sus familias, terminando de una vez por todas con esta injusticia y con la ruptura que esta política criminal ha causado en sus vidas. Han sido víctimas de un entramado de violencia institucional y discriminación por parte del sistema de salud y el judicial", señala a Efeminista Carmen Martínez, gerente regional del Centro de Derechos Reproductivos.

El Salvador tiene una de las legislaciones de aborto más restrictivas del mundo. En 1998, el Legislativo aprobó un Código Penal que eliminaba las causales en las que se encontraba despenalizado hasta ese momento: en caso de riesgo para la vida de la mujer, en casos de violación o estupro, y en casos de graves malformaciones en el feto.

Esto ha provocado que miles de mujeres hayan tenido que abortar de forma clandestina y que algunas de ellas hayan tenido que ir a la cárcel tras intentar acceder al sistema de salud o pedir ayuda a algún familiar o vecino por sufrir una emergencia obstétrica.

Múltiple discriminación para las catorce

Tras ser criminalizadas en sus casas, barrios o centros médicos, estas mujeres se han enfrentado a un sistema judicial machista que no les brinda las debidas garantías del proceso.

"Las acusaciones de la Fiscalía están llenas de estereotipos y juicios de valor, con graves faltas y violaciones a principios esenciales del derecho, como el debido proceso y la presunción de inocencia. Esta situación es sistemática y perjudica principalmente a las mujeres en situación de pobreza que viven en zonas rurales apartadas y que no tienen acceso a salud y a educación", dijo Elida Caballero, representante de Women's Equality Center ante la CIDH.

Durante el proceso judicial las mujeres tampoco han podido acceder a una defensa adecuada, pues se les impide conocer a los defensores públicos que se les asigna y se los cambian entre una y cinco veces el mismo día de la audiencia.

Carmen Martínez señala que estas catorce mujeres no han sido ni siquiera condenadas por aborto, cuya pena está entre 2 y 8 años, pues en los juicios se logra comprobar que nunca se lo indujeron y que lo que han sufrido son partos extra hospitalarios, preeclampsia, eclampsia o abortos espontáneos. En lugar de eso se las condena por homicidio agravado o tentativa, cuyas penas van entre los 15 y los 50 años. 

"Es un ensañamiento en contra de estas mujeres simplemente por intentar acceder a servicios de salud reproductiva. Pero además porque hay una gran violencia de género en este sistema que las criminaliza por supuestamente acabar con una vida, cuando la mayoría de ellas llegó al sistema de salud con graves hemorragias. Las declaran culpables y la violencia institucional las persigue hasta en la cárcel", indica Martínez.

Cinco meses sin respuesta sobre su libertad

Con la llegada de la COVID-19, las organizaciones que defienden a estas mujeres interpusieron un recurso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para que revisara sus detenciones y pudieran salir bajo una medida alternativa.

"Múltiples organismos de Derechos Humanos habían emitido resoluciones a favor de descongestionar el sistema carcelario para evitar los contagios y las muertes. Ellas cumplían los requisitos para obtener su libertad", explica Martínez.

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los centros carcelarios de mujeres en El Salvador han registrado en 2019 un hacinamiento de un 130 %.

La Sala emitió medidas cautelares específicas que exigen la revisión inmediata de la detención de todas las mujeres beneficiarias por parte de los tribunales que controlan esa privación. Además, enfatizó en la necesidad de liberar a aquellas que son madres y a quienes están privadas de su libertad de manera preventiva.

Sin embargo, pese a que la decisión fue tomada el pasado 8 de julio, el proceso ha tardado demasiado, lo que ha aumentado gravemente el riesgo para la vida y la salud de estas mujeres. "Hasta ahora no sabemos cuál es el avance en la ejecución de esta decisión", afirma Martínez.

Durante su estancia en la cárcel, a ellas se las ha estigmatizado por estar condenadas por homicidio y no han podido tener contacto ni con sus familias ni con sus defensoras. Además, asegura Martínez, tampoco han recibido kits de higiene como medida de bioseguridad.

Ahora El Salvador deberá enviar a la CIDH los expedientes de estas mujeres y explicar cuáles han sido los avances en el estudio de sus procesos y la verificación de sus perfiles para que se les conceda la libertad.