Mujeres de Guatemala denuncian que el 79 % de los hogares indígenas vive en la pobreza

Organizaciones de mujeres indígenas de Guatemala denuncian que, en un país con más de 7 millones de pobladores indígenas, el 79,2% de los hogares vive en condiciones de pobreza, especialmente en las áreas rurales. Con el ánimo de revertir esta situación, las organizaciones han presentado una serie de recomendaciones al Estado para garantizar el respeto de los derechos humanos.

“La discriminación racial persiste por la ausencia de voluntad política del Estado de Guatemala”, ha informado el Movimiento de Mujeres Indígenas T ́zununija’.

Este movimiento, conformado por 85 organizaciones de mujeres, ha publicado un informe sobre la situación de las mujeres indígenas en Guatemala en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Acuerdos incumplidos

La organización ha señalado que Guatemala no está alcanzando los compromisos en materia de derechos de mujeres indígenas pactados durante la firma de acuerdos de paz en 1996.

“El racismo que aún enfrentamos es estructural y atraviesa toda la institucionalidad del Estado”, recoge el informe y asegura que a pesar de que en el pasado varios gobiernos aprobaron normativas para acordar la brecha de desigualdad, estos no son aplicados.

Por ejemplo, en 2014, el Gobierno del entonces presidente Otto Pérez Molina aprobó la “Política pública para la convivencia y la eliminación del racismo y la discriminación racial”. Política que, las organizaciones de mujeres indígenas han asegurado que aunque era funcional, quedó estancada, por lo que recomiendan que no se administre por la presidencia, sino que por algún ente ministerial capacitado.

Defensoras y activistas criminalizadas

Por otro lado, el Movimiento de Mujeres Indígenas T ́zununija’ ha denunciado que entre 2019 y 2021 se registró la detención de 28 defensoras y activistas de derechos humanos de origen indígena en Guatemala.

“No existen medidas de protección individuales o colectivas culturalmente adecuadas para pueblos o personas indígenas en situaciones de riesgo”, indica el informe.

Durante este año, han enviado a juicio a la activista maya Nanci Sinto por supuestamente realizar pintadas en el edificio del Congreso de Guatemala durante una manifestación en el 2020. Y el julio pasado, sentenciaron a dos años de presión conmutables por delito de usurpación agravada a María Choc, opositora de una minera de níquel en un pueblo maya del caribe guatemalteco.

Por todo ello, el informe recomienda al Estado reconocer el papel de las mujeres defensoras a nivel comunitario y diseñar una política pública para defensoras de derechos humanos.