Fiscales protección víctimas

Concentración de la Red Feminista de Gran Canaria para condenar el asesinato machista de Hayate, de 46 años, en Adeje (Tenerife), presuntamente a manos de su expareja, en un ataque en el que también resultó herido uno de sus cuatro hijos menores al intentar ayudarla. EFE/Ángel Medina G.

Fiscales de España pedirán protección para víctimas de maltrato aunque ellas no quieran

EFE | Madrid - 12 enero, 2023

Los fiscales en los casos de violencia de género pedirán medidas de protección para reducir el riesgo para las mujeres y sus hijos, aunque las víctimas no las soliciten, y la instalación de dispositivos telemáticos en situaciones de riesgo extremo, alto o medio de especial relevancia si no se ha solicitado prisión.

Son algunas de las instrucciones que ha remitido la fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, a los fiscales delegados de Violencia de género de toda España para coordinar actuaciones destinadas a mejorar la protección de las víctimas.

En el escrito, Peramato reclama a los fiscales que intervienen en las guardias de violencia de género «intensificar la actuación proactiva» de cara a la protección de las víctimas, solicitando cuando proceda, y aunque ellas no lo interesen, las medidas cautelares que sean necesarias para evitar en la medida de lo posible el riesgo de reiteración de conductas violentas y de feminicidio.

Fiscales pedirán protección para víctimas de maltrato

Así, tras valorar toda la información de los registros policiales (VioGén), de Justicia (Siraj) y otros, los fiscales deberán solicitar las diligencias que se precisen para determinar el riesgo con mayor exactitud, en concreto, la valoración forense del mismo.

Recuerda que, para analizar la posibilidad de pedir prisión preventiva, se debe tener en cuenta la prueba «que sea necesaria y trascendental y que pueda practicarse en el plazo de las 72 horas».

Y en aquellas situaciones en las que no se pida prisión, pero exista riesgo «Extremo», «Alto» o «Medio de especial relevancia» el Ministerio Público reclamará el dispositivo telemático de detección de la proximidad.

Del mismo modo, si en el curso de la tramitación del procedimiento se agravara la situación de riesgo de la víctima y no se hubiera acordado la prisión provisional se solicitará también la instalación del dispositivo.

Cuando así proceda, cuidarán de que esta petición se lleve al escrito de acusación provisional o al elevar las conclusiones a definitivas a fin de controlar con el dispositivo el cumplimiento de la pena de prohibición de aproximación para el caso de que se dicte sentencia condenatoria, señala el escrito.

La fiscal de Sala pide además a los fiscales que le informen en el plazo de un mes sobre las ventajas de la comarcalización en las provincias y áreas de extender la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a varios partidos judiciales.

En una entrevista con la Cadena Ser, la fiscal Peramato ha precisado que las instrucciones que ha dado son un recordatorio. «No es que no lo hiciéramos antes, lo hemos hecho toda la vida. Yo he sido fiscal de violencia de género en Madrid de 2005 al 2010 y hemos pedido órdenes de protección aunque no lo pidiera la víctima toda la vida».

«Lo que estamos intentando hacer con este oficio es unificar criterios porque las plantillas se mueven mucho, porque en las guardias intervienen no solo los fiscales de la red de especialistas, también otros y hay que continuamente recordar los criterios que sostiene la unidad coordinadora para que se implanten», ha aclarado.

Denuncias previas a feminicidios

La fiscal de Sala explica que en el 42,85 % de los feminicidios ocurridos de 1 de enero a 31 de diciembre de 2022 había denuncias previas y solo en 6 ocasiones se acordó la orden de protección y en otras 4 ocasiones se había dictado sentencia condenatoria (en dos ocasiones estaba vigente la prohibición de aproximación).

Según los datos del CGPJ del tercer trimestre de 2022, la proporción de solicitudes de órdenes de protección en relación con el número de denuncias es del 20 % (10.302 solicitudes frente a 49.479 denuncias) y las acordadas fueron el 66,7 % de las solicitadas (6.873), por lo que en relación al total de denuncias interpuestas solo se acordó protección en un 13,9 % de los supuestos denunciados.

«Son datos que, a simple vista, alertan de la escasa protección penal que se dispensa durante la tramitación de los procedimientos por violencia de género», asevera Teresa Peramato.