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Miembros del ejército de Colombia. EFE/ Ernesto Guzman Jr

Colombia intensifica la prevención de violencia sexual en el ejército

EFE | Bogotá - 11 agosto, 2020

Tras las acusaciones por agresión sexual contra miembros del Ejército que han escandalizado al país durante las últimas semanas, el Gobierno colombiano ha decidido crear una mesa de trabajo con el objetivo de terminar con la violencia sexual de miembros de las Fuerzas Armadas contra mujeres y niñas.

La decisión se tomó en una reunión convocada por la Vicepresidencia con los altos mandos de las Fuerzas Armadas para trazar una hoja de ruta para evaluar medidas que permitan proteger la vida de las mujeres y menores de edad del país y prevenir ataques de tipo sexual por parte de uniformados hacia ellas.

«Se acordó la instalación de una mesa de trabajo para complementar la labor de todas las instituciones en la promoción de la mujer colombiana, sus derechos y garantías y la protección contra todo abuso, acoso o discriminación», dijo al terminar el encuentro la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

En la reunión participaron el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; los comandantes de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro; del Ejército, general Eduardo Zapateiro; la Armada, almirante Evelio Ramírez; la Fuerza Aérea, general Ramsés Rueda; y el director de la Policía, general Óscar Atehortúa.

En un carta enviada por la vicepresidenta a los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía un día antes de la reunión, Ramírez lamentaba que en Colombia «ha habido tolerancia social con todas las violencias contra las mujeres, pero eso tiene que cambiar».

«La garantía de la vida e integridad de las mujeres debe convertirse en un valor de la sociedad colombiana y son precisamente las fuerzas del Estado las encargadas de proteger, preservar y promover siempre su integridad, seguridad y dignidad«, añadía la vicepresidenta en el escrito.

Pedagogía y promoción de mujeres militares

El equipo trabajará en la pedagogía que se debe desarrollar «de manera permanente» para evitar estos delitos, como «fortalecer los mecanismos de incorporación de los soldados que prestan el servicio militar con mejores pruebas psicológicas», agregó la vicepresidenta.

El grupo de trabajo estará conformado por la Vicepresidencia, el Ministerio de Defensa, representantes de cada una de las Fuerzas Militares y de la Policía, del despacho de la primera dama, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de las consejerías presidenciales para mujeres y menores de edad, así como expertos forenses y en psicología.

Además, las instituciones que integrarán esta estrategia deberán entregar en treinta días los resultados de las medidas acordadas.

«Dicha mesa tendrá como objetivo fortalecer la equidad y el desarrollo de las mujeres militares y de policía, y estimular su promoción y la vinculación de nuevas mujeres para que la sociedad colombiana se beneficie de su liderazgo y excelencia«, explicó Ramírez.

Antecedentes de violencia sexual

Esta decisión es una respuesta a las recientes acusaciones contra miembros del Ejército por violencia sexual, como la violación de una niña de 12 años del pueblo indígena embera-chamí por siete militares del Batallón de Artillería San Mateo en el departamento de Risaralda (centro).

En medio de ese escándalo también se conoció que dos soldados presuntamente secuestraron y violaron a una niña de 15 años de la tribu nómada nukak makú en septiembre del año pasado en el selvático departamento del Guaviare.

Además, la Armada de Colombia informó el pasado 9 de julio que un grupo de infantes de Marina es investigado por la Fiscalía por un posible caso de abuso sexual contra una mujer en el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador.

«Esta es la reafirmación del compromiso del Gobierno del presidente Iván Duque de acabar en nuestro país con cualquier tipo de violencia contra la mujer«, agregó Ramírez.

Polémica en las fuerzas públicas

Las denuncias conocidas en el último mes avivaron un antiguo debate sobre la participación y responsabilidad de miembros de la fuerza pública en casos de delitos sexuales.

La polémica llevó a que el comandante del Ejército, mayor general Eduardo Zapateiro, divulgara el mes pasado que 118 miembros de esa institución han sido investigados desde 2016 por presuntos abusos sexuales a menores de edad.

Por su parte, la Procuraduría colombiana (Ministerio Público) pidió a las Fuerzas Militares y a la Policía que le entreguen «a la mayor brevedad» un informe sobre todos las investigaciones por abusos o violencia sexual que comprometen a miembros de esas instituciones.